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  • (PUBLICADO EN CONFIDENCIAL)

El gobierno del presidente Ortega dio marcha atrás en la operación INSS-Tecnosa, y restituyó el “préstamo puente” otorgado a esta empresa ligada a Francisco López, tesorero del Frente Sandinista y director de Petronic, según lo confirmaron a Confidencial al menos tres fuentes oficiales.

La semana pasada, una investigación periodística del programa de televisión Esta Semana y EL NUEVO DIARIO, demostró que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social había otorgado un financiamiento por un millón ochenta y ocho mil dólares a la referida empresa para construir 136 viviendas de interés social en el proyecto “El Pueblo Presidente”. Previamente, el INSS había prestado 190 mil dólares a la misma empresa.

El destape provocó un silencio sepulcral entre las autoridades del INSS, aunque los diputados sandinistas Gustavo Porras, Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez, salieron en defensa de la operación presentándola como una “inversión segura”.

Sin embargo, el asesor presidencial, Bayardo Arce, cuya versión inicial indicaba que el proyecto habitacional era construido con fondos venezolanos, alegó que se trataba de un “préstamo puente”, del INSS a Tecnosa, en espera de la llegada de los fondos venezolanos. El argumento de Arce, ilógico a primera vista, pues el texto del fondo no hablaba de “préstamo puente”, sino de una operación a dos años de plazo, fue interpretado como una “escalera”, que, en efecto, el gobierno utilizó para intentar resolver el entuerto financiero.

Consultado por Confidencial, Arce dijo no saber de la devolución del dinero “porque estaba fuera del país y vine apenas anoche (el jueves)”, pero pasó a la contraofensiva de inmediato al expresar que “era un préstamo puente, así que no veo por qué no iban a devolverlo”.

¿Sabe con qué recursos se pagó el préstamo?

“No tengo idea, pero debe ser que ya entró la plata venezolana”, especuló.

El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, por su parte, recordó que “préstamos de esta naturaleza (puente) son a muy corto plazo, porque esa es la naturaleza de este tipo de obligaciones”.

En su opinión, “ese crédito ya debe estar cancelado, por la naturaleza misma de ser ‘puente’, pues no es un crédito de largo plazo, ni una inversión para cambiar activos fijos”, aunque se abstuvo de afirmar si sabía sobre el reembolso porque “no es una operación en la que esté involucrado el Banco”.

El INSS en la agenda del FMI

La decisión del INSS de financiar el proyecto que ejecuta Tecnosa, y su posterior publicación en los medios de comunicación, puso al descubierto un esquema operativo que tiene múltiples ramificaciones, incluyendo la posibilidad de perjudicar el acuerdo de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional.

Además, deja al descubierto la falta de transparencia y alta discrecionalidad con que puede operar el INSS, lo que siembra una duda más acerca de la capacidad futura de la institución para honrar sus obligaciones para con los futuros pensionados.

Desde la acera gubernamental, tanto Arce como el presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Dr. Antenor Rosales, coinciden en que lo ocurrido no debería tener incidencia alguna en las relaciones del país con el Fondo, cuya misión técnica llega al país este lunes.

Arce dijo que “el FMI no se mete en cosas operativas. Lo que ellos van a evaluar es cómo va funcionar el problema de la seguridad [social] a corto plazo. El país tiene un compromiso de entregar un estudio en ese sentido, y ese estudio se entregará a fines de junio”, aseveró.

En similares términos se expresó el doctor Rosales, al decir que “el Fondo no tiene nada que revisar, porque éstas son decisiones propias del gobierno de Nicaragua. Sí revisarán el impacto macro que las decisiones de las entidades que manejan recursos importantes pueden tener sobre el desempeño económico del país, pero no es que vengan a revisar este caso en particular”, opinó.

Añadió que lo ocurrido “no es de la competencia del FMI, sino de la Contraloría General de la República o de la Asamblea Nacional”, máxime que “no es un criterio de desempeño”.

En realidad, no es un ‘criterio de desempeño’ sino un ‘indicador de referencia estructural’.

