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Las cifras oficiales del año 2017 indican que el déficit del INSS se duplicó respecto al año previo. Todas las proyecciones, incluyendo las del Gobierno, los centros de pensamiento nacionales y las de instituciones financieras internacionales, señalan que esa brecha entre ingresos y gastos continuará ampliándose, de tal forma que el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público podrían al cabo de unos años volverse insostenibles, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país, la cual ha sido clave para la inversión y el crecimiento observado en los últimos tiempos.

La situación actual del INSS se gestó a lo largo de varias décadas, durante las cuales la lista de malos manejos se hizo extensa. De estas, se pueden citar medidas tomadas para resolver problemas coyunturales, decisiones políticas populistas, uso de la institución como caja chica del gobierno de turno y hasta actos de corrupción. Claramente, esas acciones fueron en su momento ejecutadas sin considerar sus repercusiones en el largo plazo.

El influyente economista británico J. M. Keynes solía decir: “En el largo plazo estamos todos muertos”. Pero, sean cuales fueran las causas que llevaron al INSS a su situación actual, el plazo venció y estamos todavía vivos, enfrentando un problema trascendental que tenemos que resolver.

Recién han salido a luz una serie de medidas, que algunos medios de comunicación las han atribuido al gobierno, encaminadas a supuestamente solucionar el déficit del INSS. La reacción del sector privado es que tales iniciativas solamente resuelven el problema de forma temporal y recaen desproporcionadamente sobre las empresas, que de por sí sufren ya de una carga mucho mayor que la de cualquier otro país de Centroamérica.

Si bien esas propuestas ayudan a resolver el problema por unos años, no remedian el problema de fondo, condenando a las partes a ir buscando soluciones transitorias aproximadamente cada cinco años, sin nunca llegar a una remediación eventual del problema.

El costo de esas acciones sería una importante reducción en la competitividad del país y un aumento de la informalidad, lo cual atenta contra la misma sostenibilidad del sistema que necesita de un alto nivel de empleo formal y de la creación de nuevos empleos para conseguir la recaudación que se está buscando.

Al final, un sistema que no solo gasta más de lo que gana (el problema inmediato que las medidas tratan de resolver), sino que además lo que proyecta gastar asciende más rápido de lo que vaticina ganar (lo que más le preocupa al sector privado), tendrá que combinar el financiamiento del presente déficit con las acciones necesarias para buscar una convergencia en las tasas de crecimiento del gasto y el ingreso.

Lamentablemente, lo anterior requiere de medidas con grandes costos políticos para cualquier gobierno, y es por eso que, por más de dos décadas, todos los gobiernos de turno han evitado las inminentes acciones estructurales que son tan impopulares.

Pero, como infortunadamente el futuro es hoy, llegó el momento  en que tenemos y debemos tomar decisiones para aliviar el problema en el corto plazo, que deberán ser compartidas por empresas, trabajadores y gobierno, en partes iguales, y deberán ser acompañadas de acciones que den posibilidad al INSS y alivien el golpe en la competitividad del sector privado y la formalidad.

Los avances tecnológicos en el área de la salud, que han llevado a incuestionables y sustanciales aumentos en las expectativas de vida de las personas, son tales que resulta inevitable aumentar la edad de retiro y el número mínimo de semanas cotizadas, aunque sea de forma gradual y solamente para los nuevos cotizantes, pero también hay que considerar la eliminación de la indexación de las pensiones y la treceava pensión, entre otras.

La moraleja de todo esto es que nadie en su sano juicio aceptará tales medidas si no están acompañadas de una marcada reducción del gasto administrativo del INSS, con un congelamiento del mismo, así como la liquidación, a través de un método trasparente, de los activos improductivos realizables que no afectan el quehacer de la institución, más una reforma de fondo al sistema de pensiones que asegure que no se repitan los malos manejos que por décadas se acumularon para ponernos en la situación en que estamos en la actualidad.

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