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La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, a través de un comunicado se pronunció sobre lo ocurrido en las elecciones nacionales en Nicaragua.

Luego de conocer, reza el escrito, los informes preliminares de las misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, las cuales dieron seguimiento al preceso, declaraciones de los partidos políticos contendientes, que han rechazado los resultados brindados por el Consejo Supremo Electoral, CSE, Amcham felicitó a pueblo nicaragüense que voto para tratar de escoger a las nuevas autoridades "a pesar de las limitaciones por todos conocidas".

Asimismo, Amcham expresó que el proceso electoral desde su inicio se ha visto invalidado por las diferentes anomalías: candidaturas ilegales, limitantes a los partidos opositores, uso de recursos del Estado en beneficio del partido oficialista, cedulación sesgada y distribución de las mismas por personeros ligados al oficialismo, el no permitir la observación nacional de dicho proceso y la limitación a los observadores internacionales que ellos mismos denunciaron, la expulsión de fiscales durante el proceso de apertura de Juntas Receptoras de Votos y en el escrutinio, la no divulgación de los resultados de cada JRV como lo mandata la ley, entre otras muchas anomalías, "dan como resultado un proceso no-transparente cuyas consecuencias hacen que los resultados del mismo no brinden los elementos de credibilidad que nos permitan conocer si representan genuinamente la voluntad popular, al igual como sucedió en las elecciones municipales del 2008".

De igual forma, hicieron un llamado a respetar la ley y a la voluntad popular, "nuestro país necesita de un clima apropiado para promover la inversión nacional y extranjera y desafortunadamente el proceso electoral no ha satisfecho a la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses", recalcaron.

Amcham recordó que debido a lo denunciado por organizaciones, partidos opositores y la misma ciudadanía, debería de aplicarse el artículo 168 de la Ley Electoral, "la cual señala la posibilidad de la declaración de nulidad al comprobarse la existencia de los vicios informados o reclamados, siendo estas nulidades de tal magnitud que claramente inciden en los resultados generales de las elecciones".