•  |
  •  |
  • END

A partir de hoy, el Estado nicaragüense permitirá la exploración y explotación de recursos renovables en las 76 áreas protegidas del país, lo que a su vez facilitará la inversión en proyectos energéticos que pueden ser ubicados en esos sitios, pero que no contaminen y más bien protejan el medio ambiente.

El Estado, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, exigirá un depósito de garantía a la empresa nacional o extranjera que pretenda ejecutar proyectos energéticos eólicos, hidroeléctricos o geotérmicos, según sea el caso, en cualquiera de las zonas protegidas.

Sin embargo, todo ello debe ser realizado sin perjuicio de los requisitos preestablecidos que un proyecto de esta naturaleza conlleva, principalmente el estudio de impacto ambiental. Esta autorización quedó establecida en la reforma a la Ley de Medioambiente, que ayer fue aprobada por consenso en la Asamblea Nacional.

El diputado Carlos García, Presidente de la Comisión del Medioambiente del Parlamento, señaló que con estas enmiendas “se dio un paso muy importante” no sólo en la modernización de la ley, sino también en la explotación de los recursos renovables con fines meramente energéticos.

“La aprobación de esta reforma permitirá que se ejecuten obras hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas que la ley anterior no permitía”, enfatizó. Con la reforma, según García, el Marena quedó facultado para nombrar a los auditores ambientales, quienes tendrán la responsabilidad y la potestad para determinar si un proyecto puede o no continuar.

“Se establecen nuevos mecanismos de gestión ambiental como la fianza ambiental, pago por servicios ambientales, auditoría ambiental y cambios climáticos. El Marena podría disponer de un auditor calificado y registrado para que haga una evaluación en el terreno donde se realicen las obras, y valorar si se cumple con el permiso ambiental otorgado”, explicó.

Según García, se deberá aprobar el reglamento de aplicación de la nueva ley, en el cual se deberá establecer el monto de la fianza o garantía que una empresa nacional o extranjera deberá depositar a nombre del Estado nicaragüense cuando realice las actividades de exploración o explotación de los recursos naturales.

“La fianza será requerida a todas las empresas privadas que realicen obras, de manera que se disponga de un fondo que permita sufragar los daños ambientales que resulten al momento de la ejecución de la obra.

El monto de la garantía bancaria será establecido a través de un reglamento que deberá aprobar el Marena, la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría Ambiental”, explicó.