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Las acusaciones contra el obispo Silvio Báez, a quien tratan de atribuirle acciones criminales por haber expresado opiniones contra el Gobierno, son un mal precedente desde el punto de vista de la libertad de expresión, un derecho fundamental de todos los ciudadanos de Nicaragua.

Medios de comunicación afines al Gobierno divulgaron en la última semana tres audios en los que se oye la voz de monseñor Báez haciendo comentarios en privado sobre cómo presionar al Gobierno a que dialogue y adelante las elecciones generales, además de emitir algunos calificativos relacionados al presidente Daniel Ortega y al canciller Denis Moncada. 

Luego se desató una campaña contra el obispo por medios y redes sociales simpatizantes del Gobierno, pidiendo que el prelado sea expulsado del país o encarcelado y enjuiciado, lo cual ha sido visto como un ataque más a la Iglesia, la que ha sido sujeta de varias acusaciones y agresiones desde que se suspendió el diálogo nacional a finales de junio pasado, en el que los obispos de la Conferencia Episcopal eran mediadores y testigos.

Según la Constitución y las leyes de Nicaragua, Báez no ha cometido ningún delito al exponer sus opiniones. El artículo 30 de la Carta Magna manifiesta que “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.

Por tanto, tildar de golpista o terrorista a un religioso o cualquier ciudadano, y pretender criminalizarle solo porque ha emitido opiniones sobre cómo debería resolverse el problema político de Nicaragua, es una flagrante violación a los principios y derechos que la Constitución otorga a todos los nicaragüenses sin discriminación.

Sobre la veracidad de los audios, monseñor Báez no ha negado su autenticidad, pero sí ha afirmado que han sido “manipulados” y que pronto presentará pruebas de esa manipulación. También afirma ser víctima de una campaña de “intimidación, represión, desprestigio y acoso”, que incluye llamadas y mensajes a su teléfono y su cuenta en WhatsApp “con insultos y amenazas de cárcel y de muerte”.

Aunque ninguna de las declaraciones del obispo constituyen delito, algunas personas podrían disentir con ciertas expresiones empleadas por el líder religioso, pero esa no es una discusión legal, y las opiniones a favor o en contra también deben ser respetadas. 

Otro aspecto peligroso de las campañas contra ciudadanos que han protestado u opinado contra el Gobierno en los últimos seis meses, es el uso de información falsa en algunos medios para atribuir delitos a personas, que nunca los cometieron, o la invención de delitos sin ningún soporte en las leyes del país. La mentira se está constituyendo en evidencia y es grave que la Fiscalía la utilice para acusar y que el sistema judicial la admita  como tal.