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El “bono solidario” para un sector de los trabajadores, que se ha convertido en los últimos meses en insignia del presidente Daniel Ortega, está resultando un dolor de cabeza para el propio Gobierno ahora que se sabe que saldrá del Presupuesto General de la República, PGR, y no de la cooperación venezolana como se suponía en un principio, lo que de hacerse sin aprobación previa de la Asamblea Nacional, sería inconstitucional.

De acuerdo al economista Alejandro Aráuz, la incierta continuidad de la entrega del “bono solidario”, despierta interrogantes al desconocerse la forma de mantener la misma, dejando en entredicho el compromiso adquirido por el gobernante sandinista con los 130 mil trabajadores estatales que reciben el incentivo que en total suma 500 millones de córdobas.

Si bien Aráuz reconoció la importancia del “bono solidario” para regular los salarios promedios de las personas que laboran en el Estado, alertó que el Gobierno debe realizar los esfuerzos necesarios para mantenerlo por la vía transparente.

El bono, anunciado por Ortega el pasado 30 de abril en el marco de la celebración del Día del Trabajador, consiste en la entrega mensual de 529 córdobas adicionales al salario de maestros, trabajadores de la salud, policías, miembros del Ejército y trabajadores administrativos del Estado, cuyos salarios sean inferiores a los cinco mil 500 córdobas.

Del cinco al 18 de agosto pasado, se procedió a la entrega del cuarto “bono solidario”, que según declaraciones de la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, correspondía a 130 mil trabajadores.

Ortega cambia discurso
Pero, pese a que en el mismo discurso donde Ortega anunció la entrega del bono, también aseguró que éste era parte de la solidaridad venezolana por corresponder a fondos de la “empresa privada” Alba de Nicaragua S. A., Albanisa, pero cuatro meses después cambió su discurso e informó que tomará los 500 millones de córdobas del bono, de los un mil 400 millones de córdobas que resultan de una anunciada sobre recaudación y que ingresarían al Estado con la próxima reforma presupuestaria.

Ese próximo reajuste al presupuesto fue anunciado recientemente por el ministro de Hacienda Alberto Guevara, entre tanto, el presidente Ortega indicó que por “iniciativa propia” decidió colocar 500 millones de córdobas en las reservas del Banco Central de Nicaragua, BCN, con el fin de tener una garantía frente al bono que está siendo recibido por los trabajadores.

Aunque Ortega ya anunció su nueva estrategia para asegurar el bono, este dinero sale justamente de los fondos que deberán ser incluidos en la reforma al presupuesto que aún no ha sido aprobada por los legisladores de la Asamblea Nacional.

Aráuz recalcó que el “bono solidario” debe continuar llegando a los trabajadores, ya que es un derecho adquirido por los mismos, pero recordó que existen vías transparentes y apegadas al derecho que pueden ser seguidas por el Gobierno para entregarlo.

Bono ahora trae más riesgo
El economista explicó que los 500 millones de córdobas que representan el bono, pueden ser cubiertos por lo que se logre de la recaudación de impuestos por encima de la meta estimada. Sin embargo, advirtió del riesgo de esta opción, ya que para Aráuz, todo excedente recaudatorio debería designarse a sectores vulnerables de la economía.

“Existen prioridades y en estos momentos, el sector agropecuario está necesitando apoyo a causa de las graves afectaciones que están causando las lluvias en distintas zonas del país, por lo que se debería invertir en infraestructura productiva”, refirió.

La otra alternativa apuntada por el especialista, es que esos recursos sean ingresados al Presupuesto General como cooperación extranjera.

“El problema es que no se sabe hasta cuándo Albanisa seguirá dando lo del bono y si después lo tiene que asumir el Gobierno, esto significa que entrará al presupuesto como gasto y es ahí donde se crea un problema con el Fondo Monetario Internacional, FMI, porque al organismo le preocupa que se amplíe la brecha fiscal con más egresos”, explicó.

De una u otra forma, el hecho de que sea el Estado el que asuma el gasto del bono, ahora podría poner en riesgo el Programa de Servicio de Crédito Ampliado, que Nicaragua sostiene con el FMI y que culmina en octubre próximo.