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Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales, el 18 de abril pasado, se han dado casos sospechosos de manipulación o de aparente invención de pruebas policiales para culpar a ciudadanos de ciertos crímenes.

Al joven Ezequiel Gamaliel Leiva García, la Policía lo acusó de participar en el asesinato de un ciudadano estadounidense, en la madrugada del 2 de junio. Pero, la familia del acusado demostró que, a la hora de los hechos, este se hallaba en el área de cuidados intensivos del hospital Salud Integral, porque había sido herido de bala el 28 de mayo cuando protestaba con otros estudiantes en la Universidad de Ingeniería (UNI).

En otro caso, la Policía Nacional dijo que el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Félix Maradiaga, dirige una organización criminal dedicada al narcotráfico, terrorismo y otras acciones delictivas. El testigo de la Policía es un supuesto estudiante, Cristian Josué Mendoza, alias “Viper”, quien participó durante semanas en la protesta de la Universidad Politécnica (Upoli) y sería parte de la supuesta banda de Maradiaga.

Horas después de que la Policía lanzara esa grave acusación, El Nuevo Diario recibió documentos de fuentes confiables que demuestran que Mendoza (“Viper”) ha sido empleado del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) por un buen tiempo, lo que también señaló su madre, y en abril pasado, cuando iniciaron las protestas ciudadanas, aún aparecía en la planilla de esa entidad.

Otro caso que ha puesto en duda la profesionalidad de la Policía y del Instituto de Medicina Legal (IML), es el del jovenJavier Alexander Munguía, desaparecido el 8 de mayo cuando, según testigos, fue detenido por una patrulla policial cerca de la Upoli. Su familia, mostrando su foto, lo buscó en cárceles, hospitales y en el mismo IML. Nadie sabía nada, pero el 12 de mayo por la mañana llamaron a la mamá desde el IML para que fuera a reconocer el cadáver que estaba allí desde el 8 de mayo cuando lo llevó la policía, según el reporte oficial.

El cuerpo de Javier Alexander tenía golpes en el rostro y en el pecho y fracturas en algunas extremidades. La primera versión que dio el IML fue: muerte natural por caer de un sitio alto. La familia buscó una autopsia independiente y el resultado fue: muerte por asfixia o estrangulamiento. Un día después, la Policía publicó que Javier Alexander era “un delincuente”, que había intentado asaltar a otros jóvenes y estos lo mataron. La familia rechazó esa versión de inmediato, demostrando la trayectoria honesta del joven que en esos días había sacado su récord policial, limpio, porque buscaba un nuevo empleo.

Los casos antes descritos revelan faltas graves a los procedimientos investigativos y de aportación de pruebas para acusar a alguien, exigidos por la Constitución y las leyes del país.

La Policía no puede estar emitiendo acusaciones públicas contra personas que ni siquiera han sido procesadas y juzgadas de forma correcta, porque es ilegal. El Código Procesal Penal establece en su Artículo 2, sobre la presunción de inocencia, que hasta la declaratoria de culpabilidad ningún funcionario o empleado público podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. Además, es la Fiscalía la encargada de acusar ante los tribunales y de aportar pruebas contra los supuestos culpables.

La Policía Nacional, que ya está en entredicho desde que empezaron las protestas contra el Gobierno en abril pasado por disparar a manifestantes y proteger a grupos de civiles armados, estaría comprometiendo aún más su misión y principios si empieza a criminalizar a los ciudadanos solo por criticar al Gobierno o participar en demostraciones opositoras.

De ser así, no solamente la Policía, sino que también otras instituciones públicas vinculadas a los procesos judiciales, como la Fiscalía, Medicina Legal y la Corte Suprema perderían más credibilidad y entre la población aumentaría la desconfianza hacia ellas.