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Resulta difícil creer que en un programa de gobierno se puedan expresar soluciones a los grandes desafíos que tiene la institucionalidad en Nicaragua, valora la directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, Claudia Pineda.

Y es que como explica el experto en gobernabilidad, Irving Dávila, la crisis institucional en Nicaragua es producto del control del sistema político y electoral por parte de dos fuerzas políticas, que no sólo se lo propusieron, sino que lo institucionalizaron a través de reformas a la Constitución Política y a la Ley Electoral.

Condiciones “sine qua non”
Tanto Pineda como Dávila coinciden en que las propuestas de las fuerzas políticas de oposición para recuperar la institucionalidad del país son necesarias. Sin embargo, creen que debe haber ciertas condiciones para que se hagan realidad.

“Lo que nosotros observamos en estas propuestas es que hay una serie de medidas que si hasta hoy no se han tomando, no es porque no se comprenda que son necesarias, sino porque no ha habido voluntad política para realizarlas”, considera Pineda.

“Es como que cada uno expone una suma de buenas intenciones, pero la pregunta fundamental es ¿cómo se puede lograr?”, agrega, pues para Pineda la clave para llevarlas a cabo es la unidad de todos los sectores del país, especialmente de los políticos, pues son estos los que representan a la ciudadanía en la Asamblea Nacional, y a la vez es esta la que tiene la posibilidad de hacer reformas a la Constitución y a las leyes.

Deponer afanes protagonistas
“Si todos los partidos políticos han colocado como uno de sus principales temas la institucionalidad y la recuperación de la democracia, los líderes de estos partidos deberían deponer sus afanes de protagonismo para sentarse en la misma mesa y trabajar por el país”, insiste.

A juicio de Dávila, tales propuestas “serían viables si se produjera un proceso electoral transparente”. “Si lo logramos, vamos a poder establecer mecanismos democráticos y a ponernos en el camino hacia la estabilidad institucional y hacia la seguridad jurídica, y volver al Estado de Derecho”, sostiene.

Específicamente, sobre la reducción de miembros de los poderes del Estado, Dávila está de acuerdo, porque dice que “el crecimiento de estas instituciones tuvo por única razón el reparto del Estado como botín o como prebenda”.

Cambiar sistema de elección de diputados
Pineda, por su parte, considera que propuestas como esas son importantes, porque el gasto en pago de magistrados y contralores es “excesivo”; sin embargo, cree que el caso de la Asamblea Nacional habría que valorarse si es mejor la reducción del número de diputados o la implementación de la elección uninominal.

“Si revisamos el desempeño uno por uno de los diputados nos podemos dar cuenta de que no todos han trabajado lo que deberían haber trabajado, pero lo más importante es garantizar que esos diputados rindan cuentas a sus electores y se preocupen porque sus electores quieran volverlos a elegir, porque están satisfechos con la gestión que están haciendo”, apunta.

La omisión del Presidente
En la presentación de su plan de gobierno, el presidente Daniel Ortega y candidato a la reelección, no hizo ninguna alusión a políticas para mejorar la institucionalidad del país.

La razón, según Pineda, es que los partidos saben que el tema de la institucionalidad no preocupa a la ciudadanía nicaragüense. “La gente no ha logrado todavía conectar que a mayor institucionalidad, mayor capacidad de desarrollo nacional, mayor posibilidad de creación de empleos”, afirma.

“Entonces, para algunos de nosotros es fundamental que el Presidente, y candidato por el partido de gobierno, hable de la institucionalidad, y cómo piensa fortalecer la institucionalidad democrática, pero probablemente el Presidente sabe que sus electores no están interesados en este tema en especial”, explica.

Y agregó: “Deberíamos poder demostrar a la población que todo el dinero que se pierde por la corrupción o por la inestabilidad política, es dinero que se debería estar invirtiendo en programas sociales”.

Principio y fin de la institucionalidad

Para determinar las necesidades de cambio debemos ubicar el problema, advierte Dávila, y en ese sentido menciona la promulgación de la Constitución Política en 1987 y las reformas constitucionales de 1995 y de 2000, esta última acompañada de una reforma electoral.

Según este experto, la Constitución de 1987 estableció el intervencionismo del Estado en todas las esferas de la vida del país y otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias, a tal punto que gobernaba por decreto.

Las 17 reivindicaciones
Es por ello que en la campaña electoral de 1990, la Unión Nacional Opositora, UNO, acoge en su plan de gobierno los acuerdos de Sapoá que eran 17 reivindicaciones de carácter nacional, varias de ella referidas a la institucionalidad, como eliminar el régimen presidencialista y transferir todas las facultades del Presidente hacia otras instituciones (Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, etc.).

