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Nicaragua es un país que, al menos desde de la década de los noventa, ha necesitado de un mecanismo de coordinación de expectativas que asegure la estabilidad económica.

A partir de 1994 y por la mayor parte de la última década del siglo XX, los programas con el Fondo Monetario Internacional funcionaron como un mecanismo para asegurar la estabilidad económica y financiera del país.

Posteriormente, la posibilidad de obtener la condonación de la deuda externa dentro de la iniciativa para países severamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), permitió continuar manteniendo la estabilidad y que se aprobaran una serie de reformas estructurales, que en 2004 conllevaron al alivio de cerca del 90% de la deuda externa.

A partir del 2008, el mecanismo de coordinación de expectativas que permitió mantener la estabilidad fue el diálogo entre el sector público y el sector privado. Este diálogo, circunscrito al ámbito económico, permitió el consenso en la aprobación de la mayoría de leyes relacionadas al andamiaje económico del país, lo que garantizó la estabilidad, el auge de la inversión privada y el crecimiento, el cual se mantuvo por encima del promedio de la región latinoamericana.

Por tanto, el rompimiento del consenso por parte del Gobierno, en este caso en lo relacionado a las reformas que el sistema de seguridad social necesitaba para ser viable de cara al futuro, creó una gran incertidumbre que desembocó en protestas de la población civil.

La respuesta de las autoridades a estas demostraciones, especialmente de la Policía Nacional, resultó en la muerte de una gran cantidad de personas, lo que indignó a la población y culminó en la marcha multitudinaria convocada por el sector privado el 23 de abril y en la gran peregrinación por la paz y la justicia el día 28 de abril del corriente.

En este contexto, por solicitud del sector privado, el Gobierno accedió a convocar a un diálogo nacional con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal. La Iglesia católica aceptó la propuesta de servir de mediador de este diálogo, pero, de forma inesperada, el día de la peregrinación que culminó en la Catedral de Managua, monseñor Brenes, respaldado por el sínodo de obispos, decidió poner plazo perentorio al diálogo, para ver si en verdad existe la voluntad política del Gobierno de resolver los grandes retos que enfrenta el país en materia económica y política.

El principal clamor de la población, que debería ser uno de los grandes ejes de este diálogo, es el de entender los eventos que conllevaron a la muerte de decenas de personas, incluyendo estudiantes, policías y otros civiles, y de que en dicha investigación impere la justicia, no la impunidad.

El hecho de que el partido de gobierno controle todos los poderes del Estado y de que el país carezca de instituciones sólidas, requiere de que en esta investigación, que algunos denominan “Comisión de la Verdad”, participen actores regionales reconocidos, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que garanticen la imparcialidad de dicha indagación, para que sus resultados sean aceptados por todas las partes y conlleven a un proceso de verdadera reconciliación, siempre y cuando también se resuelvan otros temas pendientes y apremiantes para mejorar la institucionalidad democrática.

El otro gran clamor de la población es precisamente el relacionado a la mejora de la institucionalidad democrática de Nicaragua, que desemboque en un mejor proceso electoral, con mayor libertad y transparencia. Las acciones y reformas necesarias para lograr este objetivo han sido claramente delineadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los acompañamientos que han realizado en procesos electorales previos, y a cuya implementación se ha comprometido el Gobierno, en el marco de un acuerdo privado con la OEA para los próximos tres años.

Sin embargo, muchos actores han reclamado que el acuerdo contempla un plazo de implementación muy largo y que las negociaciones entre el Gobierno y la OEA carecen de transparencia. Por eso, consideramos que otro de los temas de este diálogo debe ser dejar claro cómo se va a implementar este acuerdo y que se realice en el marco de un proceso totalmente transparente para la población.

Según la historia, hay dos eventos que pueden prácticamente matar un proceso de diálogo, como el que está siendo planteado en Nicaragua: Muchos participantes y muchos temas. Si hay muchos participantes, la lucha por quien sale en la foto vuelve estéril el abordaje de los puntos torales del proceso; y si hay muchos temas, las partes tratarán de discutir los de más fácil resolución en vez de los más relevantes para la nación.

Según informaciones de algunos medios de comunicación, parece que ya se cometió el pecado de convocar a una gran cantidad de participantes. Esperemos que las partes tengan la sabiduría de enfocarse en los temas más relevantes para el país, que según nuestra opinión deben ser la investigación de las muertes ocurridas durante las demostraciones de las últimas semanas, así como garantizar elecciones verdaderamente transparentes y libres, para asegurarnos, como nación, que somos gobernados conforme a la decisión de las mayorías y que este proceso sea aceptado por todas las partes, constituyéndose en una fiesta cívica para todos.