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La violencia contra la mujer sigue viento en popa, las violaciones al derecho a la crítica y la protesta cívica quedaron demostradas, la libertad de expresión fue vulnerada con mayor gravedad, y tanto el Poder Judicial como el Electoral mostraron sumisión al orden del Ejecutivo, según organizaciones independientes de derechos humanos, que analizaron la situación durante 2011.

Y es que si bien los niveles de denuncias por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en cifras son muy similares a los años anteriores, lo cierto es que la gravedad de los casos es mayor, y ha sido reiterativo tener que acudir a las organizaciones de derechos humanos internacionales, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

Mauro Ampié, encargado de relaciones internacionales del Cenidh, destacó que el año concluye con hechos de violencia con un elevado costo para la vida de las personas en Coperna, El Carrizo, y en la zona de Rosita, ocurridos en el contexto post electoral. Por esto consideró la necesidad de que el gobierno dé respuestas integrales y tome medidas para que la espiral de violencia no continúe y no alcance efectos devastadores para la nación.

“Habría que analizar las causas del movimiento de grupos armados y --ya sea por inconformidad política o por ser simples grupos delincuenciales-- tomar las medidas, según el caso, antes de que esta sociedad pierda la capacidad de solucionar las controversias por las vías pacíficas”, destacó Ampié.

Aunque el recuento de denuncias de 2011 en el Cenidh aún no está procesado, la tendencia es similar a la del año pasado, cuando llegaron a las 4,000, pero es de señalar que la gravedad de las mismas es mayor.


Casos graves a organizaciones internacionales
“Vinieron más denuncias por violaciones al derecho a la vida en circunstancias vinculadas con el proceso electoral y poselectoral. Por otra parte, tuvimos que recurrir con más frecuencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no solo con nuestra presencia en audiencias, sino también con reuniones con los comisionados de la organización”, dijo el representante del Cenidh.

En estas audiencias se documentó e informó las irregularidades del proceso electoral, comunicaciones específicas con la Relatora para la Libertad de Expresión, en el caso de EL NUEVO DIARIO; sobre el asedio y obstaculización a La Prensa; el acompañamiento del concejal Luciano García, procesado por exigir cuentas claras al debido uso de los fondos de la comuna capitalina; también se acompañó a Margarita Vigil, quien denunció la violación a su derecho a ser candidata para un cargo público, dado que el Consejo Supremo Electoral interpretó de manera antojadiza y restrictiva la leyes electorales.

 

Estos, entre otros casos.
Indicó que este año no se observó de parte del Estado una respuesta positiva o voluntad por contribuir a una relación más efectiva con las organizaciones de la sociedad civil. Así se continuaron cerrando espacios, y en el quehacer de las organizaciones de derechos humanos se negó el acceso a los sistemas penitenciarios para verificar el trato a los privados de libertad, esto a pesar de las promesas del Ministerio de Gobernación de que había puerta libre.

Tanto el Cenidh como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, remarcaron la violación al derecho a la libertad, dado que se contabilizaron decenas de casos en que los privados de libertad habían cumplido sus condenas, pero violando y desconociendo abiertamente las disposiciones del Poder Judicial, no se les permitía la salida, incluso rechazando a los jueces de ejecución.

Igualmente, la ciudadanía denunció casos de torturas en las celdas policiales contra personas detenidas, principalmente a quienes estaban vinculadas a movimientos, partidos políticos de oposición y organizaciones críticas al gobierno.

 

Gobierno con oídos sordos
“El Estado ha rechazado rectificar situaciones violatorias a los derechos humanos, esto a pesar de que en el Examen Periódico Universal, las instancias de Naciones Unidas pidieron directamente, tomar acciones concretas en lo que respecta a una Ley Electoral, con el fin de que esta permita a la población una plena participación; además, tomar acciones contra los hechos de violencia intrafamiliar y sexual; que se permita la restitución del aborto terapéutico, y el respeto y cooperación con los defensores de derechos humanos, entre otras cosas”, comentó Ampié.

En el caso de la observación a las elecciones por parte del Cenidh, mencionó que durante las elecciones nacionales de noviembre sintieron un giro de 180 grados en comparación con los otros procesos electorales, dada la hostilidad con que fueron recibidos los equipos de monitoreo en algunos centros de votación.

“Con el solo hecho de vernos aproximarnos con nuestras camisetas de identidad, ante nuestros ojos se movilizaba gente fuera de las Juntas para decirles a los policías electorales que no nos dejaran entrar, incluso antes que hiciéramos nuestra solicitud”, comentó Ampié, algo que también ocurrió a los equipos de CPDH.

Alegó que muchas de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en 2011, estuvieron asociadas al afán de reelección del presidente Daniel Ortega y su partido de gobierno, pues en la medida que ese proyecto se desarrolló contraviniendo disposiciones constitucionales, generó reacción en un sector importante del pueblo nicaragüense, que quiso ejercer su derecho de expresión y de manifestación.

