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Tercera y última entrega

Nuevas disposiciones rigen el negocio del agua envasada después de un año de operativos de las autoridades, tanto para las fábricas como para los proveedores, distribuidores y comercializadores de bolsas y botellas. Es una industria con un rostro más legal para vender agua, algo que apenas anhelan los Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que sin legalidad alguna proveen el líquido a las comunidades rurales más sedientas mediante un servicio público que supera en cobertura a Enacal.

La Dirección de Registro y Control de Alimentos del Ministerio de Salud (Minsa) anunció a los envasadores de agua que el trámite para emitir o renovar una Licencia Sanitaria para operar en este negocio “ahora tiene un nuevo componente de mayor exigencia, pues incluye buenas prácticas de manufactura”.

Eso lo garantizó Edgardo Pérez Baca, titular de esta extensión del Minsa, quien estimó que después de revisar los resultados encontrados en los operativos, la comisión que desarrolló esta investigación dispuso mayores controles y exigencias para las fábricas envasadoras.

Aumentan requisitos

“Ahora es un requisito que el negocio cumpla con buenas prácticas de manufacturas. Antes sólo necesitaban condiciones higiénico-sanitarias para empezar a operar, pero ahora contamos con un reglamento de buenas prácticas de manufactura que va más allá”, especificó.

Además de condiciones higiénicas, las autoridades están revisando que estas fábricas tengan equipos automatizados o semiautomatizados, además de higiene del personal, control de plagas en las instalaciones y buenas prácticas ambientales. “Ya tenemos entonces una exigencia de inocuidad del producto”, refirió Pérez Baca.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) hasta ahora no registra una sola denuncia contra una marca o fábrica de agua envasada, pero sus funcionarios aseguran que en el último año dispusieron mayores controles en cuanto a la venta del producto.

Haraxa Sandino Méndez, titular de la Dirección de Defensa de los Consumidores (DDC) del Mific, dijo que cualquier botella que circule en el mercado ahora debe tener una etiqueta donde aparezca la marca, la dirección de la empresa, el teléfono de atención al consumidor, registro sanitario, lote de fabricación, fecha de expiración, tipo de agua envasada y declaración de contenido.

Pérez Baca enfatizó que este último detalle empezará a aparecer en las etiquetas de las bolsas y botellas en las próximas semanas, para exponerle al consumidor el contenido químico y el proceso de tratamiento que tuvo ese líquido antes de llegar al mercado.

Embotellada para emergencias

Sandino Méndez subrayó que estas regulaciones permiten garantizar un agua envasada de calidad para el país y el mismo gobierno, pues juega un papel fundamental en la atención a desastres, y eso se demostró durante las recientes emergencias que provocaron el huracán “Félix” y la tormenta tropical “Alma”.

“Lo primero que piden los afectados es agua, y la primera que llega a los refugios es la embotellada”, enfatizó el funcionario.

Y es que se trata del primer producto de la lista de necesidades y de alimentos para damnificados que presentan en sus instructivos para casos de emergencias entidades como Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Cruz Roja, Media Luna Roja y FAO.

Consumidores beligerantes

Los funcionarios enfatizaron que por eso los consumidores deben ser beligerantes al momento de comprar agua envasada, y esto empieza por revisar cuánto tiempo lleva el líquido en el envase, que no debe ser mayor de seis meses en el caso de la botella y un mes en el caso de la bolsa.

“Toda la información ahora está en la etiqueta, y lo mínimo que se le pide al consumidor es que la revise antes de comprarla, pues cada parte tiene su responsabilidad en este negocio, y esa parte está bajo su propio riesgo”, dijo Sandino Méndez.

Los representantes de ambos ministerios aseguran que este negocio ahora está más regulado y goza de “un rostro más legal”, pero Fabiola Tábora, Secretaria Ejecutiva para Centroamérica de la Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés), dijo que dicha regulación a nivel regional siempre está orientada a garantizar el comercio ordenado de estas empresas, pero no la preservación y gestión del recurso.

Sólo calidad y negocio

“Los gobiernos de Centroamérica permiten este negocio, y sólo intervienen en la calidad y comercialización, pero siempre se alejan de los cánones que deben pagar estas fábricas, las cantidades de agua extraída, de dónde obtienen el líquido y la competencia que desarrollan por extraer agua de las mismas fuentes del servicio público, dejando sin agua a las comunidades vecinas”, explicó Tábora.

Subrayó que estas empresas se están asentando de forma agresiva en el mercado centroamericano, pues encuentran menores regulaciones y mejores condiciones de mercado, pues las aguas subterráneas son excelentes en la región y Nicaragua está entre las mejores.

“Es que las aguas subterráneas son más limpias y requieren un tratamiento mínimo, lo que demanda una menor inversión y mayores ganancias, a diferencia de las aguas superficiales. Si no, entonces cabe la pregunta, ¿por qué estas empresas no toman el agua de un lago o alguna laguna y la purifican?”, preguntó la titular de GWP.

