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De lo que está ocurriendo en Venezuela, los demás países del continente pueden sacar algunas lecciones, para evitar caer en errores similares y para construir una sociedad mejor.

Primero. La credibilidad es un valor primordial para un gobierno. Cuando se pierde la confianza en la autoridad, se incuba la desesperanza, y eventualmente, la rebeldía social, hasta causar caos y violencia, con consecuencias trágicas: muerte y destrucción.

Segundo. La responsabilidad en el manejo de la administración pública, en especial de la economía, es elemental para la estabilidad socioeconómica y el progreso de una nación. El declive de Venezuela tiene entre sus causas principales el desmantelamiento de la estructura productiva del sector privado por motivos ideológicos y políticos. A pesar del flujo de dinero del petróleo, el país se volvió más pobre.

Tercero. El consenso es la mejor vía para sentar las bases y crear las estrategias para el desarrollo de un país. Esto implica diálogo y reconocimiento de las funciones claves de los diferentes sectores sociales, y económicos, para crear sinergias al margen de ideologías y criterios políticos particulares. La pluralidad y la libertad ayudan a que un país sea más productivo y próspero.

Cuarto. El Estado de derecho es imprescindible para que todo lo anterior funcione. Los ciudadanos tienen deberes y derechos y, en esa medida, deben ser considerados iguales ante la ley, contar con el respeto y la protección de las instituciones públicas y tener acceso a las mismas oportunidades para mejorar sus vidas. Esto implica la buena administración de la justicia y procesos transparentes y democráticos de elección de autoridades. La imposición de la constituyente ha puesto hoy al gobierno de Venezuela en una situación peor que hace dos días y al país hundiéndose más en el caos.

Quinto. Pese a las ineficiencias que pueda tener, la democracia continúa siendo el sistema político que mejor garantiza los derechos elementales de los ciudadanos. Por eso, horas después de concluir la elección de la Constituyente, 13 países más la Unión Europea, entre estos los más preponderantes del hemisferio occidental, rechazaron ese intento de cambiar la Constitución. La primera sanción la aplicó Estados Unidos, directamente al presidente Maduro, quien entra así a la lista OFAC del Departamento del Tesoro, que ordena congelar los activos que pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibir a personas y empresas de ese país hacer transacciones financieras con él.

Washington dijo que considera sanciones adicionales, contra otros funcionarios y el Gobierno de Venezuela, que podrían afectar su negocio petrolero. Estados Unidos compra cerca de 750 mil barriles de petróleo venezolano por día, equivalente al 40% de las exportaciones de crudo de ese país. Si el presidente Trump cortara esas compras, sería un golpe fuerte a la empresa estatal venezolana PDVSA que también utiliza refinerías de la nación del norte para procesar petróleo, porque sus plantas están dañadas por falta de inversión.

El gobierno venezolano, que prometía la paz y el diálogo tras la Constituyente, ha conseguido un efecto totalmente contrario: Repudio internacional, represalias económicas y sanciones políticas de varios países, y a lo interno, mayor incertidumbre civil, porque un alto porcentaje de la población lo que demanda son elecciones democráticas libres y transparentes.