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La derogación del decreto sobre las medidas para cerrar el déficit del INSS, es un importante paso para iniciar un diálogo más amplio, dirigido a una concertación nacional que conlleve a resolver los grandes retos que como sociedad enfrentamos, de cara a garantizar la estabilidad económica y social y el desarrollo institucional democrático del país.

La revocación del mismo viene después de días de protestas que han dejado como resultado la lamentable muerte de valiosos estudiantes que marcharon en contra de esas reformas.

También, nos parece una gran oportunidad que el Gobierno haya invitado a los obispos de la Conferencia Episcopal a ser garantes de lo que sería un diálogo más amplio e inclusivo, con la credibilidad suficiente para que pongan fin a las protestas y la violencia.

Para lograrlo, el Gobierno debería liberar a todos los jóvenes que se manifestaron de forma pacífica en contra de las reformas del INSS, y que fueron detenidos por actos delincuenciales de terceros, que se aprovecharon de la situación para destruir la propiedad privada y pública y para cometer actos ilegales, para achacárselos injustamente a los estudiantes; así como garantizar la movilización pacífica y garantizar la libertad de expresión y de prensa de forma irrestricta. Lo anterior daría confianza al proceso de diálogo ampliado que ha propuesto el sector privado y que ha aceptado el Gobierno, con la garantía de la Conferencia Episcopal.

A esto también debería contribuir la Iglesia, en su papel de garante, pidiendo a los jóvenes hacer una tregua a las manifestaciones para que se restituya el orden en las ciudades y las autoridades controlen a los delincuentes que han tratado de empañar las protestas pacíficas.

Tras cinco días de manifestaciones, la población de Nicaragua está lastimada y de luto por más de 20 muertes y centenares de heridos que pudieron ser evitados, si se hubiera conseguido el consenso sobre las necesarias reformas a la Seguridad Social.

Es la primera vez, en los últimos 11 años, que ocurre en Nicaragua un levantamiento ciudadano tan fuerte y tan violento. Lo iniciaron estudiantes y se sumaron en su apoyo pobladores que sonaron cacerolas y levantaron barricadas en diferentes ciudades. Lo último que puso al borde del caos al país, al amanecer de este domingo, fueron los saqueos de supermercados y tiendas, que los jóvenes de la protesta atribuyen a delincuentes nada relacionados con su movimiento cívico.

Urge evitar el resurgimiento de la violencia porque si no, terminaría polarizando más a la población y destruiría algunas condiciones básicas que han hecho posible la convivencia y el crecimiento económico nacional, entre ellas la estabilidad, la seguridad y el consenso entre diferentes sectores que han contribuido al avance de Nicaragua en los últimos años.

Nicaragua necesita volver pronto al camino cívico, con respeto a los derechos humanos y constitucionales, para afianzar la paz y la democracia. Esta ola de protestas violentas, además de dejar mucho sufrimiento y destrucción, nos ha revelado que en la sociedad nicaragüense existen inconformidades reprimidas que esta vez explotaron de la peor manera, poniendo en riesgo la tranquilidad y el futuro del país. En el diálogo, esas inconformidades deben ser puestas sobre la mesa para buscarles respuestas adecuadas.