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Nuevos acuerdos podrían surgir entre los países de Centroamérica y el Gobierno de Estados Unidos, en el contexto de la reforma migratoria que busca el presidente Donald Trump, con la posibilidad de que esta pequeña región obtenga ciertas ventajas económicas.

Lo que comenzó como una presión de la administración estadounidense hacia México, se ha desviado hacia Centroamérica por ser esta pequeña región el origen de miles de indocumentados que cada año cruzan el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.

Cerca de 200,000 centroamericanos, la mayoría originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, fueron deportados en 2016 desde Estados Unidos y México. Por un lado, el costo humano de la migración ilegal es alto; algunos migrantes mueren en la travesía, sufren mutilaciones o son secuestrados por traficantes. Por otro, el envío de remesas alivia a muchas familias y tiene un impacto positivo en las economías de cada país.

Centroamérica y República Dominicana recibieron más de US$22,000 millones en remesas en 2015, según datos del Consejo Monetario Centroamericano, y la Cepal estima que las remesas ya significan para esta región más de 7% del PIB.

Consideramos que lo mejor es la migración legal. Sin embargo, hay causas en algunos países, como la alta inseguridad ocasionada por fenómenos como el narcotráfico y las maras, que presionan a la gente a emigrar, primero hacia México y luego a Estados Unidos.

En Honduras, por ejemplo, una investigación reciente revela que debido al aumento de casos de extorsión están emigrando jóvenes con edades entre 18 y 32 años.

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Una vía para revertir esta situación en Centroamérica sería un aumento fuerte de las inversiones para generar empleos, pero esto también depende de condiciones claves como la seguridad ciudadana, la estabilidad política y una cobertura educativa más amplia y de mayor calidad.

La migración está dejando a Centroamérica sin un recurso importante, al irse ciudadanos en edad productiva (bono demográfico) que con su trabajo contribuyen a crear riqueza en Estados Unidos y ayudan a revitalizar a la población de esa nación. La nación del norte se beneficia también con muchos hijos de hispanos que alcanzan niveles universitarios y emprenden carreras profesionales exitosas.

Los países de origen de los migrantes se benefician con las remesas y cuando regresan a establecerse quienes han vivido en el exterior y traen nuevos conocimientos y experiencias laborales, o capitales para invertir.

Aunque el Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, dijo en México que no habrá “deportaciones masivas” ni uso de fuerzas militares en operaciones migratorias, entre los hispanos en Estados Unidos hay temor.

Son cerca de 57 millones de hispanos, entre legales e indocumentados, y el 47% manifiesta miedo a las deportaciones, propias o de algún pariente, según el Centro de Estudios Pew.

Los gobiernos de México y Estados Unidos coinciden en que debe haber un diálogo que incluya a Centroamérica y Canadá, sobre qué hacer para disminuir los flujos migratorios hacia el norte. Esto requiere, por supuesto, examinar bien las condiciones de los países centroamericanos y las causas que motivan tanto movimiento migratorio.

Luego habría que concertar una estrategia de cooperación que conduzca a disminuir la migración con inversión. Una pregunta clave es en qué medida el gobierno de Trump está dispuesto a respaldar la búsqueda de nuevas condiciones económicas, sociales y de seguridad en Centroamérica, para dar a jóvenes y demás ciudadanos en edad productiva más acceso a educación, salud y oportunidades laborales, hasta que la idea de emigrar deje de ser su opción principal.

Para Centroamérica, ese diálogo puede convertirse en la oportunidad de replantearse el futuro con metas mejores y más apoyo internacional.