El inciso 28 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado por el gobierno de Nicaragua al Fondo Monetario Internacional, dice que “entre otras acciones a evaluar se encuentran… la diversificación de las inversiones para mejorar su rendimiento, a la vez que se fortalezca la gestión del riesgo”.

Conocedor de ese elemento, el experto fiscal Julio Francisco Báez, no pudo evitar preguntarse: ¿Cómo pudo hacerse esta operación poco tiempo antes de la evaluación del FMI?
Rosales asegura que lo que sí se revisará es la situación actuarial del INSS, “y veremos también a instituciones como ENEL y Enacal, para determinar cómo utilizan sus recursos, cómo los desarrollan. Yo tengo la agenda de trabajo [de la misión] del FMI, y no está incluido que vayan a revisar eso”.

Los límites del INSS

El destape de esta situación ha colocado en la palestra pública las facultades del INSS para ejecutar ese tipo de operaciones, toda vez que esto coloca en algún grado de riesgo los fondos de los cotizantes.

Una vez más, Rosales se muestra en desacuerdo con esas opiniones, y defiende lo actuado por López en el INSS.

“No sé qué es lo cuestionable en esto. El INSS está facultado para hacer ese tipo de operaciones. El artículo 14 permite a su Consejo Directivo dictar un reglamento de inversiones y adjudicaciones”, recordó, reforzando su argumento con el refrán popular que recomienda: “No poner todos los huevos en la misma canasta”.

En efecto, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de Nicaragua, señala esa atribución al Consejo Directivo del INSS, aunque lo condiciona a que sea “de acuerdo al reglamento que establezca”.

La forma de redacción sugiere que el reglamento será establecido por el Consejo Directivo mismo, aunque el experto Báez opina que quien debe dictarlo es el Presidente de la República, y que, en todo caso, sin importar quién lo hubiere dictado, las decisiones del INSS en este campo no son válidas, por cuanto hasta la fecha no hay nada publicado al respecto. (Ver recuadro).

Rosales opina que más que la tormenta de críticas, ésta “es una oportunidad para que la sociedad nicaragüense vea que se pueden hacer inversiones de diversos tipos, y que esto puede beneficiar la multiplicación de esos recursos, mientras el INSS trate de ampliar su portafolio de inversiones”.

Insistió en que “aprovechemos para que el INSS, de forma clara y transparente, haga inversiones para dinamizar el sector de la construcción, porque ese es el motor que empuja la economía”.

El director del INSS, Roberto López, está citado para presentarse este miércoles ante el plenario de la Asamblea Nacional, la que espera recibir explicaciones satisfactorias que aclaren la actuación del Instituto.

Por su parte, José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, admitió que “este tipo de financiamiento no es anormal”, aunque señaló que “debe garantizarse que se pague el préstamo”.

El organismo gremial discrepa de la forma en que el INSS decidió con quiénes trabajar.

“El Cosep sabe que la Cámara de Urbanizadores (Cadur) pidió ser tomada en cuenta para esos proyectos, y no la incluyeron. Deben hacerse licitaciones con participación de todos, en especial con las empresas cotizantes”, sentenció.

Aguerri cree que es importante que la nación sepa “quiénes son los usuarios de este financiamiento, y si tienen capacidad de pago. Tenemos que asegurar el retorno del dinero para que haya recursos para pagar pensiones y gastos médicos” de los cotizantes, señaló.

El líder empresarial adelantó que “Cadur pedirá una nueva reunión con el INSS para insistir en que se les tome en cuenta en los futuros proyectos a contratar”.

Un grave vacío en el marco legal

Una vez calmados los fuertes vientos que durante una semana atormentaron al Poder Ejecutivo hasta llevarlo a devolver el dinero al INSS, cabe analizar los visos de legalidad --o de ilegalidad-- que pudiera haber tenido la ‘inversión’ hecha por el INSS con Tecnosa para financiar el proyecto ‘El Pueblo Presidente’.

Julio Francisco Báez reconoce sin ambages que “es atribución del Consejo Directivo del INSS, según el artículo 14, aprobar los proyectos de inversiones y adquisiciones; al igual que el artículo 32 de la Ley INSS establece que pueden darse inversiones de capital”.

