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 El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señaló seis consecuencias negativas de la reforma fiscal que está golpeando fuerte al sector productivo y a la población, causando, por ejemplo, un estancamiento de la industria porque al encarecerse los productos, la población disminuye su consumo y las empresas producen menos y eso afecta el empleo.

Desde la semana pasada, el Gobierno realiza un proceso de revisión y evaluación de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, pero solo ha invitado a una de las 27 cámaras y asociaciones empresariales que conforman el Cosep.

El sector privado considera que con esta reforma ha habido un “deterioro del nivel de vida de la población” porque “para todos es más caro hoy comprar cualquier tipo de productos y eso solo profundiza la crisis”, afirmó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

Agregó que la aprobación de esta reforma en febrero pasado obedeció a una medida de “subsistencia” del Gobierno, ante la drástica caída de los ingresos tributarios y el cambio de las reglas del juego ha causado “inseguridad jurídica”.

José Adán Aguerri, presidente del Cospe. Archivo/END

Golpe al empleo

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), explicó que la reforma tal y como fue aprobada no es “sostenible en el tiempo”.

“En el caso del sector industrial hemos tenido reportes que ha habido una reducción del empleo entre un 30% a 35% a raíz de esto de la reforma. Está habiendo una afectación en la parte de la seguridad alimentaria, por la eliminación de la exención del IVA a ciertos servicios agrícolas y eso aumenta la parte de costos”, afirmó.

Maltez confirmó que Cadin no fue invitada a participar en la consulta de la reforma, a pesar de representar a uno de los sectores más importantes en la economía del país.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), Guillermo Jacoby, coincidió con los otros representantes gremiales en que “la economía no se va a recuperar poniéndosele impuestos a la inversión privada, porque ¿quién va a invertir?”.

Además, la reforma aumentó considerablemente los costos de producción. “Este tipo de medidas son contraproducentes, porque no son sostenibles en el tiempo”, señaló Jacoby.

“Esta decisión que tiene un alto costo para el país, tiene un alto costo para la población, el empleo y un altísimo costo para el futuro”, puntualizó Aguerri.

Estas medidas económicas del Gobierno, según Aguerri, han provocado la descapitalización acelerada de las empresas, como consecuencia del aumento del pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta (IR) que cambió de 1% a 2% para los principales contribuyentes y de 1% a 3% a los grandes contribuyentes.

El presidente del Cosep dijo este miércoles que el Gobierno extendió el plazo para continuar esta semana el proceso de evaluación integral de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria y señaló que el sector empresarial no fue convocado.

Se conoció que representantes de los sectores panificación y farmacéutico llegaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se realiza la evaluación de la reforma fiscal.

“La reforma nos pega a todos y en especial a los más pequeños, esto ha producido que se reduzca la capacidad de los pequeños productores (…) Hemos visto reducida el área que se ha sembrado”, señaló Aguerri.

Afirmó que esas medidas han afectado la liquidez de las empresas, obligándolas en algunos casos a cerrar.

La reforma tributaria entró en vigencia el pasado 28 de febrero. Archivo/END

La política fiscal también ha restado competitividad al sector de la agroindustria, debido al encarecimiento de la materia prima que se usa en los procesos productivos, comentó Aguerri.

Por el lado del sector agropecuario, el nuevo régimen de exenciones y exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) afecta particularmente los costos de producción de los pequeños agricultores y ganaderos.

Los avicultores

La única asociación del Cosep que fue invitada por el Gobierno para ser consultada sobre el impacto de la reforma fiscal fue la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), la misma que acudió a las consultas en la Asamblea Nacional en enero pasado antes de su aprobación.

El director ejecutivo de Anapa, Donald Tuckler, confirmó que en esta cita reafirmaron la posición del gremio y que es imperativo lograr las condiciones económicas que existían en el año 2017, el “año de referencia” para aplicar reformas tributarias.

“La reforma (tributaria) fue inoportuna y deberían retornar a las disposiciones que se tenían antes del 28 de febrero”, explicó el director ejecutivo de Anapa.

Según Tuckler, el Gobierno planteó que es necesario que retornen al país las condiciones de “crecimiento sostenible y de inversión”, pero aseguró que la reforma tal y como fue aprobada no conduce a ese camino.

“Esa valoración y revisión (de la ley) deberían de conducir a cambios que puedan retornar las condiciones de producción, comercialización y consumo en términos de tributación a lo que teníamos antes de esa reforma”, afirmó Tuckler. 

La reforma tributaria entró en vigencia el pasado 28 de febrero y exige en uno de sus artículos a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo mantener “un constante monitoreo, supervisión y vigilancia de todas y cada una de las medidas tributarias adoptadas” en la ley y su reglamento, así como de “los efectos producidos en la recaudación y en el desempeño de las actividades económicas y productivas de los diferentes sectores económicos, sociales, gremiales y empresariales del país”.

Al finalizar el primer trimestre, posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, se convocaría a un proceso de “revisión integral entre autoridades de Gobierno y sector privado en su conjunto”.

La ley también establece que se deben “corregir distorsiones que pudieran presentarse, todo con el fin de promover el rápido crecimiento del sector productivo empresarial” del país.

Aunque el plazo de los tres meses se cumplió el 28 de mayo, fue hasta la semana pasada, casi a los cuatro meses, que se comenzó la revisión.