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Desde el mes de diciembre de 2017, existe en Nicaragua la expectativa sobre la posible renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, debido a que el Gobierno de Estados Unidos lo sancionó, bajo la Ley Global Magnitsky, señalándolo de cometer actos de corrupción e incluyéndolo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Unas semanas antes de ese acontecimiento, el primer domingo de noviembre de 2017, se realizaron las elecciones municipales en Nicaragua, las que fueron acompañadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual emitió su informe final de observación el 20 de diciembre de ese mismo año, señalando la necesidad de reformar la ley electoral para asegurar mecanismos que permitan salvaguardar la defensa del voto y la exactitud de los resultados, entre otros aspectos relevantes.

Tras la sanción a Rivas Reyes, anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense, se ha venido debatiendo entre la población nicaragüense, la idea de que el magistrado electoral presentaría su renuncia en cualquier momento, porque sería contradictorio que continúe  representando a un poder del Estado, en un proceso de reformas del sistema electoral, mientras su ética está siendo cuestionada internacionalmente. Sin embargo, ha pasado más de mes y medio y eso no ha sucedido.

La encuesta de CID Gallup publicada el miércoles por El Nuevo Diario muestra que más de la mitad de la población, el 58%, considera que Rivas Reyes debería de cesar en sus funciones como presidente del CSE. Solo el 22% cree que debe continuar.

El acuerdo bilateral entre el Gobierno y la OEA para renovar el sistema electoral del país es un proceso macro que durará tres años, y el interlocutor principal de la misión que designe este organismo continental es el presidente del CSE, tal como especifica el convenio. El problema radica en que, independientemente de si ha cometido los actos de corrupción o no, por los que fue sancionado, Roberto Rivas ha dejado de ser idóneo para representar al Poder Electoral ante la OEA.

En este contexto, el CSE requiere ser presidido por un funcionario sin ningún cuestionamiento ni dentro ni fuera del país. Nicaragua debe mostrarse al mundo con los más altos estándares éticos y de transparencia, tal como expresa el acuerdo de entendimiento con la OEA para fortalecer las instituciones democráticas.

Por su parte, la OEA necesita un interlocutor sin objeciones ante la comunidad internacional y ante la opinión pública nicaragüense. Los procesos de institucionalización y modernización del sistema electoral requieren de financiamiento externo y avales internacionales, dos factores en los que Estados Unidos ha sido clave, igual que las naciones europeas, y todas exigirán más transparencia. Recordemos que la misión de acompañamiento de la OEA a las elecciones municipales de noviembre, contó con la contribución financiera de Alemania, Luxemburgo, Suiza, Chile, Corea, España y República Dominicana. 

Por tanto, la presencia de Rivas Reyes en el CSE podría convertirse en un problema mayor para las relaciones internacionales de Nicaragua, y sería contraproducente que él representara al país en foros relacionados a elecciones y procesos de institucionalización. También sería un obstáculo para el proceso de reforma del sistema electoral, que requiere de credibilidad ante la ciudadanía nicaragüense.

Si el magistrado continuara en el cargo, a pesar de las dudas sobre su gestión y la sanción externa, Nicaragua también estaría enviando una señal equivocada a la comunidad internacional, mostrándose como un país que se beneficia de las relaciones económicas con las naciones desarrolladas pero menosprecia las normas elementales de la democracia, la justicia y la transparencia.

Por otro lado, al ser sancionado por la OFAC, el magistrado Rivas Reyes ha quedado excluido de poder realizar transacciones con entidades y personas estadounidenses, incluyendo los bancos americanos, y por ende con los bancos locales y cualquier otra entidad financiera que tenga relación de corresponsalía con los primeros, so pena de también ser sancionados o de perder sus cuentas de corresponsalía. Esta situación se reduce a prácticamente estar excluido de hacer transacciones comerciales formales, lo cual es un impedimento enorme para cualquier persona o empresa en un mundo cada día más interconectado, por lo que para cualquiera debería ser imperativo buscar cómo desvanecer los señalamientos de la OFAC, lo cual es un proceso legal y administrativo largo y complejo, pero posible. 

Con base en lo anterior, tanto para contribuir con las mejoras de la institucionalidad del país, y por el tiempo y esfuerzo que requiere el proceso de que su nombre sea retirado de la lista de personas designadas en la OFAC, Roberto Rivas debería presentar su renuncia.