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Especial de Confidencial.com.ni

Para donde los reos huyeran iban a encontrar la muerte. Unos morían hincados, rezando; otros, pegados a los barrotes de la celda. Todos corrían desesperados, angustiados, tratando de escapar del abrazo de la muerte que los envolvía en forma de llamas.
Y también hubo disparos. Venían de los guardias de la prisión, la cárcel modelo de Comayagua, en Honduras, a 90 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Los guardias disparaban a matar, para evitar que los presos escaparan del infierno. Que murieran ahí, encerrados, como la justicia lo había dispuesto. “Era angustiante elegir cómo morir: baleado o quemado”, afirma “Antonio”, cuyo verdadero nombre ocultamos por razones de seguridad. Él es un reo sobreviviente del incendio en el centro penal de Comayagua.
El hacinamiento en la cárcel era asfixiante. El edificio, en pésimas condiciones de infraestructura, estaba diseñado para albergar a 500 personas. Pero lo habitaban más de 800. Irónicamente, ese hacinamiento salvó la vida a varios reos, cuenta “Antonio”.
“Cuando el lugar comenzó a arder formamos un molote. A punta de empujones botamos las puertas para escapar de las llamaradas, porque el guardia que estaba de turno esa noche decía que se le habían perdido las llaves”, recuerda el reo.


Escenas dantescas
El incendio se desató, según las autoridades del penal de Comayagua, la madrugada del miércoles. Tomó a los reos por sorpresa: bajo el humo y las llamas, los gritos de desesperación, los reos tropezando unos con otros, los oficiales disparando, y la muerte que dio su abrazo terrible a más de 300 presos.
Al amanecer, de los cadáveres chamuscados emanaba todavía humo. La noticia comenzaba a conocerse en los medios hondureños. Primero como un murmullo, un titular mañanero; luego con más detalles, hasta acaparar todo el espacio mediático, la gran tragedia, el horror de una historia que en unas pocas horas encabezaría titulares en todo el mundo.
El dato era terrible, y se repetía de titular en titular: 356 presos perdieron la vida chamuscados… La noticia se sumaba a las tragedias que desde hace años hacen de Honduras una nación en decadencia: ayer un presidente depuesto a punta de pistola, expulsado del país en pijama; ayer el exterminio de periodistas, aquel baleado a unos metros de su casa, después de una jornada de trabajo; hoy esta historia, presos calcinados, familiares angustiados sin saber, a días de la tragedia, si podrán enterrar a sus muertos, porque las autoridades siguen sin reconocer los cadáveres.
Esto es Honduras. El país más violento del mundo. La pequeña nación donde la vida no vale nada, donde 20 personas son asesinadas al día, según las Naciones Unidas. Pero 356 es un número demasiado grande para que no le pese al presidente de este país, Porfirio Lobo. Y los ojos de los familiares se vuelven hasta la Casa Presidencial.
Lobo decretó duelo nacional a causa de la tragedia. Ordenó iniciar una investigación exhaustiva para dilucidar las causas del siniestro. Sin embargo, la credibilidad del gobierno, la poca que quedaba, se tambalea, aunque en Honduras hay voces que prefieren no echar toda la culpa al Gobierno.
“La culpa no es sólo del gobierno de Lobo, sino de la crisis que enfrenta el sistema penal desde hace muchos años. Los 24 centros penales que existen en Honduras no forman un verdadero sistema penal; no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los reclusos”, explica Víctor Meza, exministro de Gobernación, vía telefónica desde Tegucigalpa. “Ordenar la investigación es lo único que le queda”, agrega.
La tragedia carcelaria de Comayagua ha sido la más dramática registrada en Honduras. El país cuenta en su historial con tres desastres carcelarios en menos de nueve años. El 28 de febrero próximo, Honduras está citada a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, por el incendio registrado en la prisión de San Pedro Sula en mayo de 2004, donde perecieron 107 reclusos.
Meza asegura que el desastre de la prisión de Comayagua deja entrever las deficiencias estructurales que posee todo el sistema judicial y carcelario hondureño, conformado por jueces, fiscales y administraciones de los 24 reclusorios. “La población de reos sin sentencia en el país anda por el 50%”, dice el exfuncionario.
Las radios catrachas en sus trasmisiones hablan “sobre una supuesta fuga planificada con las autoridades del penal de Comayagua, a quienes pagaron 85 mil lempiras por dejar escapar a más de 80 reos. Sin embargo, un sobreviviente del incendio dijo que las autoridades del penal los traicionaron y metieron fuego a las celdas”.

