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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) conocer el recurso de amparo interpuesto por la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) en contra de la reforma al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social.

Los magistrados de la Sala Civil 2 del TAM inicialmente rechazaron ese recurso interpuesto por Cadin, inmediatamente después que entró en vigencia la reforma, el 1 de febrero de 2019.

Sergio Maltez, presidente de Cadin, confirmó que posteriormente la CSJ dio “ha lugar” a ese recurso de amparo, que por la vía de hecho presentó el pasado 10 de abril esa cámara ante el máximo órgano de justicia del país.

En la resolución de la CSJ, además de admitir el recurso de amparo interpuesto, se ordena dar cumplimiento al trámite según lo contenido en la Ley número 983, Ley de Justicia Constitucional.

Sergio Maltez, presidente de Cadin. Orlando Valenzuela/END

El equipo de asesoría legal de Cadin recibió la notificación de la CSJ el pasado 2 de julio.

Argumento legal

Kenia Sánchez, asesora legal de Cadin, explicó que tras ser aprobada y entrar en vigencia la reforma habían presentado ante el TAM un recurso de amparo en el que solicitaban que “se deje sin efecto” la suspensión del contenido y la vigencia del decreto presidencial 06-2019, pero automáticamente les fue negado.

Ante la negativa del TAM, basados en lo que establece el artículo 51 de la Ley 983, decidieron hacer uso de su derecho recurriendo ante la CSJ.

“Si el Tribunal de Apelaciones denegara sin fundamento alguno la tramitación del recurso, el recurrente podrá comparecer directamente ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Debe acompañar la certificación de las piezas principales del objeto del recurso”, dice el artículo en su parte medular. 

“Cuando es rechazado podes recurrir de amparo por la vía de hecho, que fue lo que hicimos”, dijo Sánchez.

Cadin también presentó un recurso por inconstitucionalidad por la reforma del seguro social.

Se deben pronunciar 

La asesora legal de Cadin explicó que, si el TAM falla a favor de ese recurso, la reforma del Seguro Social “quedaría sin vigencia”.

“Ya fue un paso importante que la CSJ ordenara conocer el recurso, porque fue arbitrario. Ellos (el TAM) debían haber dicho sí o no, pero nos mandaron a presentar un recurso de inconstitucionalidad, que también lo interpusimos (…) Nosotros hemos hecho uso de todos los recursos legales establecidos en la Ley de Justicia Constitucional. Si ellos dicen ha lugar, se debería de derogar el decreto; si ellos dicen no ha lugar se mantiene el decreto”, afirmó Sánchez.

Con las reformas, los empleadores con más de 50 trabajadores están aportando 22.5% más al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en concepto de cotización por cada asegurado. Anteriormente era de 19%. Es decir que el incremento fue de 3.5 puntos porcentuales.

El INSS perdió cerca de 158,000 cotizantes en el 2018. Oscar Sánchez/END

Por otro lado, las empresas con un número menor de 50 trabajadores actualmente pagan 21.5% al INSS por cotización de cada asegurado, lo que equivale a 2.5 puntos porcentuales más.

Con la reforma los trabajadores también sufrieron un incremento en su cotización de asegurados por el orden de 0.75 puntos porcentuales.

Así, cada empleado pasó de enterar 6.25% a 7% al INSS.

Finalmente, el decreto incrementó el aporte del Estado, de 0.25% a 1.75%

“Lo que ha pasado es que están tirando a la informalidad a mucha gente con todo esto (…) Esperemos a ver qué va a pasar porque aquí todos los poderes están concatenados, pero esperemos que cumplan la ley”, señaló Maltez.

El representante del sector industrial indicó que una vez que fueron publicadas las reformas al Seguro Social, Cadin interpuso ese recurso en el TAM y también presentó un recurso por inconstitucionalidad, que está pendiente de resolverse.

La reforma, tal y como está, “viola los derechos y garantías de los nicaragüenses”, argumentó la asesora legal de Cadin.

“Ellos tienen que resolver sobre el recurso de amparo que interpusimos, la Sala Civil tiene que buscar su expediente y resolver conforme a la Ley de Justicia Constitucional, porque primero no nos conocieron del juicio y dijeron de un solo no ha lugar, y (ahora) esperamos que vayan a fallar”, puntualizó Sánchez.

En febrero pasado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también introdujo un recurso de amparo en contra de la reforma al Reglamento de la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin que se sepa hasta ahora qué han resuelto.

En abril de 2018, la crisis sociopolítica de Nicaragua estalló por las reformas al seguro social que impuso el Gobierno.

Posteriormente las derogó, pero las volvió a imponer a partir de febrero de este año. 

Como consecuencia de la crisis, en 2018, el INSS perdió cerca de 158,000 asegurados.

Para este año, como producto de la reforma y de la contracción económica que experimenta el país, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) prevé la pérdida de unos 143,000 empleos formales adicionales.