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Un informe sobre Nicaragua elaborado por The Economist Intelligence Unit indica que este país presenta un “escenario político altamente volátil”, con un Gobierno que tiene como “principal vulnerabilidad” enfrentar las sanciones de Estados Unidos y que, ante la crisis económica, se encuentra presionado a negociar una solución.

“El escenario político es altamente volátil y en nuestro pronóstico notamos riesgos sustanciales. Una de las principales vulnerabilidades del Gobierno es su exposición a las acciones de los Estados Unidos. La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya ha sancionado a nueve funcionarios de alto rango”, expone The Economist.

La unidad de inteligencia de la prestigiosa revista hace un recuento de las distintas acciones que ha tomado el Congreso, Senado y Gobierno de Estados Unidos, como aprobar la Nica Act y ordenar a sus representantes en los organismos financieros multilaterales votar en contra de los préstamos al Gobierno nicaragüense.

Luego hace énfasis en que el gobierno de Ortega ha “reprimido” las protestas en su contra, pero a un “gran costo”, debido a que hay “un dramático deterioro de las condiciones económicas”.

“Con la recesión económica amenazando con convertirse en una depresión económica, la presión ha incrementado para que el gobierno de Ortega busque negociar una solución a la crisis”, concluye The Economist.

Según las estimaciones de The Economist, este año la economía de Nicaragua caerá 5.5% en términos reales y la inflación será de 5.6%, mientras que el desempleo llegará al 9.9%.

“Creemos que la resistencia local contra el régimen se irá debilitando con el tiempo”, advirtió The Economist. Archivo/END

Por su parte, un informe de Funides, publicado este miércoles, indica que Nicaragua perderá entre 49,000 y 61,000 empleos en 2019 y la economía podría presentar una caída de hasta el 6.8%.

Al difícil escenario social, político y económico, dice The Economist, se sumó la controversia que surgió luego de la excarcelación de los manifestantes en junio, una acción que ha sido criticada por varios sectores en vista de que sostienen que hay más protestantes presos, por lo que el Gobierno no habría cumplido plenamente con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica en el diálogo nacional.

“El Gobierno aparece ahora presionando unilateralmente con otros puntos de la agenda, como las reformas electorales, de una forma que sea compatible con su propia supervivencia”, precisó The Economist.

Para The Economist, en un contexto en el que la oposición “tiene poco en términos de influencia política” y con un gobierno que no tiene voluntad para ejecutar “reformas democráticas serias”, la posibilidad de que se alcance un acuerdo o compromiso político “se mantiene distante”.

“Creemos que la resistencia local contra el régimen se irá debilitando con el tiempo”, advirtió The Economist.

El gobierno de Ortega ha “reprimido” las protestas en su contra, pero a un “gran costo”, debido a que hay “un dramático deterioro de las condiciones económicas”. AFP/END

Agregó que ante una “escalada de presiones políticas o económicas, el gobierno de Ortega se mantendrá en el poder, gracias al papel desempeñado por las fuerzas de seguridad”.

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The Economist, sin embargo, anota que en caso de que las condiciones económicas o políticas empeoren, existe un “alto riesgo de fractura dentro del régimen”.

Los analistas de la publicación creen que pese al ambiente de alto riesgo político en Nicaragua y de las amplias condenas internas y externas, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está en capacidad de mantenerse en el poder hasta el 2022 “y más”.

“El FSLN ha utilizado su mayoría legislativa de dos tercios (66%) para fortalecer los poderes presidenciales, así como el (ya fuerte) aparato de seguridad estatal”, explicó la publicación.