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José Francisco Pravia hace un viaje en el tiempo: siente que gruesas gotas de sudor le surcan el rostro por las altas temperaturas de las celdas. Sus ojos se desplazan hasta el termómetro colgado en la pared, donde las líneas de mercurio le indican que la temperatura es de 80 grados Celsius.

El aire está enrarecido y la respiración se le dificultaba por las emanaciones de mercurio y cloro, y trata inútilmente de controlar los temblores que hace meses le atacan las extremidades.

José trabajaba en la Penwalt, una compañía que procesaba y exportaba 100 toneladas de cloro y soda cáustica para la fabricación de plaguicidas. Irónicamente, Nicaragua era el único país centroamericano que permitió su instalación, a pesar de los efectos perniciosos.

Pero ni José ni los 107 trabajadores que laboraron allí sabían que trabajar en ese lugar era como firmar una sentencia de muerte. Lo supieron 30 años después, cuando las concentraciones de mercurio en la sangre les provocaron enfermedades irreversibles.

Historia
La empresa Penwalt fue fundada en Nicaragua en 1967. Era una empresa procesadora de Hipoclorito de Sodio y soda cáustica procedente de Pensilvania, Estados Unidos.

Estas sustancias se usaban para fabricar plaguicidas como el Toxafeno, usado para el tratamiento de las algodoneras, y otros productos como shampóo, jabones y desinfectantes.

Gritos de alerta
Las primeras llamadas de alerta para los trabajadores comenzaron en 1980, cuando llegó una oleada de periodistas y de ambientalistas que advirtieron sobre los efectos devastadores de la exposición al mercurio y al cloro.

En 1980, la empresa se vio forzada a hacer chequeos periódicos de las concentraciones de mercurio en la sangre de todos sus trabajadores, ya que muchos comenzaron a presentar temblores, ataxia (incapacidad para coordinar los movimientos finos)  y parestesias.

Según relata el neurólogo Amín Hassan Morales --parte del comité médico conformado por el Ministerio del Trabajo, para evaluar la situación de los trabajadores de la empresa Penwalt en esos años--, lo que ellos encontraron “no tenía nombre”.

“Nosotros encontramos que los trabajadores no tenían ninguna medida de seguridad. No usaban trajes, mascarillas ni guantes. Muchos comían los alimentos con las manos llenas de mercurio y lo inhalaban a toda hora. Al hacer el diagnóstico encontré cambios en la conducta, violencia doméstica, trastornos severos de la memoria y de la piel, afecciones renales, hepáticas y articulares”, explica el Dr. Hassan.

La intromisión del BCIE

En 1981, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó un préstamo de 4 millones de dólares a la empresa Penwalt para que remodelara su maquinaria y mejorara el sistema de seguridad para los trabajadores.

Ese mismo año, los trabajadores interpusieron un embargo preventivo sobre todas las instalaciones de la planta, dejando como depositario al gerente general de la Penwalt, el licenciado Edgar Ríos, exigieron el cierre de la empresa y la intervención del Ministerio de Salud

El Minsa se pronuncia
Sus plegarias fueran escuchadas en un documento emitido por el Minsa el 8 de enero de 1992, donde se incluyó un acápite referido a los trabajadores. En este se enumeran todos los daños producidos por la inhalación del cloro y del mercurio emitidos por la planta.

“La exposición al cloro produce crisis asmáticas severas, dolores toráxicos, disnea (falta de aire), tos, hemoptisis (expectoración de sangre), bronconeumonía, laringotraqueobronquitis, edema agudo de pulmón e irritación conjuntival y de la piel”.

Las concentraciones ambientales normales de cloro son de 0.5 ppm (partes por millón). Las encontradas en la empresa Penwalt eran de 3ppm.

En el mismo documento hay otro acápite referido a las afecciones producidas por el mercurio.

“Daño progresivo a la corteza del cerebro y cerebelo, sordera total, parálisis generalizada, pérdida de la articulación de las palabras, ceguera, coma y muerte”.
Y añade que “en el caso de las mujeres embarazadas produce malformaciones congénitas, trastornos perinatales, retraso mental y cáncer”.

En los estudios realizados por el Ministerio de Salud de 1987 a 1989 se encontró que más del 50% de los trabajadores de la empresa tenían en la sangre rangos de mercurio superiores a la concentración máxima permisible de 3.5 mcg (milésima parte de un miligramo)/100ml (mililitro).

Fue así como en una notificación del Ministerio de Salud con la misma fecha, se exigió el cierre de la empresa Penwalt.

La intromisión del BCIE
Lo que parecía ser el final de la batalla no fue más que el comienzo de la lucha, pues el Banco introdujo un segundo embargo sobre la empresa. En 1993, la entidad recibió la adjudicación judicial de todos los bienes y activos de Penwalt.