¿Y el INAA?

Aseguró que no hay fiscalización sobre las concesiones de los pozos y fuentes que utilizan estas empresas, una labor que en el caso de Nicaragua le corresponde al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), ente rector del servicio que ha guardado con recelo esta información.

Tábora opina que los gobiernos poco evalúan el contenido de estas aguas y el debido control de extracción y calidad de las mismas. “El agua es un motor del desarrollo para las comunidades y el gobierno de Nicaragua anunció que es tema prioritario en su agenda, lo que debe ser retomado para que las zonas rurales y sedientas logren el desarrollo”, indicó.

Antonio Ruiz, Director de la Fundación del Río, una organización que vigila este recurso en Río San Juan, dijo que en su zona abunda el agua en cada metro de extensión geográfica, sin embargo, “sólo unos cuantos la tienen en forma potable, bebible, y la mayoría de la gente usa aguas superficiales o compra agua purificada en botella. No hay otra opción para saciar la sed”.

Suben el precio donde no hay

Explicó que Río San Juan está poblado por unos 110 mil habitantes, pero sólo hay dos acueductos del servicio público de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) en igual número de comunidades. Es el caso del casco urbano de San Carlos, donde se abastece a 15 mil personas. En San Miguelito otros nueve mil son abastecidos de la misma forma.

“El resto se las ingenia, se las arregla... busca conseguir de algún modo su agua para tomar”, señaló Ruiz, al referirse a más de 85 mil personas. “En esas zonas es donde se consume bastante agua embotellada, aunque no tiene la seguridad que uno espera. Es que hay muchas aguas pesadas en estos lugares y usan el agua embotellada porque creen que es más limpia y más sana”, explicó.

Ruiz asegura que Río San Juan es un “negocio floreciente” para estas empresas, porque un bidón de cinco galones cuesta 30 córdobas en Managua, pero en San Carlos alcanza los 60. “Lo mismo pasa con una botella de ocho córdobas, que en este lugar cuesta unos 18”.

CAPS resuelven sin envases

Indicó que la única alternativa para las comunidades es organizarse en los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), los que han solucionado el problema de sed en medio de tanta agua del Río San Juan. “Son sistemas, pequeños acueductos donados por organismos, y han quedado en manos de los lugareños, quienes los administran con visión de comunidad”, manifestó.

Salvador Montenegro Guillén, Director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), asegura que estos Comités desde hace muchos años están resolviendo el problema de sed en estas zonas, y lamentó que se legalice a empresas que venden agua en envases mientras se deja el asunto pendiente con los CAPS.

Montenegro, quien es Presidente para Nicaragua de la Asociación Mundial del Agua (GWP), pidió a las autoridades la legalización y ordenamiento de estas estructuras de la misma forma en que se ordena y legaliza el agua envasada.

Piden legalización

Son más de cinco mil 200 pequeñas organizaciones sociales rurales que, según la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA), no fueron incluidas en la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) aprobada por la Asamblea Nacional el ocho de mayo del año pasado.

Tampoco aparecen en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y llevan el servicio de agua a un millón 200 mil pobladores de zonas rurales. Es decir, los CAPS llevan el vital líquido a más del 23 por ciento del país, y al sumar a todas las familias beneficiadas, triplican la cantidad de clientes que reciben el servicio de Enacal.

En octubre del año pasado, los CAPS buscaron legalizarse para expandir el servicio en sus comunidades y gozar de otros beneficios de las alcaldías, empresas e instituciones presentes en sus zonas, según Montenegro Guillén.

Presentaron al Parlamento un proyecto de “Ley Especial de Comités de Agua y Saneamiento” y hasta el momento se desconoce su paradero. Tábora y Montenegro, representantes para Centroamérica y Nicaragua de GWP, coinciden en señalar que las autoridades deberían prestar más atención a estas iniciativas, pues merecen atención gubernamental.

Suficiente agua pero falta servicio

“Aquí hay agua, aquí el problema no es falta del recurso, sino un problema de gestión y concentración demográfica, por eso los CAPS resuelven y podrían aumentar su respuesta si reciben la legalización”, explicaron.

Dijo que la precipitación pluvial media en nuestro país (2 mil 931 milímetros de agua al año) garantiza 130 mil kilómetros cuadrados de agua a los nicaragüenses. Es decir, 106 mil 265 litros al día para cada habitante, sin embargo, el agua subterránea que sirve a los pozos de Enacal y las empresas envasadoras sólo suma 59 kilómetros cúbicos al año, lo que reduce drásticamente la cantidad unitaria.

El director del CIRA dijo que nuestro país debe cuidar más este recurso, pues el agua ya se muestra como causa de las primeras controversias entre países, y sin duda, “en la medida de la calidad y cantidad existente en una nación, será el nuevo petróleo de los próximos años”.

 

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