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En el nuevo año que inicia, Nicaragua necesitará avanzar en el fortalecimiento de sus instituciones. La institucionalidad es un elemento fundamental para mantener el crecimiento económico en el mediano plazo, sostener y aumentar las inversiones extranjeras y locales, y ofrecer más garantías democráticas a los ciudadanos, que complementen y sustenten la estabilidad económica y la seguridad ciudadana, también en el mediano plazo.

El país comienza el 2018 tratando de entender las repercusiones que podría tener la sanción aplicada por Estados Unidos al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, y de otras posibles sanciones, como resultado de la aplicación de la Ley Global Magnitsky, así como de la entrada al Senado estadounidense del proyecto Nica Act, que de forma súbita obtuvo el apoyo bipartidista de demócratas y republicanos, aumentando las probabilidades de convertirse en ley en el primer trimestre de 2018, con las consecuencias económicas, que podría tener para la economía nacional.

Un día antes de la primera aplicación de la Ley Global Magnitsky contra un funcionario nicaragüense, el 19 de diciembre de 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) había reafirmado sus sugerencias para reformar el sistema electoral de Nicaragua y pidió revisar la votación en seis municipios, donde hubo alegatos de alteraciones en el conteo de votos, durante las elecciones municipales del 5 de noviembre pasado.

La función de la OEA adquirirá mayor importancia este año, en el proceso de ayudar a Nicaragua a mejorar su sistema político y electoral, una labor programada para los próximos tres años, tal como indica el acuerdo suscrito el año pasado por el Gobierno y la Secretaria General de la OEA. Sin embargo, el 2018 será como un termómetro para conocer la voluntad política de las autoridades nacionales para reestructurar y fortalecer las instituciones públicas, hasta conseguir una democracia que genere confianza a todos los ciudadanos.

En lo económico, el Gobierno ha creado condiciones para la inversión y el sector empresarial ha reconocido el buen manejo macro de la economía, pero este año, uno de los retos principales es garantizar la continuidad de las inversiones extranjeras y nacionales, para lo cual, la seguridad jurídica y el costo de la energía son dos factores clave; el primero, porque ofrece confianza al inversor y el segundo, por permitirle ser más competitivo. Con la nueva ley de generación distribuida, el empresariado espera, este año, reducir los costos de la energía eléctrica y conseguir más inversiones.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Managua en los primeros meses del 2018, para evaluar la economía, y cuando haya hecho sus observaciones debería iniciar las discusiones con los actores correspondientes, sobre temas relevantes para el desempeño económico del país, como el déficit del sector público, en especial el del Instituto Nicaragüense Seguridad Social (INSS), nuevas inversiones en infraestructura, mejoras a la calidad de la educación y promoción de la innovación para diversificar los bienes y servicios exportables y aumentar la productividad.

Un reto urgente del Gobierno es normalizar su relación con Estados Unidos, alterada por circunstancias políticas, para evitar efectos adversos en la economía nacional, dado que se trata de un socio comercial muy importante. Sin embargo, el mayor desafío de Nicaragua, este año, consiste en convertir toda incertidumbre política y económica en acciones específicas que demuestren la intención del Gobierno de consolidar la democracia verdadera y que los ciudadanos, empresarios, inversionistas y la comunidad internacional tengan la certeza de que ese es un rumbo claro para este país.