Sin embargo, la misma Ley señala límites a lo que puede hacer la dirección del INSS, al condicionar esas inversiones “a varias condiciones, entre otras, la aprobación del Poder Ejecutivo de sus planes, lo que está plasmado en la ley, pero es una facultad que no es posible operativizar”, detalla Báez.

La razón es que “el artículo 14 inciso f, dice: ‘de acuerdo al reglamento que se establezca’, pero debe ser un reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo, porque en otras situaciones previstas por la Ley, de menor importancia que ésta, se indica que el reglamento debe ser emitido por el Ejecutivo, así que con mayor razón en una situación de tanta importancia como ésta”.

El experto fiscal señaló que el artículo 13 dice que “el Poder Ejecutivo, por medio de un reglamento especial, regulará el procedimiento de elección, reemplazo y cese en funciones de los miembros del Consejo…”

En contraste, el artículo 33 estipula que Consejo Directivo dictará el reglamento financiero del Instituto, “que sí es facultad de ellos, porque regula el manejo financiero interno (tales como asignar recursos a regímenes de la seguridad social), lo que es lógico que fueran ellos quienes lo dictaran”, valoró.

Adelantándose a la posibilidad de que el INSS argumente que sí existen esas normativas --sea que las hubieran dictado ellos o la Presidencia de la República-- Báez se adelantó a recordar la existencia del decreto 2094, publicado en La Gaceta No. 113, del 17 de junio del 94, el que señala que toda ley, decreto, regulación o normativa de tipo fiscal, debe publicarse en La Gaceta, Diario Oficial, para tener vigencia u obligatoriedad legal.

“¿Dónde está publicado?”, se preguntó Báez, añadiendo de inmediato: “Y si lo estuviera, igualmente lo rechazo, porque sólo el Ejecutivo tiene potestad para hacerlo”.

¿Y si el INSS muestra que ésta ha sido una práctica común en las administraciones anteriores?

“Las listas de contrataciones pasadas no justifican una nueva ilegalidad. De existir realmente, esas listas serían ilegales, pero no les permite invocar inocencia”, recordó.

Caso no concluye con la devolución

Para José Adán Aguerri, presidente del Cosep, “que el Estado pague es lo esperable, lo normal. Lo que nos parece inadecuado es que no hubiera licitación, y se hiciera una contratación dirigida”.

Si hay pago, “el problema financiero se ve resuelto desde el punto de vista de los cotizantes, pero no de las empresas constructoras, porque no habría certeza en que fueran a tomarlas en cuenta en el futuro”.

Un diputado liberal de renombre que requirió el anonimato, opinó que “este gobierno no es serio: da un paso y se echa para atrás al ver la molestia causada en el país”.

“En caso de que el asunto sea resuelto, queda pendiente el peligro de que busquen otra gaveta para hacerlo, de modo que volvemos al tema de siempre: la transparencia. O Daniel Ortega tiene algo que ocultar o tiene la mente perturbada, como dice Dora María Téllez”, señaló.

El legislador cree que parte de la solución es aprobar una Ley de Transparencia que cierre todas las ventanas del Estado, “incluyendo la del INSS. El problema es que vivimos en un Estado de hecho, no de derecho”, preguntándose a renglón seguido: “Si la ayuda venezolana es tan copiosa, si son 520 millones de dólares, ¿por qué meter al INSS? Debe ser que la ayuda venezolana es mucho menor de lo que se dice”, especuló.

Por su parte, el experto fiscal Julio Francisco Báez dijo que él felicitaría al gobierno por rectificar “y por dejar de dar coces al aguijón, porque se evitó continuar agudizando el grave problema creado, pero haría falta evaluar si hubo daño patrimonial, y cobrárselo a los responsables”.

A su juicio, la Contraloría debió haber investigado desde antes, y tanto la sociedad civil como el Estado deben estar más alerta con esos recursos, rechazando que devolver el dinero sea una virtud, sino que es una obligación.