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Una de las tareas de los empresarios, productores y centros de pensamiento que participan en diálogo nacional, es señalar los grandes problemas que amenazan al país si la economía se desploma, razón por la que deben insistir en soluciones a los problemas políticos, que al mismo tiempo que ayuden a crear una institucionalidad sólida que garantice la democracia y la gobernabilidad, eviten también, o al menos minimicen la destrucción de la capacidad productiva y generadora de empleos del país.

La relevancia de los empresarios privados procede del hecho que han puesto sus capitales en riesgo y de haber realizado inversiones multimillonarias en el país, después de la reinserción de la iniciativa privada hace casi 30 años, gracias a la apertura económica del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro que fomentó el respeto a la propiedad privada y permitió el regreso al libre mercado, propiciando así el crecimiento económico, el aumento del empleo y la reducción de la pobreza.

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Es cierto que los empresarios procuran un retorno sobre su capital, sin lo cual no habría inversión, pero es importante entender que de esas inversiones depende el bienestar de miles de empleados y de sus familias. Es cierto que el cierre de cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, afecta primeramente a sus dueños, pero también afecta a las personas que trabajan en esas empresas.

Por lo tanto, cada pedazo que se destruya de este engranaje empresarial, socava la economía del país y recuperarlo toma mucho más tiempo que destruirlo. El sector privado está consciente de que Nicaragua necesita seguridad jurídica, instituciones que den garantías a todos los ciudadanos por igual y una democracia cimentada en un sistema electoral transparente y confiable, pero estos objetivos deben ser conseguidos por la vía cívica y mediante el diálogo, con la verdadera intención de llegar a un acuerdo y de encontrar una solución, y no a través de más derramamiento de sangre.

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Si bien es cierto que en 1979 el sector privado jugó un papel muy importante en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, también selló con esas mismas acciones su propia autodestrucción, al apoyar ciegamente una causa, sin analizar bien los posibles escenarios que tendría en caso de triunfo. En pocos años, los mismos empresarios que apoyaron el proceso de derrocamiento del gobierno fueron confiscados, encarcelados o exiliados por el nuevo gobierno.

El mismo grupo de sandinistas que hoy critican a las cámaras empresariales, son los que participaron en el proceso de destrucción de la economía nicaragüense entre 1979 y 1990, creando una de las peores hiperinflaciones en la historia de la humanidad, lo que hizo que para 1990 el ingreso per cápita de los nicaragüense fuera el mismo de 1954, empujando la mayor migración de nicaragüenses de nuestra historia a Estados Unidos y países vecinos.

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Al hacer sus críticas, no mencionan que el desmantelamiento de las estructuras democráticas, que con tanto esfuerzo estableció el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, fue el resultado de los pactos y arreglos entre todas las fuerzas políticas del país, incluyéndolos a ellos.

Nicaragua está hoy en un punto decisivo, de avanzar o retroceder, no puede quedar estática. La ciudadanía está en rebeldía exigiendo justicia, Estado de derecho, respeto a la libertad de expresión y elecciones democráticas, libres y confiables. Sin lugar a dudas, todos los sectores congregados en la mesa del diálogo deben buscar una senda para un futuro con todas esas garantías ciudadanas, pero es responsabilidad de los representantes del sector privado en esa mesa, señalar y llamar a la responsabilidad de no volver a destruir la capacidad productiva y de generación de empleos, lo que servirá para consolidar los logros institucionales planteados en el diálogo.