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Las auditorías que anunció el gobierno a las empresas y a los medios de comunicación social en Nicaragua representan una forma de presión al sector privado, dijo este miércoles el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

“El gobierno tiene años de estar haciendo auditorias, eso no es nada nuevo, las auditorías han sido uno de los mecanismos que ha utilizado siempre para poder presionar a las empresas”, mencionó Aguerri.

En el llamado Programa de Trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para consolidar Estabilidad y Paz en Nicaragua, divulgado este miércoles, se plantea en el punto 7 el tema de las auditorías.

“De conformidad con la Ley Tributaria, proceder a hacer las auditorías pertinentes, como corresponde, con todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materias primas exoneradas, incluyendo las de los medios de comunicación social”, anunció el gobierno.

El presidente del Cosep criticó esa medida.

Aguerri consideró que “más que andar buscando herramientas o acciones que pretendan cómo presionar a las empresas, lo que el gobierno tiene que buscar, lo que tiene que ponerse el gobierno como objetivo final, es que la negociación realmente tenga éxito y que tengamos un acuerdo político que permita, entonces, volver a reactivar y darle esperanza al país”.

El comunicado

En su comunicado, el gobierno se comprometió a liberar a todos los manifestantes antes del 18 de junio, un beneficio que también dará a quienes tengan un juicio abierto y a los excarcelados que están en sus casas bajo régimen de convivencia familiar o en arresto domiciliar.

También dice que continuará con “la OEA el proceso de fortalecimiento institucional electoral que consiste en: A) Propuesta de Reformas Electorales, B) Apoyo Técnico al Consejo Supremo Electoral, C) Implementación de Recomendaciones Técnicas al Consejo Supremo Electoral, para las futuras Elecciones Generales del 2021, en el marco de la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico del país”.

La Alianza pidió hoy sumarse al paro nacional / Archivo El 27 de marzo el gobierno se comprometió a libera a 232 manifestantes que están en una lista conciliada con la Alianza Cívica, mientras que el 29 de marzo también firmó un convenio de restitución de las garantías y derechos ciudadanos relacionados con la manifestaciones pacíficas en las calles y a la plena libertad de expresión.

La Alianza Cívica ha demandado al gobierno cumplir con el acuerdo.