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Las maras o pandillas que operan al norte de Centroamérica están ocasionando costos y pérdidas económicas a todos los países del área, incluyendo a los que, como Nicaragua, sin tener maras en sus territorios enfrentan dificultades para mover mercancías por tierra fuera de sus fronteras.

Cruzar por el norte de Centroamérica es cada vez más peligroso para los transportistas, con consecuencias como el encarecimiento de la carga debido a gastos en seguridad y a la reducción de operaciones de las empresas cuyos conductores se niegan a realizar viajes, por temor a ser asesinados en Honduras, El Salvador o Guatemala.

El Banco Mundial ha calculado los costos de la violencia de las maras en 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, considerando la seguridad de los ciudadanos, los procesos judiciales y el gasto en salud. Aparte “el crimen y la violencia también debilitan el crecimiento económico, no solamente por los salarios perdidos, sino porque contaminan el clima de las inversiones y desvían los escasos recursos gubernamentales para fortalecer la aplicación de justicia en lugar de promover la actividad económica”, indica un informe de ese organismo.

La Asociación Nicaragüense de Transportistas estima que ha gastado más de US$30 millones en servicios de seguridad para los camiones durante la última década, mientras han circulado por esos países. Además, todas las empresas de transporte de carga de Nicaragua estarían dejando de percibir unos US$60 millones por año como efecto de la reducción de viajes al norte.

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Para cada país centroamericano, el comercio con sus vecinos es el más importante después del intercambio con Estados Unidos. Significa, por tanto, que si la violencia de las maras obstruye los negocios intrarregionales, todas las economías de Centroamérica sufren consecuencias, al obstaculizar la competencia de las empresas y la reducción de sus ganancias.

El desarrollo de los países centroamericanos, que buscan ser una región integrada, depende mucho de la educación, pero las maras están impidiendo ese proceso en algunos países.

En El Salvador, por ejemplo, el gobierno admite que 39,000 jóvenes abandonaron las escuelas por miedo a las maras en 2015, una cifra oficial tres veces mayor a la de 2014, aunque asociaciones de maestros afirman que en la realidad son más de 100,000 los que desertaron por esa causa.

Amnistía Internacional declaró este año que El Salvador, Guatemala y Honduras “se han convertido prácticamente en zonas de guerra en las que las vidas parecen prescindibles y en las que millones de personas viven con el terror constante a lo que los miembros de las maras o las fuerzas de seguridad pública pueden hacerles”.

En esas circunstancias, el proceso de la integración de Centroamérica podría ir hacia el estancamiento o el retroceso, por los mayores controles en las aduanas y la vigilancia en las fronteras ante la necesidad de los Estados de proteger sus territorios y a sus ciudadanos; y los presupuestos de seguridad tienden a subir ante unas maras que actúan como terroristas, intimidando a la población y utilizando la extorsión para financiarse, obligando a la gente a pagar para preservar su vida.

Las maras se volvieron organizaciones criminales cuando El Salvador empezó a recibir delincuentes deportados de Estados Unidos, donde pertenecieron a pandillas armadas como la Salvatrucha, de Los Ángeles. Su crecimiento ha sido atribuido a esas deportaciones y a la pobreza y el marginamiento de poblaciones donde los jóvenes hallan pocas oportunidades de superación.

La ONU ubica hoy a El Salvador como uno de los países con mayor índice de muertes violentas en el mundo, que en 2015 registró 108 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Honduras, el índice fue de 63.75 y en Guatemala de 34.99 por cada 100,000 habitantes.

En términos económicos esa violencia le cuesta a El Salvador US$4,000 millones, según el Banco Central de ese país, y estima que allí hay entre 70,000 y 100,000 pandilleros.

Nicaragua, aunque tiene los mayores índices de seguridad del istmo, está expuesta a los efectos de la violencia del norte, una razón para que autoridades y empresarios, principales generadores de empleo y riqueza, elaboren iniciativas regionales más efectivas para reducirla y asegurar las bases del desarrollo. El Banco Mundial ha planteado que reducir en 10 por ciento la violencia en el norte de Centroamérica, podría elevar el crecimiento del PIB per cápita hasta en 1 por ciento anual. Este es, quizás, el reto más importante de la integración en este momento.