Sin embargo, este derecho fue obstaculizado por las autoridades policiales, y en ocasiones reprimido. Durante el acompañamiento del Cenidh a esas marchas, a pesar de que la organización tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso cinco miembros del Cenidh fueron agredidos por agentes de la Policía.

Por otra parte, los medios escritos con perfil crítico o independiente (también fueron agredidos), en el caso de EL NUEVO DIARIO a inicios del año experimentó el bloqueo de materia prima, y dos de sus periodistas, la corresponsal Silvia González y Luis Galeano fueron amenazados por sus escritos que denunciaban la corrupción en instituciones estatales diferentes. La corresponsal, ante la indefensión y la falta de acción de las autoridades contra el responsable de las amenazas hacia ella y su familia, decidió abandonar el país.

 

Violencia contra la mujer
La gran mayoría de las denuncias en las organizaciones de derechos humanos estuvieron vinculadas a la violencia intrafamiliar y sexual.
Herenia Amaya, abogada y parte de la comisión coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, RMCV, consideró que para las mujeres no hubo avances significativos, y más bien, de acuerdo con los análisis y con las valoraciones, realmente hay un retroceso.

“Ejemplo de esto no solo fue que ni la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde hay recursos por inconstitucionalidad, mientras los legisladores no revisaron la situación del aborto terapéutico, siguen muriendo mujeres y más niñas abusadas resultan embarazadas producto de violación, y (son) obligadas a parir por el Estado, poniendo en riesgo su vida. Antes de las elecciones se dio un caso de embarazo por violación, y tras obligarla llevar el embarazo el resultado fue visto como un milagro y la violación quedó en la impunidad”, remarcó Amaya.

La representante de la RMCV también enfatizó el caso de la sentencia a favor del violador Farinton Reyes, quien tras una condena de ocho años, en estos momentos está en su casa, y sólo cumplió aproximadamente el 10% de su pena. “Esto fue una bofetada a todas las mujeres y una aberración jurídica, y marcó precedente en el sistema judicial de nuestro país, dejando en la indefensión a las víctimas.

“Hemos ido de retroceso en retroceso. Otro ejemplo es la situación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que desde octubre el Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”, MEC, interpone su propuesta, y de inmediato la CSJ introduce otra. Así inició toda una campaña para que los diputados aceptaran la consulta nacional sobre la ley, pero muchos de los aportes no se incluyeron, entre estos, el resarcimiento hacia las víctimas se minimizó, igual el tema de la violencia institucional, que no se concretó alrededor de la sanción o castigo para los funcionarios que no cumplan con su labor, entre otros aspectos”, dijo la abogada.

Sandra Ramos, Directora del MEC, dijo que como organización y como mujeres no pueden darse por satisfechas de que la Ley se haya aprobado solo en lo general, lo más importante es ver qué cambios se realizarán antes de aprobarse en lo particular y si se sostiene el espíritu del anteproyecto que inicialmente se interpuso.

“Es vergonzoso que cerraran el 15 de diciembre llevando en su haber, aprobado con rapidez, una ley que protege la vida de los animales, pero que solo dejó aprobado en lo general a una ley que puede salvar la vida de las mujeres”, dijo Ramos, recordando que este año la última contabilización de femicidios hasta mitad de este último mes era de 80 muertas.

Desatacó que continuarán luchando en 2012 para que se cumpla la aprobación, y será un reto y un desgaste tener que volver a trabajar con la nueva legislatura, con buena cantidad de diputados que no conocen la ley.

 

Restitución de derecho aunque no en 100%
Sixto Ulloa, Procurador Especial de Participación Ciudadana, en nombre de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, remarcó de que en Nicaragua, a pesar de ser el segundo país más pobre de América Latina, se ha visto la restitución de derechos, que si no en un contexto del 100%, se debe enfatizar en los avances obtenidos hasta el momento.

“El gobierno y sus instituciones, las iglesias y la iniciativa privada, han elaborado un proyecto para el mejoramiento del desarrollo del derecho humano. Otra cosa observada es que la Corte Suprema de Justicia ha mejorado su labor y disposición tanto en el campo como en la zona urbana, y el derecho humano del detenido está basado en el respeto a su condición humana. Con esto no quiero decir que no hay fallas, pero tanto la Policía como el Ejército y la CSJ, se han interesado en capacitar a su personal, al igual que las alcaldías y el Ministerio de Educación, entre otros”, comentó Ulloa.

Dijo que los agentes ya están claros de lo que es el derecho del ciudadano, pero también el ciudadano a veces la arremete contra la policía, por eso en algo que la PDDH asegura que podrá énfasis es en la defensa de los derechos humanos de los policías, que en los últimos meses han sido víctimas de lesiones y muerte.