• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Web

El Gobierno de Nicaragua mandó a eliminar la exoneración al Derecho Arancelario a la Importación (DAI), que tenían 16 productos de consumo de los nicaragüenses, mediante un acuerdo ministerial publicado en el sitio web del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific).

Esos productos son sardinas en lata, sopas preparadas, desodorantes corporales y antitranspirantes, jabón de tocador, lámparas de mano, cepillos de dientes, guantes de plástico, guantes de caucho, mascarillas, aceite refinado de maní, aceite refinado de oliva, aceite refinado de girasol, aceite refinado de algodón, aceite refinado de coco, aceite refinado de almendra o babasú, aceite refinado de maíz.

El mencionado acuerdo ministerial manda a modificar los acuerdos ministeriales MIFIC 073-2008 y sus reformas establecidas en los Acuerdos Ministeriales MIFIC 009- 2009 y el 016-2009; y 027-2009, en los que esos productos habían sido exonerados del DAI.

El DAI son impuestos contenidos en el Arancel Centroamericano de Importaciones y se aplican a la importación de mercancías provenientes de países fuera del área centroamericana, sobre el valor de las mismas. Estos tributos tienen tasas variables que pueden oscilar entre 5% y 15%.

En diciembre de 2008, el Gobierno dejó en cero por ciento el DAI de varios productos, entre ellos el de los cepillos de dientes, sardinas, preparaciones para sopas; y bajó al 5% otros como los aceites comestibles de maní, oliva, coco, entre otros.

En el 2009, se agregó a la lista de productos exonerados otros bienes, como aceite de palma.

Varios productos del consumo de los nicaragüenses serán afectados por esta medida.  Ante la crisis económica derivada de la crisis sociopolítica del país y el déficit presupuestario proyectado para el 2019, el Gobierno impulsó una reforma tributaria que también eliminó la exención del impuesto al valor agregado de un sinnúmero de productos, principalmente para la producción agropecuario y la mediana y pequeña industria.

La reforma también incrementó el impuesto selectivo de consumo a varios productos.

Estas reformas, sumadas a las del seguro social, han sido rechazadas por el sector privado y organizaciones de defensa de los consumidores del país.