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Cada día que pasa en Venezuela, ese país se hunde más en la pobreza, se polarizan más las posiciones políticas y se hace más difícil su retorno a la democracia.

Venezuela necesita con urgencia una salida pacífica que le devuelva la institucionalidad, las garantías a los derechos ciudadanos y un manejo responsable de la economía para evitar que se siga deteriorando. Si la violencia continúa escalando, ese país podría terminar en una guerra civil y las consecuencias llegarían al resto de la región, por donde se desplazan venezolanos que huyen del conflicto y de las penurias económicas, siendo la más visible la escasez de productos de primera necesidad, incluyendo medicinas.

El saldo de 20 personas muertas en tres semanas, consecuencia de la violencia política que ha derivado en saqueos de establecimientos expendedores de alimentos, es solo una muestra de cómo la nación venezolana está sucumbiendo por la confrontación y el empobrecimiento acelerado.

A Venezuela se le considera el país latinoamericano con mayor riqueza petrolera y, como tal, podría contribuir mucho a las economías del continente, pero para eso tiene que conseguir estabilidad política y económica. Su economía va “en caída libre”, como señaló recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ha perdido el 25% del PIB en los últimos tres años.

Mientras, la polarización política impide ver el futuro con claridad. Los partidos de oposición unidos, con mayoría en el Parlamento pero bloqueados por el Poder Ejecutivo, dicen estar convencidos que solo en la calle, con el apoyo popular, lograrán un cambio de Gobierno. Por su lado, el Gobierno saca a las calles a las fuerzas armadas y a grupos civiles armados para contener y disuadir a los miles de manifestantes que le adversan, resultando en muertes de civiles, presos políticos y en un franco deterioro de la economía.

La posibilidad de un entendimiento asomó después de la marcha opositora gigantesca, el 19 de abril último, cuando el presidente Maduro dijo que deseaba hacer elecciones generales pronto y propuso un diálogo a la oposición. Esa declaración, interpretada en el momento como si el gobierno entraba en razón ante la presión ciudadana, también motivó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistiera en la importancia de las elecciones para resolver el problema venezolano; y se espera, por ende, algún signo de flexibilidad del Gobierno que cambie su política por una que conduzca al entendimiento en los próximos días.

Quien debe dar el primer paso para detener la confrontación violenta, es el Gobierno, porque la ha propiciado con políticas y acciones, como la de querer desconocer y anular al Poder Legislativo. A estas alturas del conflicto, Venezuela necesita algo más sostenido que una tregua. Ya no se trata de dar un respiro a la contienda y continuar después con revanchas, sino de pacificar el país y plantearse estrategias de estabilización y recuperación. Por eso, los organismos internacionales deben ayudar a resolver la crisis humanitaria venezolana; primero, convenciendo al presidente Maduro de que se siente a negociar con responsabilidad y, segundo, cooperando para que las próximas elecciones se realicen lo antes posible y cuenten con reglas equitativas, sin la inhibición de ningún candidato y con la observación necesaria para evitar dudas o malos entendidos entre los participantes en la contienda cívica.