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La acusación por parte de la Fiscalía de Guatemala a una red que presuntamente lavó US$13 millones procedentes de sobornos, y creó empresas de fachada en Nicaragua, ha servido para medir la eficiencia de los controles de los bancos nicaragüenses frente a los intentos de mafiosos por blanquear dinero ilegal en el país.

Hace más de dos años, en febrero de 2015, Nicaragua logró salir de la llamada “Lista Gris”, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y eso significa que desde entonces se le considera un país mejor preparado para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Para ello, el país tuvo que ajustar leyes y normas y garantizar la aplicación de procedimientos contra el lavado de dinero y otras operaciones ilegales en los entes financieros, públicos y privados, hasta cumplir con los requerimientos de seguridad del GAFI.

Sin embargo, el crimen organizado transnacional está en constante asecho, como sucedió en este caso. Supuestos inversionistas guatemaltecos llegaron a Managua diciendo que buscaban nuevas oportunidades de negocios y, a través de un bufete jurídico, constituyeron e inscribieron cuatro sociedades, una acción normal y legal hasta entonces.

Luego intentaron abrir cuentas en un banco, pero les fue rechazada la solicitud porque esta entidad financiera detectó algo sospechoso al aplicar los procedimientos. Hicieron un segundo intento en otro banco, donde sí les abrieron las cuentas pero al poco tiempo les impidieron hacer transferencias procedentes de sus filiales en Guatemala, les cerraron las cuentas porque no demostraron el origen del dinero y procedieron a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las actividades sospechosas, todo conforme las normas locales y las mejores prácticas internacionales.

Es lo que se sabe hasta hoy de las operaciones de esa red guatemalteca en Nicaragua. Todos los bancos del país han negado haber realizado transferencias relacionadas a este caso. La investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, que cooperó con la Fiscalía guatemalteca, señala que pudieron haber sido blanqueados hasta US$13 millones por las compañías ficticias vinculadas al exministro de Comunicaciones guatemalteco, Alejandro Sinibaldi, quien presuntamente recibió sobornos de ocho constructoras.

Sabemos, por fuentes que pidieron confidencialidad, que en su momento la UAF solicitó información a los bancos nicaragüenses, cumpliendo con sus funciones, aunque aún no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. El Nuevo Diario, el periódico que más ha profundizado sobre este caso en Nicaragua, consultó al fiscal especial guatemalteco, Juan Francisco Sandoval, si contaban con pruebas de que las transferencias intentadas por la red de sociedades mencionadas, utilizando bancos guatemaltecos, realmente lograron entrar al sistema financiero nicaragüense. Él respondió: “Eso no lo tenemos… la investigación arrojó como resultado hacer seguimiento de cuentas y algunas de ellas se determinó que estaban en Nicaragua”, dejando muy en claro que no hay pruebas de que los fondos ingresaron al sistema bancario nacional.

La primera audiencia del caso en Guatemala estaba prevista para el 20 de julio, pero fue pospuesta para el 27 de julio, cuando, se supone, la Fiscalía hará un recuento más detallado de la investigación y de las pruebas que tiene para haber afirmado que parte de los fondos (US$900 mil en total) fueron lavados en Nicaragua.

Por lo pronto, según lo expuesto por los banqueros, todo indica que en este caso funcionaron bien los procedimientos y las alertas contra el lavado de dinero en Nicaragua.