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PERE RUSIÑOL, Madrid / EL País
La semana laboral se extenderá en ocasiones hasta las 78 horas y se podrá encerrar a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses antes de expulsarlos. En algunas zonas, la Policía ya tiene derecho a detener a cualquier persona 42 días sin cargos. En otras, los servicios secretos cuentan con autorización para husmear en los correos electrónicos sin mandato judicial. No piense en China; tampoco en Estados Unidos. Todo esto sucede en la Unión Europea, abanderada durante décadas del modelo social que más protegía al ciudadano.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el alcance del giro, pero coinciden en que el avance de la derecha en casi toda Europa ha dejado su impronta en la UE.

En muy pocos días han coincidido dos proyectos que amenazan con hacer añicos el sueño europeo: la directiva para que la jornada laboral máxima pase de 48 a 60 horas --y excepcionalmente, incluso a 78-- y la que combate la inmigración ilegal con una dureza que hasta hace poco se asociaba a la extrema derecha. El contraste con el pasado reciente es sangrante: hace 10 años, el debate sobre la jornada laboral lo lideraba Francia con su propuesta de 35 horas. Y toda la Unión aislaba a Austria por abrir la puerta del Gobierno a un partido que se ensañaba con los inmigrantes.

La derecha dirige ahora las locomotoras europeas (Francia, Alemania, Italia...) y los Gobiernos de izquierda van camino de convertirse en una rareza, incluso en los países nórdicos. Pero la ola afecta a todos: los socialistas ni siquiera se han atrevido a oponerse en primera lectura a la directiva de la jornada laboral. Y 16 de los 19 socialistas españoles votaron a favor de la norma de inmigración.

La era del retroceso
'Estamos ante un retroceso clarísimo en los derechos sociales y ciudadanos', opina Nicolás Sartorius, Vicepresidente de la Fundación Alternativas, de inspiración progresista. 'Hay un ataque brutal a muchas conquistas logradas en las últimas décadas'.

'Nunca la correlación de fuerzas ha sido tan desfavorable, y esto nos lo pone muy difícil si queremos influir', explica Alejandro Cercas, ponente socialista en la directiva de la jornada laboral, que explica así la abstención socialista en este asunto: 'Si se quiere frenar la iniciativa hay que tratar de unir al mayor número de países y esto es más fácil con la abstención que con la negativa'. 'El momento es tremendamente delicado: con tantas barbaridades se están fabricando millones de euroescépticos', subraya.

En opinión de Cercas, la clave es que las decisiones importantes se toman en los consejos intergubernamentales, donde la mayoría de derechas es abrumadora. Cree que muchos Ejecutivos utilizan estos consejos para impulsar normas que temen llevar a sus Parlamentos nacionales por la erosión que podrían implicar. 'La UE se está utilizando como mecanismo para dar legitimidad a las políticas nacionales', recalca Sergio Carrera, del Centro de Estudios Políticos Europeos, con sede en Bruselas.

Culpable: la izquierda en crisis
'La tendencia es clara: los británicos, por ejemplo, imponen a Europa cuestiones en la lucha contra el terrorismo que ni siquiera se atreverían a plantear en la Cámara de los Comunes', le secunda Ignasi Guardans, eurodiputado de Convergència i Unió (CiU) adscrito al grupo liberal de la Eurocámara. Guardans votó a favor de la directiva de inmigración ('al menos es un primer paso hacia la regulación', opina), pero juzga innegable la derechización de la UE.

'Europa se ha vuelto de derechas porque la izquierda está en crisis y no sabe dar seguridad ni garantías. Además, los pocos gobiernos de izquierda que quedan son muy poco de izquierdas, incluyendo el de España', añade Guardans, quien niega en cambio que el 'modelo social europeo' esté en peligro. En su opinión, el riesgo está en el retroceso en las libertades como consecuencia de la 'guerra contra el terrorismo'.

Esta guerra la lidera en Europa el Reino Unido bajo la dirección de los laboristas. En teoría, pues, la izquierda. Pero en el país que aplicaba el Hábeas Corpus ya en la Edad Media, será ahora posible detener sin cargos durante 42 días (antes, 28) a cualquier sospechoso de terrorismo. 'La medida viola claramente los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo se está haciendo a costa de las libertades, también en Europa', lamenta Judith Sunderland, de Human Rights Watch. Suecia, hasta ahora otro referente mundial en el respeto a los derechos de los ciudadanos frente a posibles atropellos por parte del Estado, acaba de aprobar una ley que parece sacada del mundo orwelliano de 1984: el Estado podrá escrutar el contenido de todos los correos electrónicos.

Aparece Washington
La ampliación hacia el este, emprendida a partir de 2004, no ha hecho sino reforzar esta derechización hasta el punto de hacerla casi irreversible. El antiguo bloque del Este --la nueva Europa, como la llamó George W. Bush-- salió tan escaldada del totalitarismo que la agenda liberal y la complicidad con Washington forman parte del acervo de todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas.

