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El anteproyecto de ley de la nueva “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público del Estado”, al fin encontró consenso dentro del empresariado privado nicaragüense, así como con representantes de la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE.

Según informó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri, para lograr este consenso efectuaron la revisión de cada uno de los artículos del anteproyecto.

“Ya hemos encontrado consenso en todos los puntos en los que nosotros teníamos inquietudes, y eso es importante resaltar desde el punto de vista de temas como la exclusión de procedimientos, las compras directas, los convenios marco, el registro de proveedores.

Pretendíamos asegurar que se respetaran las condiciones de igualdad, libre competencia y transparencia y lo hemos logrado en este proceso”, expresó Aguerri.

Como parte de dicho proceso, el Cosep, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conimipyme, técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la DGCE, realizaron la firma de un documento que da fe de la unificación de criterios en relación al anteproyecto.

Este documento será enviado a los diputados para la aprobación de la nueva ley; sin embargo, Aguerri reconoció, que la diligencia del actuar político está supeditado a situaciones muy particulares, referidas a la institucionalidad, lo que puede provocar atrasos en el proceso de discusión de la ley, que tal como explicó el empresario, vendría a derogar la actual “Ley 323”, de Contrataciones del Estado.

“Lo que se pretende desde el sector privado, es asegurar que podamos tener un proyecto de ley que sea superior al que actualmente estamos utilizando, sentimos que este nuevo proyecto será superior, garantizando la transparencia, la igualdad de condiciones y la libre competencia, lo que nos pone en una situación positiva”, refirió.

Compras del Estado
El representante del empresariado privado nicaragüense, resaltó la importancia del análisis realizado para llegar a un consenso con respecto a esta ley, en vista que las compras realizadas por el Estado rondan los 500 millones de dólares. Entre los aspectos incluidos en el anteproyecto se encuentran las licitaciones y la exclusión de procedimientos.

“Hay situaciones de exclusión que están relacionadas con hechos de calamidad, pero que tienen que estar en el anteproyecto; eso quiere decir que existe la posibilidad de atender las emergencias relacionadas con la previsión, planificación que tienen que hacer los funcionarios del Estado, eso no va a estar sujeto a ningún tipo de exclusión, será un proceso totalmente licitado, promocionado que nos permitirá estar en igualdad de condiciones”, manifestó.

Para el diputado Adolfo Martínez Cole, de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, lo novedoso de este anteproyecto es la contratación directa con exclusión de procedimientos.

Sostuvo que la misma viene a dar seguridad, porque las contrataciones no serán de manera arbitraria por escogencia directa de los funcionarios, sino que tendrán que licitar.

“Las adquisiciones directas serán reguladas, de tal manera que está quedando una ley favorable, que norme todas las irregularidades que se han venido cometiendo ahora, tanto del sector del Gobierno Central, como en los municipios”, indicó Martínez.