Tales propósitos se lograron hasta 1995, cuando se produjeron cismas en la UNO y en el Frente Sandinista. Sin embargo, los principales partidos de ese entonces —el FSLN y el PLC—, se percataron de que ese modelo democrático afectaba sus intereses de largo plazo: la continuidad en el poder, de acuerdo con lo reseñado por Dávila.

El bipartidismo
Es así que se dan las reformas constitucionales y electorales de 2000. “Significó la bipartidización del sistema político y electoral. Hacen crecer las instituciones del Estado (la CSJ pasa de 12 a 16 miembros, la CGR pasa de uno a 5, el CSE de uno a 7) e imponen el mecanismo de reparto, porque la correlación de fuerzas en la Asamblea comienza a depender de los resultados electorales; además, para poder controlar los resultadoselectorales había que controlar el CSE, por eso reforman la Ley Electoral para repartirse todo el sistema electoral”, señala Dávila.

Propuestas para solucionar la falta de institucionalidad en el país
Alianza
PLC - PC    * Transformación del CSE en una institución creíble, confiable y legítima en los procesos electorales
* Garantía de que ningún partido o coalición tenga el control del CSE
* Un sistema electoral fundamentado en la competitividad, la representatividad y la gobernabilidad
* Ley sobre elecciones primarias para democratizar los partidos políticos, y para elegir a los candidatos a Presidente, diputados y alcaldes
T Implementación del voto de los nicaragüenses en el exterior para las elecciones presidenciales
* Profesionalización de la clase política
* Fortalecimiento del capital social a través de procesos de participación democrática y de la sociedad civil
* Solución al problema de la cedulación
* Acercamiento de la Asamblea Nacional con los nicaragüenses, para que estos últimos conozcan mejor lo que hace ese poder del Estado
* Las iniciativas de ley se formularán a través de las bancadas y no individualmente por cada diputado

Alianza
FSLN    * En el discurso que ofreció el presidente Daniel Ortega y candidato presidencial del FSLN el sábado 10 de septiembre en Matagalpa, como presentación de su plan de gobierno, no hizo ninguna alusión a promesas para mejorar la institucionalidad del país.
ALN    * Disminuir a 45 el número de diputados ante la Asamblea Nacional
* Sustituir a la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, quien fue renombrada recientemente.
* Disminuir el número de funcionarios públicos, magistrados y contralores.

Se intentó ahondar en detalles sobre estas propuestas y otras no mencionadas, pero no fue posible entrevistar a los candidatos a Presidente y Vicepresidente. Quiñónez alegó el viernes que estaba muy ocupado, y José Rizo dijo que estaba fuera de Managua. Mientras, el equipo de prensa de ALN aseguró que el viernes por la tarde enviaría vía correo electrónico el plan de gobierno, pero nunca llegó.
APRE    
* Despolitizar las instituciones del Estado
* Dar seguridad a los empleados públicos
* Volver a la moral de la Ley y a la aplicación del Derecho
* Acabar con las complicidades y el cohecho en el Estado
* Nombrar a personas idóneas en las instituciones del Estado. Deben ser personas honestas y responsables
* Reestructurar la participación política, lo cual significa una reforma a la Ley Electoral
* Crear una Ley de Partidos Políticos
* Desprender la cedulación del CSE
* (Sobre reformas en los poderes del Estado referidas al número de sus miembros, Guevara dijo que eso debe pasar por un estudio de funcionalidad de los mismos, pero reconoció que actualmente responden a intereses de partidos específicos)
* Reforma fiscal. “El que tiene más, que pague más”, y ampliar la base de contribuyentes.
* Desarrollo de la municipalidad en todos sus conceptos de acuerdo con la Ley 40. Apoyo abierto y claro, no bajo condiciones del Gobierno central.

Alianza PLI

    T Imperio de la Ley
* Independencia de los Poderes del Estado
* Fortalecimiento de las facultades de la Asamblea Nacional, y reducción a 62 el número sus diputados
* Saneamiento y dignificación del Poder Judicial. Reducción a 7 el número de sus magistrados
* Sustitución del CSE por un Tribunal Electoral, compuesto por 5 miembros seleccionados por sus méritos profesionales y éticos
* Prohibición absoluta de la reelección presidencial y aumento al 50 por ciento más uno de los votos para obtener la Presidencia
* Respeto a los derechos humanos, trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que los promueven y protegen
* Extinción de la costumbre de utilizar a los empleados públicos para cualquiera otra actividad que no sea propia de sus funciones
* Prevención y castigo de la corrupción. Perfeccionamiento del marco jurídico de la actuación del Estado
* Protección de los derechos de propiedad. Creación de un Instituto de la Propiedad
* Reforma fiscal. Ampliación de la base contributiva y creación de nueva cultura de pago
* Fortalecimiento de la autonomía municipal y regional
* Cedulación de nicaragüenses en el extranjero para que voten desde su país de residencia
* Participación ciudadana sin exclusión.