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Ley de Adeudos, conocida como Ley de Moratoria, “a éstas alturas ya está en vigor, sólo falta su publicación (en La Gaceta)”, destacó el superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo, mientras que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri aseguró que la única salida para minimizar los efectos de la misma, es la reforma de ese estatuto.

Urcuyo indicó que sí cabe una reforma a la Ley. Hecho que fue confirmado por el presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales, quien incluso adelantó que entrando en vigencia, van algunos cambios en la disposición descrita.

“A estas alturas de nada sirve --agregó Urcuyo-- hacer comentarios en pro o en contra de la Ley porque ya está operando. Además no es para siempre (su aplicación es de cuatro meses) y todos estos señores (de financieras) están preparados para la Ley”.

El presidente del BCN, comentó que “hay varios elementos que se incorporarán a Ley como resultado del consenso de todos. El mismo hecho de que los diputados estén anuentes a una reforma a la Ley con el consenso de todos, es un paso adelante”, planteó sin entrar en detalles. Sin embargo dejó entrever que con la reforma no pretenden regular el mercado.

“Todos tenemos interés --añadió el funcionario del Banco-- en darle estabilidad a esa inversión de la que se habla en el sector, de esos 70 millones de dólares (que provienen de fondeadores extranjeros para la colocación del crédito productivo), y estamos por el libre mercado”, recalcó Rosales.

“No hay Ley perfecta… pero obviamente hay aspectos no tan negativos en la Ley: muchos que no podían pagar, ahora con esa Ley tienen la oportunidad de acercarse a las financieras o a los bancos y realizar arreglos de pago que bajo otros términos no podrían hacerlo. Por otro lado las financieras y los bancos tendrán la oportunidad de recuperar lo que tal vez, en otras condiciones, no sería recuperable”, advirtió por su parte el Superintendente.

“No es una respuesta inteligente”
El presidente de la junta directiva del banco Procredit Nicaragua, Gabriel Schor, manifestó que si hay que aplicar la Ley de Moratoria lo harán. No obstante resaltó “que no es la mejor repuesta al problema de los deudores del Movimiento del No Pago, no es la repuesta más inteligente”.

Schor sostuvo que el banco puede sostener las pérdidas originadas por esa Ley, sin embargo aclaró que el prestatario a futuro podría ser excluido de la oferta crediticia. “Y no hay mayor impacto que eso: el enfriamiento de la oferta crediticia”, apuntó entre otras cosas el directivo de Procredit.

El presidente del Cosep por su lado señaló: “Estamos solicitando a los diputados que nos apoyen en esa reforma, que nos den otra vez la seguridad de que aquí no va a haber una economía dirigida o con riesgo legislativo y que vamos a poder gozar del mismo clima de negocios que tienen el resto de las empresas en Centroamérica”.

Riesgo para microfinanzas en Nicaragua
El representante del Cosep aseguró que si la Ley se ejecuta tal como fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional, se estaría poniendo en riesgo el sistema de microfinanzas nicaragüense, a la vez que estarían peligrando la renovación de las líneas de créditos que vencen este año, ya que algunos fondeadores internacionales podrían decidir cancelar los financiamientos para evitar una compleja recuperación de cartera.

De igual forma apuntó como efecto negativo de esta Ley, la disposición de menos recursos, así como un encarecimiento de los préstamos para los usuarios de créditos.

Por su parte, René Romero Arrechavala, nuevo presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, explicó que una reforma buscaría minimizar el impacto que la ley originaría en el sector microfinanciero.

“Una vez promulgada la Ley, esperamos el apoyo de los diputados para esta reforma, porque si no se aprueba va a incidir en que nuestros fondeadores no renueven 70 millones de dólares que son para financiar a más de 100 mil clientes en toda Nicaragua”, destacó.

La reforma que prepararon de forma conjunta el Cosep y Asomif, consiste básicamente en un cambio en el artículo cuatro de la ley, referida a las tasas de interés que quedó en 16 por ciento. El Cosep propuso la tasa del Banco Central utilizada entre particulares. Romero no descartó introducir un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, una vez que la ley sea publicada en La Gaceta.