'El peso de la historia explica que todos los nuevos países defiendan la misma agenda liberal y que todos hagan siempre causa común con los postulados tradicionales anglosajones', subraya Jan Techau, analista del Centro para los Estudios Europeos Alfred von Oppenheim, con sede en Berlín. En su opinión, sin embargo, el modelo social de la Europa occidental no está en riesgo porque 'la gran mayoría de competencias en protección social sigue en manos de los Estados'. 'La agenda neoliberal de la UE es más simbólica que real; no hay que temer a Bruselas porque en este aspecto no es más que un tigre de papel', concluye Techau.

Krysztof Bobinski, del centro de estudios Unia & Polska, de Varsovia, reconoce que la ampliación ha cambiado las reglas del juego: 'Tras años de dictaduras, nuestros estándares de derechos pueden ser inferiores a los de los países europeos, pero no conviene exagerar. Es toda Europa la que ha girado a la derecha; no es una cuestión simplemente del Este', insiste Bobinski.

'Las reglas son casi siempre liberales y ahora mismo no hay ningún proyecto político que aspire a gobernarlas', lamenta el sindicalista José María Zufiaur, consejero del Comité Económico y Social (CES) europeo. Zufiaur también juzga la ampliación como un factor clave en el giro, pero desde otra perspectiva, menos determinista y más política: 'Cuando España se incorporó a la UE le garantizó mucho dinero a cambio de que se fuera acercando a los estándares sociales del grupo para evitar el dumping [abaratamiento anormal de los precios]. Ahora se ha hecho lo contrario. A los nuevos miembros se les ha dicho: 'Les vamos a dar mucho menos dinero y compitan como puedan'.

Los que todavía no creen
Nadie niega el creciente predominio de la derecha en la UE. Pero no todo el mundo comparte la idea de que el giro socave la tradición de décadas de construcción europea tejida con el consenso entre la izquierda posibilista y una derecha de tradición democristiana. 'No hay ninguna evidencia de que Europa se esté convirtiendo en ultraliberal. Nadie está desmantelando el Estado del bienestar', recalca Simon Tilford, del Centro para la Reforma Europea, en Londres. Tilford ni siquiera considera que la directiva de tiempo de trabajo vaya a tener demasiado impacto. Guardans coincide: 'No se está acabando con ningún modelo social, pero deben romperse tabúes si queremos ser competitivos'.

Tampoco la directiva de inmigración choca con la tradición europea, según Carmen González, investigadora del Real Instituto Elcano: 'No hay que interpretarla como una reducción de libertades, al menos en el caso español [donde el Gobierno establecerá en dos meses el límite de retención de inmigrantes sin papeles], sino como una medida de eficacia y disuasoria. Hay que tener en cuenta además que algunos países no tenían ningún límite y ahora lo van a tener'. Bjarte Vandvik, secretario general del Consejo Europeo para los Refugiados (ECRE, en sus siglas en inglés), la ve en cambio como un ejemplo de 'la visión que tiene hoy Europa': 'inhumana e injustificada'.


Desmantelan el sueño europeo
Tanto la Unión Europea como algunos Gobiernos europeos han impulsado iniciativas recientes muy polémicas que han llevado a sectores sociales y políticos a advertir que el modelo europeo construido en las últimas cinco décadas está en peligro. Las principales áreas afectadas son inmigración, antiterrorismo y derechos laborales.

- Inmigración. La Eurocámara ha ratificado esta semana la polémica norma que autoriza la retención de inmigrantes sin papeles hasta 18 meses. Los menores podrán ser enviados a países distintos de los de origen. También se ofrece asistencia jurídica gratuita para determinados casos. Varios países latinoamericanos han bautizado la norma como 'directiva de la vergüenza'.

En Italia, el recién constituido gobierno de Silvio Berlusconi impulsa una reforma legal que convertirá la inmigración ilegal en delito y se la podrá castigar con hasta cuatro años de cárcel. También ha otorgado poderes especiales a los delegados del Gobierno para 'evacuar y expulsar' a los gitanos y ha autorizado que 2.500 militares patrullen junto a la policía para combatir la inseguridad, a la que vincula con la inmigración ilegal.

Francia, que exigirá a los inmigrantes que firmen un 'contrato de integración' que les comprometa a conocer el francés y respetar las costumbres de la República, fija cuotas de inmigrantes a expulsar: 25,000 en 2007 y 26,000 en 2008.

- Antiterrorismo. El Reino Unido amplía de 28 a 42 días la detención sin cargos a sospechosos de terrorismo, Francia permite interrogar a los sospechosos durante seis días sin la interferencia de abogados defensores y las normas que regulan el control en los aeropuertos de la UE son secretas. Suecia acaba de aprobar una ley que permite a los servicios secretos leer correos electrónicos y escuchar llamadas telefónicas. Los críticos sostienen que se trata del mayor ataque a las libertades registrado hasta ahora en Europa.

- Condiciones laborales. Si sale adelante, una directiva de la UE pondrá fin a la jornada laboral máxima de 48 horas semanales aprobada por la OIT en 1917. Pasaría a 60 horas y, en casos excepcionales, podría llegar hasta 78. España se opone. En los últimos seis meses, tres sentencias del Tribunal de Luxemburgo han dejado clara la prevalencia de los intereses de las empresas frente a derechos sindicales.