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La Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional (EAAI) comunicó este jueves a la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) la cancelación de la tarifa por inspección de seguridad aeroportuaria de la carga.

“Por este medio, se les informa que la aplicación de la tarifa por inspección de seguridad aeroportuaria de la carga, queda suspendida a partir de la fecha. Cabe mencionar que si bien se había informado que el cobro por esta tarifa sería aplicado a partir del 25 de abril del 2019, la misma no se llevó a efecto (nunca se cobró)”, menciona la misiva firmada por la gerente administrativa comercial de la EAAI, Flavia Mendoza.

El 24 de abril último, el Gobierno había informado a los exportadores que les iba a cobrar cinco centavos de dólar por cada kilogramo importado o exportado por la vía aérea, a partir del 25 de abril por inspección de seguridad aeroportuaria de carga.

En ese momento, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic) y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) denunciaron que se trataba de un cobro “arbitrario” y que afectaría “aún más la competitividad del sector exportador y empresarial”.

Los empresarios afirmaron que el servicio de inspección de seguridad aeroportuaria de carga lo pagan desde hace tiempo a la Dirección General de Servicios Aduaneros. 

Además, las organizaciones gremiales, lideradas por el Cosep aseveraron que esa nueva tarifa dejaría al borde del cierre a algunas empresas del sector exportador, como la española Agro España Nicaragua (Agroesnica), que anunció que estaba estudiando irse del país; podría dejar en el desempleo a miles de personas y provocaría hasta US$50 millones de pérdidas en las ventas al exterior.

En lo que va del año, el Gobierno de Nicaragua ha tomado una serie de medidas económicas que han sido rechazadas por el sector privado del país, como la reforma al seguro social, que entró en vigencia en enero; la reforma tributaria, que entró en vigencia en febrero; ese cobro que canceló este jueves, entre otros.