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El asesinato de dos policías en un barrio de Managua, cuando se acercaban a inspeccionar un automóvil en el que habían tres hombres sospechosos, ha causado conmoción y temor entre la población capitalina, por lo que eso significa, en términos de seguridad ciudadana y el grado de criminalidad que podría estar adquiriendo la delincuencia común.

En realidad, estos casos son raros en Nicaragua, si comparamos a este país con los del norte de Centroamérica donde con frecuencia mueren policías en las ciudades, en enfrentamientos con criminales. En El Salvador, por ejemplo, las maras o pandillas mataron a 47 agentes policiales y 20 militares durante 2016, un promedio de cuatro agentes y más de un soldado por mes.

En Nicaragua, entre el año 2015 y septiembre de 2016, la Policía Nacional registraba la muerte de 10 de sus miembros en cumplimiento de su deber, por lo general en zonas rurales del país en enfrentamientos con bandas de asaltantes o narcotraficantes.

Si bien esos datos indican que en Nicaragua existe más seguridad que en otros países del área centroamericana, las medidas preventivas y las operaciones contra la delincuencia nacional e internacional deben ser reforzadas.

Nos parece llamativo que de los tres delincuentes que atacaron a la patrulla policial en una zona casi céntrica de la capital, uno tenía pocos meses de haber salido de la cárcel y el otro era un convicto que logró la libertad condicional en 2014, revocada después, por lo que desde 2015 había una orden de captura contra él.

El primer caso muestra que algunos expresidiarios, aunque hayan pagado su pena, reinciden en delitos similares a los que les llevaron a la cárcel. En el segundo caso, parece haber una falla en el procedimiento judicial porque el hombre fue condenado a 15 años de prisión por robo con extorsión y secuestro exprés, consiguiendo más tarde la libertad condicional y luego quedando en condición de fugitivo.

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¿Cuántos casos así hay en el país? Difícil saber, sobre todo porque Nicaragua carece de cárceles suficientes y, por eso, las autoridades optan a veces por enviar reos a prisión domiciliar, para descongestionar los penales.

Esto exige un trabajo policial más intenso en cuanto a investigación, prevención y vigilancia, para mantener la seguridad ciudadana en niveles óptimos. Por su lado, las instituciones judiciales y penitenciarias tienen que asegurar sus procesos al juzgar, revisar casos y extender beneficios a personas condenadas, porque la seguridad es hoy la principal divisa del país, es un factor determinante para que crezcan la inversión, el empleo y el turismo. En general, el bienestar de los ciudadanos se afianza en la seguridad del país.