“Esto fue un golpe bajo, porque según la Ley, el embargo de los trabajadores debió prevalecer. Por eso entablamos un juicio por daños y perjuicios por la vía civil en contra del Banco Centroamericano de Integración Económica, respecto al cual el Juzgado Civil no se ha pronunciado desde hace más de tres años”, denuncia el afectado Bonilla

La CSJ se pronuncia
En una sentencia judicial con fecha del 20 de octubre de 2010, dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se emitió un fallo que no dio a lugar a un recurso de amparo de protección a los derechos fundamentales y constitucionales de los trabajadores.  

“Aquí nos encontramos con un Estado que hasta la presente fecha no ha protegido los derechos fundamentales de los trabajadores, que son la parte más débil de toda relación laboral. Estos trabajadores tienen que ser indemnizados por el Estado de Nicaragua”, denuncia Álvaro Leiva, delegado de Derechos Humanos por la Confederación de Unidad Sindical y Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.   

INSS insensible
El 23 de septiembre de 1995, el Ministerio de Salud suscribió un acuerdo con los trabajadores de la Penwalt, en el cual les garantizaba atención directa en los hospitales del Ministerio de Salud, elaboración de exámenes de laboratorio en la sede del Minsa, gestión de medicamentos paliativos no encontrados en la lista básica y pensiones por invalidez parcial.

“Inicialmente, a casi el 80% de los trabajadores nos otorgaron pensiones por invalidez parcial de 600 a 900 córdobas, prometiéndonos que posteriormente nos la elevarían a invalidez total, pero aún estamos esperando”, relata el afectado Alfonso Vanegas Corrales, quien laboró durante 22 años en la empresa. La escuálida pensión recibida por parte del INSS “es ridícula e insultante”.

“¿Cómo es posible que subsista con eso, si gracias a la intoxicación crónica por mercurio que sufrí padezco insuficiencia renal crónica, necesito una prótesis de cadera, padezco insomnio y cambios bruscos de humor? Pero el seguro no me cubre ni las cirugías ni los medicamentos”, reclama Vanegas.

Además, existen 85 trabajadores que aún no reciben ningún tipo de pensión, ya que según las autoridades del INSS, 20 años después del escándalo, “sus casos aún están siendo tramitados”

La pensión de los hijos de los 24 trabajadores que murieron por intoxicación crónica por mercurio y enfermedades asociadas, es otra deuda pendiente, ya que sólo un 5% de ellos recibe algún tipo de indemnización. No obstante, esta no supera los 500 córdobas mensuales.

“Pero no solo los huérfanos han sido olvidados, también las viudas como nosotras estamos a la espera de una justicia que nunca llega”, dice entre lágrimas Haydée López, viuda del fallecido Mario Benjamín Pérez.

Mitrab hace oídos sordos
Según explica Julio Bonilla, aunque le han enviado tres cartas a Janeth Chávez, Ministra del Trabajo, para solicitar su acompañamiento, nunca han recibido una sola respuesta.

END solicitó una entrevista con la titular del Mitrab, pero al cierre de esta edición aún no habíamos obtenido respuesta. No obstante, al preguntarle a Cristina Morales, divulgadora de la institución, sobre el caso de los trabajadores de la Penwalt, contestó que “ese era un caso cerrado”.

“El Ministerio del Trabajo emitió sus recomendaciones en su momento, pero desde el momento que el caso pasó a los juzgados, ya es algo que no nos compete. Aunque queramos, no podemos intervenir”, aseguró Morales.
Sin embargo, para el abogado Leiva, “esto no tiene ni pies ni cabeza, ya que las violaciones a los derechos humanos no prescriben”.

“La Ley No. 290 o Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, en su artículo 27, establece que el Ministerio del Trabajo tiene el deber de ejercer, ejecutar y cumplir las funciones, atribuciones y obligaciones que le confieren la legislación laboral, la Constitución Política y los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua, incluyendo un actuar beligerante ante las autoridades judiciales en casos de indemnizaciones por riesgo laboral”, explica Leiva.

Diputado se solidariza
Carlos Noguera, Presidente de la comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional, asegura que él está dispuesto a servir de puente para ayudar en cualquier tipo de negociación.

“Cuando hay juicios de por medio, nosotros tenemos que esperar el fallo judicial, pero sí podemos servir de puente para hablar con el juez a través de una notificación e incluir una partida presupuestaria para estas personas. Porque si ellos fueron afectados en su salud, le corresponde al Estado darles una respuesta”, asegura el diputado Noguera.

Peligro en el lago
En cuanto a los altos niveles de contaminación por mercurio que todavía existen en el Lago de Managua, el ecólogo y biólogo, Kamilo Lara advierte que urge tomar medidas para frenar el consumo los peces que habitan en el.

“La peligrosidad del mercurio cuando cae al agua, es que este se incorpora a todas las bacterias, fitoplancton (algas), zooplancton (animales microscópicos y larvas), y cuando este es consumido por los peces se incorpora al cuerpo de estos”, advirtió Lara.