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Dentro de cuatro días se vence el plazo para que el presidente Daniel Ortega sancione la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora, conocida como Ley de Moratoria, pero en caso que el mandatario no se pronuncie oficialmente al respecto, la responsabilidad quedará en manos de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, una vez que el presidente o la Asamblea hayan sancionado la ley, introducirán en el parlamento una propuesta de reforma al controversial estatuto.

La propuesta, que fue trabajada por los equipos legales del Cosep, fue presentada el día de ayer en la Comisión de seguimiento de asuntos económicos conformada por el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, y representantes del empresariado privado nacional. Aguerri informó que esta propuesta consiste principalmente en una reforma al artículo cuatro de la Ley de Moratoria, referida a las tasas de interés que quedó en 16 por ciento.

“La tasa no la pueden fijar los diputados, tiene que ser establecida por el mercado, por eso hemos propuesto la tasa del Banco Central utilizada entre particulares. Para darles seguridad tanto a deudores como a representantes de microfinancieras, estamos anclando la tasa a una fecha específica, para que de esa manera no quede ni la menor duda de que lo importante es el principio de la economía de libre mercado”, detalló.

Balance justo
Según Aguerri, lo que pretenden con esta reforma, no es afectar la solución al tema de la normativa de las instituciones de microfinanzas y del aseguramiento del cumplimiento de los compromisos de pago, sino buscar un balance justo y que tampoco se busca modificar las condiciones de los períodos de gracia y plazos de pago que se han establecido en la ley, sino evitar que se envíe una señal incorrecta que obstaculice el envío de recursos a Nicaragua.

Sin embargo las instituciones microfinancieras continuaron demandando del ejecutivo que vete la Ley de Adeudos, conocida como Ley de Moratoria, pues aducen que implica una regulación a un mercado que se mueve por la oferta y la demanda, entre tanto el líder del Movimiento del No Pago, Omar Vílchez, insiste en que no aceptarán ningún cambio en la Ley.

Vílchez planteó que la “posición oficial” del Movimiento es que la ley quede a como está, “no queremos cambios. Queremos que entre en vigencia a como está. No negociamos ni aceptamos una reforma y justamente en está semana nos reuniremos en Managua, todos los miembros del Movimiento, para sostener este planteamiento”.

La Ley, a como está planteada, establece una reestructuración de deudas entre las instituciones microfinancieras y los clientes en mora al 30 de junio del 2009, con una tasa de interés máxima a cobrar del 16 por ciento.

El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, dijo por otro lado que de “manera no oficial”, conoce que el presidente de la República, Daniel Ortega, no vetará la Ley descrita “en ningún sentido y en ese caso correspondería publicarla para su puesta en vigencia”.

Días atrás el parlamentario no descartó una reforma a la Ley siempre y cuando esta lo amerite y que “los deudores y los acreedores consideren que es necesario que la actual ley sea modificada para mejorarla”.