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Lo que más ha provocado violencia e inseguridad en Nicaragua durante las protestas contra el gobierno, iniciadas hace 60 días, ha sido la represión policial y el uso de fuerzas parapoliciales, como las denominó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que disparan a los ciudadanos, violan la privacidad de los hogares e imponen el terror en las calles.

Son civiles armados y encapuchados que se mueven en motos y camionetas particulares sin placas, protegidos y escoltados por la Policía Nacional o como refuerzos de esta, y les caracteriza un comportamiento criminal. Entran a los barrios disparando sin contemplaciones y secuestran a jóvenes que después aparecen en cárceles de la Policía, abandonados en áreas públicas con señales de torturas o muertos en morgues o en la zona de la Cuesta El Plomo de Managua.

Existen múltiples pruebas de esas acciones delictivas, en fotografías y videos tomados por ciudadanos y periodistas en áreas asediadas por esos matones que portan armas de guerra, algunas con miras telescópicas para disparos de precisión. En los barrios orientales de Managua podemos hallar muchos testimonios de cómo ha sido la represión, y la Policía Nacional también ha sido ejecutora. Por ejemplo, cuando la marcha de las madres fue atacada el 30 de mayo, el fotógrafo Oscar Sánchez, de EL NUEVO DIARIO, captó la imagen de un civil armado junto a un policía disparando ambos contra la multitud que se manifestaba de forma pacífica.

La CIDH, en su informe preliminar del 21 de mayo, planteó al gobierno de Nicaragua la urgencia de “desmantelar los grupos parapoliciales y garantizar el derecho de los ciudadanos a protestar de forma pacífica”. Era urgente, porque en decenas de testimonios sobre las víctimas, que recabó la misión de ese organismo, la gente señaló a esos civiles armados, a las turbas de la Juventud Sandinista y a la Policía como los principales represores y ejecutores de muertes, heridos y desparecidos.

Sin embargo, dos meses después de iniciadas las protestas, el gobierno sigue ignorando los llamados a poner fin a la represión y la violencia que esta genera, aun cuando en el diálogo nacional los mismos representantes del gobierno han solicitado la condena de la violencia “venga de donde venga”.

La protesta se generalizó en Nicaragua el 19 de abril porque un día antes un grupo de jubilados fue atacado en León por turbas del partido gobernante, solo por haber salido a protestar contra una reforma al Seguro Social. La tarde de ese 18 de abril, un pequeño grupo de jóvenes, molestos por la forma en que fueron agredidos los adultos mayores, se plantaron con pancartas en Managua y también fueron atacados con tubos y garrotes por una turba que llegó abordo de motos, identificados con camisetas de la Juventud Sandinista.

Desde entonces la represión ha crecido y las protestas también, volviéndose esta una insurrección cívica, como hemos visto en algunas ciudades como Masaya, Carazo, Jinotepe, Sébaco, León, Estelí y Jinotega. La Policía y los parapoliciales han disparado a matar desde la primera semana de manifestaciones, cuando hubo 20 muertos, centenares de heridos y decenas de desaparecidos.

Después, los civiles armados encapuchados empezaron a incursionar en los barrios causando más muertes, a lo que la población respondió con marchas y barricadas para protegerse, más los tranques en las carreteras como presión al gobierno al que han exigido parar el acoso y la violencia y permitir a organismos internacionales investigar los crímenes, para hacer justicia y democratizar el país.

Así, en la medida que el gobierno incrementa la represión y mueren más ciudadanos, algunos por disparos de francotiradores o ataques de metralla a las trincheras, en las ciudades aumentan las barricadas y en las carreteras los tranques.

En el diálogo, la delegación del Presidente insiste en que los protestantes quiten los tranques. Pero, los protestantes argumentan que si estos son el principal recurso de protección de los ciudadanos ante la represión, quien debe dar el primer paso para que cese la violencia y se acabe la inseguridad, es el gobierno, desmantelando sus fuerzas de choque y ordenando a la Policía que respete los derechos humanos.

Ya son más de 200 los muertos y ya han ocurrido crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de seis personas de una misma familia, incluidos dos niños, a cuya casa le prendieron fuego los enmascarados al amanecer del sábado en Managua. Los vecinos intentaron ayudar a la familia a salir de la vivienda y los enmascarados lo impidieron amenazándoles con fusiles. Esos mismos vecinos, testigos de la barbarie, aseguran que a poca distancia había patrullas de la Policía, observando.

En Nicaragua, urge que el gobierno pare a esas fuerzas represivas, causantes de gran cantidad de muertes y otras violaciones a los derechos humanos, que han actuado con impunidad y protección abierta y expresa de la Policía Nacional.