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La bomba-noticia estaba aterradoramente colgada y visible en el portal digital del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin que muchos se percataran del peligroso e inminente estallido que desde hace un año había advertido el abogado y economista con especialidad en finanzas públicas y tributación, Julio Francisco Báez Cortes.

La semana pasada, la bomba fue activada a persistencia tenaz del economista Adolfo Acevedo, y sus potenciales daños colaterales aterraron a miles: el INSS quiere reformar el sistema de pensiones actual antes de entrar en una peligrosa crisis de iliquidez en un futuro cercano no más allá del año 2019.

Para salvarlo, el INSS propone con la venia del Fondo Monetario Internacional, FMI, y de otras instituciones de Nicaragua, aumentar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años, incrementar la cotización al 13 por ciento de los salarios, duplicar el pago de cuotas de cotizaciones mínimas de 750 semanas a 1,500 semanas, y promediar los salarios de por vida al momento de asignar el monto final de la pensión.

La bomba explotó y sacudió gravemente la seguridad social de la población. Esclavitud, saña, grosería, escarnio, estafa, políticas draconianas, expectativas de cementerio y otros calificativos menos amables, salieron a relucir, mientras que del lado del gobierno el silencio oficial “respondía” ante la inquietud e inseguridad de la clase trabajadora.

Reformas con visión reeleccionista
Según el jubilado y experto en temas de Seguridad Social, Jorge Toledo Aguilar, estas medidas han sido pensadas para satisfacer el afán reeleccionista del partido gobernante, el cual se está preparando una nueva cama de ingresos por cinco años más.

“Esta no es más que una manera de seguir postergando la deuda histórica que se tiene con el INSS durante cinco años más, que serán los que Ortega planea mantenerse tras las próximas elecciones. Si aumenta la edad de jubilación, los pensionados tendrán que generar más riquezas que irán a las arcas del INSS para financiar los proyectos del FSLN, y retrasará a los nuevos pensionados que deberían comenzar a recibir su dinero durante cinco años más. Eso genera un ahorro considerable”, señala Toledo.

Más allá de las críticas y del silencio oficial, la pregunta sobre el destino final del INSS sigue abierta, y las respuestas siguen siendo debatidas: ¿Qué se debe hacer para salvar del juicio final a la institución que, en teoría, debería resguardar con mano de hierro el dinero de los trabajadores?

Propuestas hay muchas, y en apariencia, son mucho menos “draconianas” que la desesperanzadora Propuesta de Fortalecimiento del Sistema de Pensiones del INSS y del FMI, en estos dorados tiempos de Socialismo del Siglo XXI.

Hay otras salidas
Roger Murillo Sandoval, consultor en Seguridad Social y exgerente de Estudios Actuariales en la Superintendencia de Pensiones y en el INSS, es uno de quienes creen que hay otras salidas alternativas a las drásticas propuestas de salvación del Seguro Social.

Según sus estimaciones, actualmente el INSS tiene una reserva de casi 15,000 millones de córdobas, la cual seguirá creciendo mientras el paquete de salud siga disminuido con la mala atención en las Empresas Médicas Previsionales, EMP.

Murillo estima que si a partir de hoy los ingresos no fueran suficientes para pagar las obligaciones, con esa reserva más el aporte que se hace a Víctimas de Guerra, el sistema de pensiones podría aguantar unos 15 años hasta agotar la reserva.

El sistema actual requiere que los asegurados hayan cumplido 60 años y cotizado 750 semanas, equivalentes de 15 años de cotizaciones para jubilarse. Los pensionados recibirán una pensión por los próximos 15 a 35 años, sea como pensionado o a través de sus beneficiarios sobrevivientes.

La nueva propuesta establece 65 años de edad para retiro, un mil 500 cotizaciones y una pensión promedio de sus salarios de toda la vida.

Este escenario le indica que podríamos iniciar 2012 de la siguiente manera: a todos los nuevos asegurados se les exigiría cotizar como mínimo 20 años.

Cotizarán durante los primeros 15 años en un sistema de reparto.

Los que inicien en 2013 cotizarán durante 14 años para el sistema de reparto, y así sucesivamente irán disminuyendo sus años de cotizaciones hasta llegar a 2022, cuando todos los que ingresen iniciarían en un sistema de Ahorro Individual.

Propuesta alterna
Su propuesta es que al cumplir sus 15 años de trabajo, o los años cotizados en el sistema de reparto, se les calcula su pensión virtual, se les da un certificado con el monto de la pensión mensual que les corresponde de acuerdo con su salario, y a partir de ese momento pasará a un nuevo sistema de pensiones: sistema de ahorro individual.

Sus cotizaciones crearán su propio fondo de retiro. Pero ya hemos dicho en otros escritos que si se tasa el 10% del salario de cotización para crear un fondo de retiro, la pensión sería muy baja.

Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se requiere que el Estado asuma con responsabilidad y fortalezca el sistema de salud nacional. Que poco a poco brinde un servicio cada vez mejor en calidad de atención, medicamentos y equipamiento. Que fomente un clima propicio para la inversión nacional y extranjera, que, por ende, incrementaría la demanda de fuerza laboral, además de invertir responsablemente en educación, para tener trabajadores con mejores salarios.

