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La aprobación de siete nuevas empresas de zona franca y la ampliación de las operaciones de otras siete por parte de la Comisión Nacional de Zonas Francas pareciera cambiar el clima de incertidumbre que había envuelto a esta industria, cuando en días anteriores se difundieron noticias sobre cierres de empresas y despidos masivos de trabajadores.

Álvaro Baltodano, Secretario General de la Corporación de Zonas Francas, aseguró que entre las nuevas empresas aprobadas están algunas muy importantes como la estadounidense Haines, del sector textil-vestuario, que se instalará en Chinandega, y Sitel, que está en el área de Contact Center y operará en el edificio Invercasa.

Añadió que existen algunas empresas coreanas entre las aprobadas y se autorizó también a otras siete la ampliación de su capacidad de producción.

El funcionario brindó la información tras una reunión que sostuvo ayer con representantes del sector empresarial y los sindicatos de zona franca, quienes están preparando la instalación de la comisión tripartita, gobierno, sindicatos y empresarios, que se encargará de analizar los problemas que enfrenta la industria para encontrarles solución.

En días pasados se dejó claro que no habría tal salida de empresas de zona franca, pero que una de ellas, la Chao Hsing Internacional, solicitó al Ministerio del Trabajo la aprobación del despido gradual de mil trabajadores.

Baltodano indicó que la instalación de la mesa tripartita será el 3 de marzo y que una de las conclusiones a las que se ha llegado es que se tiene que ir avanzando hacia lo que sería un diálogo entre las tres partes, para crear todo un ambiente favorable para la inversión, que debe ser responsable con el trabajador, el medio ambiente y la comunidad.

Uno de los temas que el sector empresarial pondrá sobre la mesa de discusión es el laboral, en el que consideran que se han cambiado las reglas del juego para las empresas.

José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, dijo que el problema con el Ministerio del Trabajo tiene que ver con la interpretación que hacen del Código Laboral, que provoca que las empresas gasten mucho tiempo atendiendo diferentes casos en esta institución.

Agregó que en este momento la percepción de las empresas es que el Ministerio del Trabajo va en contra de las empresas, a pesar de que son necesarias porque generan el empleo en el país.

“Hay muchas interpretaciones del Ministerio del Trabajo sobre la forma en que operan las empresas y las han cambiado”, subrayó.

Dijo que se venía trabajando desde hace muchos años de una manera y ahora dicho ministerio ha salido con una serie de interpretaciones distintas de lo que es la jornada continua, los turnos, la jornada de 48 horas a la semana, cómo establecer el cálculo para las prestaciones, lo que indica que no existen reglas claras y produce una situación donde las empresas no sienten que el clima laboral está ayudando a la atmósfera que se necesita para generar empleo.

DGI y DGA en agenda
Otro de los temas de agenda es reunirse con las autoridades de la Dirección General de Aduanas, DGA, y la Dirección General de Ingresos, DGI, para que ambas instituciones agilicen las operaciones que requieren las empresas.

Baltodano indicó que los empresarios solicitaron que el presidente Daniel Ortega autorice a las autoridades de la DGI, DGA y el Ministerio del Trabajo, que participen en la próxima reunión del sector, para resolver los problemas planteados.

El sindicalista Roberto González dijo que los temas que se están planteando ante el Ministerio del Trabajo son asuntos puntuales y la mesa tripartita va más allá de los aspectos laborales.

Agregó que el gobierno debe crear el Consejo Nacional del Trabajo, que lo manda la ley y es el órgano tripartito que debe dirimir estos temas.

Asimismo, señaló que les interesa el tema de una nueva Ley de Zonas Francas y que están dispuestos al diálogo tripartito para crear condiciones de estabilidad y entendimiento, pero que se traduzca también en el resultado positivo de cara a la estabilidad de los trabajadores, a la calidad de empleo, a mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores.