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Pese a que Nicaragua desde el año 2000 duplicó su gasto social per cápita, continúa manteniéndose como la nación que menos recursos por habitante destina para elevar el nivel de vida de su población.

A finales de 200, se celebró la Cumbre del Milenio convocada por las Naciones Unidas, en la que 189 países, incluidos los centroamericanos, firmaron la Declaración del Milenio, comprometiéndose a hacer el máximo esfuerzo para erradicar la pobreza y el hambre, y promover la educación, la salud, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, entre otros objetivos, y acordando metas que deberán cumplirse en 2015.

Desde la Declaración del Milenio, los estados centroamericanos aumentaron, con diferente intensidad, los recursos destinados al gasto social, como educación, salud, agua y vivienda, entre otros.

Mientras en Costa Rica y Panamá, la inversión social anual por ciudadano pasó de cerca de US525 dólares a US750.0 dólares (valores constantes). En contraste, en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, la inversión social apenas pasó de US65 dólares anuales a US114. Nicaragua logró duplicar este indicador --de US44 dólares anuales a US90--, pero continúa siendo el gasto social por habitante más bajo de América Latina.

Pese a los esfuerzos por aumentar el gasto social, éste es insuficiente para universalizar el acceso oportuno y de calidad a servicios de salud pública, aumentar la cobertura de sistemas de agua potable y saneamiento ambiental, y reducir las brechas en el acceso a la educación -–principalmente de niveles post-primarios--, perpetuando así el círculo de la pobreza y ensanchando la desigualdad social.

La desnutrición es la expresión más evidente de estas privaciones, a las que continúan sometidos en pleno siglo XXI, aproximadamente 6 millones de centroamericanos, cerca del 14% de la población del istmo. Esta población tiene en común el residir en áreas rurales y pertenecer a grupos étnicos históricamente excluidos del desarrollo humano.

Combatir la desnutrición en la región requiere de una política social integral que garantice tanto el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos, como el acceso universal a los servicios de educación, salud y agua potable, entre otros. La necesidad de mayores recursos para el Estado y una mayor transparencia en el gasto son condiciones necesarias para su implementación, lo que no sólo es una apuesta por la justicia y la consolidación de la democracia, sino también una oportunidad para construir una región competitiva por su ubicación geográfica y por su capital humano y capacidad productiva.