Según Murillo, si esto se lograra en 15 años, entonces el asegurado podría aportar a su fondo de retiro 18.50% del salario de cotización: 10% para pensiones y 8.5% de enfermedad maternidad. Ese 18.50% significaría, con un rendimiento promedio del 6.5% anual, una resultado así: la pensión del trabajador se conforma de dos partes, de lo acumulado por los primeros 15 años se le calcula su pensión y se le actualiza con la misma tasa de rendimiento de sus ahorros, digamos el 6.5% anual.

Con este sistema se puede mantener la edad de retiro, la misma tasa de cotización, y, al final, lograr tasas de reemplazo muy parecidas a las actuales, estima Murillo, quien cree que antes de castigar a los trabajadores con las medidas extremas asumidas en la propuesta del INSS/FMI, se deberían tomar otras acciones que evitarían menos gastos al Seguro Social.

Salir de EMP
¿Por qué no construir un hospital propio y dejar de darle dinero por mala atención a las empresas médicas provisionales? Con los más de 2,133 millones de córdobas anuales que el INSS paga a las Empresas Médicas Previsionales, se podría construir un hospital moderno cada dos años hasta liquidar las contrataciones y malos servicios de esos negocios de la salud, calcula Murillo.

¿Por qué no crear un banco de los trabajadores con las reservas financieras del INSS y jugar el dinero con los mismos asegurados? Las reservas de casi 15 mil millones de córdobas de las cuotas de los trabajadores darían el capital semilla para un fondo financiero que, responsablemente administrado, dejaría más réditos financieros al INSS que los que actualmente deja la banca al Seguro.

“Mientras las autoridades del INSS, sigan trabajando con el sistema financiero, ganando una tasa de interés baja, la reserva crecerá muy poco. Se debe crear un portafolio de inversión y una serie de ideas para abrir nuevos mercados de inversiones”, dijo Murillo.

Otras variantes
“Por ejemplo, la creación del Banco de los Trabajadores, parece que se quedó en proyecto. La idea principal era la siguiente: la mayoría de los trabajadores no son sujetos de crédito para el sistema financiero. Si solicitan un préstamo personal, piden muchas garantías y dos fiadores. Es un problema serio. Nadie quiere ser fiador”.

“El INSS podría hacer un convenio con las empresas, el pasivo laboral de las cuotas pagadas en cotizaciones sería la garantía del trabajador. Si le otorgan un préstamo y luego renuncia o lo despiden, la empresa retiene el monto de la deuda. El INSS prestaría a una tasa de mercado, no es que va a otorgar préstamos con tasas por debajo de la tasa del mercado”, propone Murillo, quien igual pregunta sobre las deudas del Estado al Seguro Social.

¿Cómo hacer que el INSS aumente la cobertura laboral? Según cifras oficiales, para 2005, la cobertura del INSS (asegurados cotizantes entre la Población Económicamente Activa) era de un 17.0%, pasando a un 29.0% en 2009; como consecuencia del ajuste que se realizó en la cifras del Censo de 2005, al disminuir la población económicamente activa, pero que una nueva revisión del INIDE, estimó que la cobertura es del 23%, según las estimaciones de Murillo.

¿Por qué no pagan deuda?

¿Por qué no cobrar las deudas del Estado mediante una política de ley que obligue cada año a las instituciones a aportar parte de sus presupuestos a zanjar las deudas con el INSS? Los números y cálculos de lo que se le debe al INSS varían de un analista a otro.

Según Manuel Ruiz, experto en Seguridad Social, la deuda del Estado al INSS se calcula en alrededor de 500 millones de dólares, mientras que Jorge Toledo, otro experto analista de la Seguridad Social, la deuda se eleva hasta casi los 3,000 millones de dólares.

Murillo habla de una deuda de 8,000 millones de córdobas al INSS. Para Adolfo Acevedo, la conciliación de la deuda del Gobierno con el INSS hecha con el MHCP hasta hace un par de años ascendía a unos 700 millones de córdobas.

“Para tener una idea de la gravedad y  de la magnitud de la crisis, se estima que la reserva técnica del INSS, que actualmente es de unos 15,000 millones de córdobas,  apenas daría para extender la vida del Programa IVM 3.5 años más, de tal modo que para 2017-2019, o cuando mucho 2022, esta reserva ya se habría agotado, y el INSS ya no podría afrontar el pago de pensiones con sus ingresos por cotización más las reservas (ya agotadas)”, analiza Adolfo Acevedo.

“Como puede verse, la cancelación de la deuda del gobierno con el INSS, a lo sumo le agregaría menos de un año de vida al INSS. ¿Esto significa que debe desconocerse o ignorarse esta deuda? Por supuesto que no. Pero significa que no puede evadirse el debate sobre el núcleo mismo de la crisis. En otras palabras, no hay más alternativa que analizar la crisis del INSS en sus raíces”, estima el economista.

“Por supuesto, hablando de un debate político serio y del tipo de sociedad democrática, transparente que queremos, antes de discutir cualquier reforma al INSS, deberá asegurarse: administración autónoma del INSS, sometida a escrutinio público; reglas claras y administración transparente de los recursos; informes periódicos sobre la inversión de la reserva y los rendimientos”, propone Acevedo.

“Sin embargo, me temo que, mientras tanto, no habrá más remedio --en ausencia, por ejemplo, de una masiva capitalización del INSS vía cooperación venezolana--, que efectuar algunas reformas perimétricas, aunque resulta inadmisible plantearse siquiera reformas del carácter draconiano propuestas en el documento oficial publicado por el INSS”, advierte.