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Nicaragua como un país altamente vulnerable frente a los impactos de la crisis económica internacional, podrá tener acceso a unos 150 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), de acuerdo con la cuota planteada por el Fondo Monetario Internacional, pero a la nación se le está complicando el panorama, explicó el economista Adolfo Acevedo.

Acevedo, quien es economista de la Coordinadora Civil, recordó que en la reciente cumbre de Londres, el denominado “Grupo de los 20” acordó triplicar los recursos a disposición del FMI a 750 mil millones de dólares para asistir a las naciones a hacer frente a la crisis internacional.

A la par, el G -20 otorgó una asignación general de la moneda intangible de los DEG, equivalente a 250 mil millones de dólares, para aumentar la liquidez mundial, de los cuales cien mil millones serán asignados a los países en desarrollo y con mercados emergentes, y 19 mil millones a los países de bajos ingresos.

Con la crisis, las naciones de bajos ingresos corrían el riesgo, no sólo de quedar totalmente desprotegidos frente a estos impactos, sino que tendrían que responder a la merma en los ingresos fiscales ocasionada por la propia crisis, con medidas que empeorarían la situación, como ha sido el caso de Nicaragua, hasta ahora.

La asignación general de DEG por parte del FMI a Nicaragua, de acuerdo con su cuota en este organismo, sería de alrededor de 150 millones de dólares, los que se podrían incrementar en unos 50 millones adicionales, como parte del programa de financiamiento a países pobres y del acuerdo económico del Fondo con este país centroamericano, el cual culminará en 2010.

Programas de amortiguamiento

La disponibilidad de los recursos adicionales resultantes del mandato del G-20 podría permitir implementar programas anticíclicos, como desarrollar un amplio programa de mantenimiento de los caminos rurales, aumentar la asignación de recursos asignados al Banco de Fomento, a la protección y mejoría del gasto social, y al aumento en la asignación para compra de medicamentos y otros rubros fundamentales.

En particular, podrían implementarse programas orientados a amortiguar el impacto de la crisis, compensando con un incremento en la inversión pública la disminución en la inversión privada en las mujeres, resultante de la disminución de los ingresos de los hogares.

Sin embargo, al parecer, el FMI se opone a la utilización inmediata de estos recursos para aquellos propósitos para los que fueron autorizados por el G-20, es decir, para que nuestros países puedan enfrentar de mejor manera los impactos de la crisis, lo cual estaría evitando que los recursos autorizados para habilitarlos a implementar políticas que aminoren dicho impacto, puedan ser utilizados con este propósito.

Acevedo señala que parecen estar en riesgo los préstamos adicionales que el país recibiría en concepto de apoyo presupuestario, por un monto de 86.7 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, lo cual estaría atado al acatamiento de la condicionalidad del programa con el FMI, incluyendo 35 millones de dólares del propio Fondo.

Como resulta evidente, el manejo de estos asuntos resulta clave para las posibilidades que tenga el país de enfrentar la crisis en mejores condiciones, esto es, en condiciones en que se pueda amortiguar al máximo el impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables, incluyendo las mujeres, los niños y los jóvenes.