 

Cuerpos amontonados sin identificar
“Antonio” no se lo cree. Está vivo. Su voz atropella las palabras. Se corta. Es temblorosa. Dice que se salvó de milagro. “Con ayuda de Dios”, recalca. Un cuerpo menos por identificar para el sargento Ramiro del Cid, jefe de la Policía hondureña que se pasea por el lugar de la tragedia, tratando de controlar la angustia de los familiares.
“A todos los familiares de las víctimas les informamos que los sobrevivientes del incendio están siendo atendidos por los médicos. Les rogamos que se acerquen donde se encuentran los forenses para que reconozcan a las primeras 115 víctimas mortales, para ser trasladados a la morgue de Tegucigalpa”.
Por más que intenta apaciguar los ánimos, Ramiro del Cid no puede con los llantos y el tropel de los familiares que exigen saber qué pasó con sus víctimas. Radio Globo, la emisora censurada durante el Golpe de 2009, informa que “aún cientos de reos quemados no han sido identificados por sus familiares. Los cuerpos sin vida yacen amontonados en la morgue de Tegucigalpa. Las autoridades alejan más a los familiares que están alrededor de la morgue por temor a que se desate una epidemia”.
A las afueras de lo que queda del edificio carcelario de Comayagua, las autoridades piden “paciencia” a los familiares de las víctimas. Pero es difícil. Ancianos, jóvenes y niños, pero principalmente mujeres, no dejan de llorar.
“No hay excusa para que los guardias perdieran las llaves. Nos dejaron morir como perros y encima nos volaron plomo”, insiste “Antonio”, quien ha estado tras las rejas durante 12 años.
Aunque la investigación ordenada por Lobo no ha iniciado, los catrachos ya tienen varias hipótesis sobre la causa del siniestro. Otra masacre, la registrada en la cárcel de El Porvenir en 2003, alienta la imaginación de los familiares de los convictos calcinados en Comayagua. Creen que la causa del incendio fue una “pasada de cuenta” entre miembros de organizaciones criminales en la prisión.
El exministro Meza, por su parte, cree que la causa puede haber sido la sobrecarga de sistema eléctrico en Comayagua. “Hay reclusos que tienen televisor, radios y hasta planchas en la cárcel, y el sistema obsoleto colapsa por la gran demanda”.
El Ministro del Interior añade que la presencia del crimen organizado dentro de las penales, mezclado con el hacinamiento, se convirtió en un “cóctel explosivo” que pudo haber causado la tragedia.
“La instauración de redes del crimen organizado en los centros penitenciarios, así como la corrupción de las filas policiales encargadas de regir el sistema penal, desembocan en tratos atroces para con los reos. Luego, súmele la sobrepoblación en las granjas penales: es un cóctel explosivo”, admite Meza, a cuyo cargo estuvo el sistema en sus tiempos de funcionario.

 

Sin personal capacitado
No solo el exministro reconoce que Honduras no cuenta con personal capacitado para manejar los centros penitenciarios. Juan Almendares, director del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt), señala que las fuerzas encargadas de administrar el orden en las cárceles carecen de entrenamiento adecuado, y considera indispensable tomar cartas en el asunto.
“En los vídeos presentados en la televisión se ve cómo los guardias de la granja penal de Comayagua disparaban a los reos cuando se corrían del fuego. Lo mismo sucedió cuando el huracán Mitch: los reclusos al querer de salir de las celdas para no ahogarse, fueron baleados por los guardias. Esta conducta demuestra que el personal no está capacitado para controlar situaciones extremas”, argumenta el defensor de derechos humanos.

 

Urge nuevo sistema penitenciario
Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, dijo a Confidencial que lamentan lo ocurrido en Comayagua. “Lo importante no es lo que pase con el gobierno de Lobo, sino que el gobierno indemnice a los familiares de las víctimas fatales y sobrevivientes”.
Como Custodio, Almendares --del Cptrt--, espera que la comisión de ingenieros eléctricos delegada para las investigaciones actúe con beligerancia y credibilidad para determinar las causas del incendio.
Los activistas de derechos humanos señalan la necesidad de crear un nuevo sistema penitenciario en todas sus variantes, depurando la corrupción que existe en las filas actuales, en pro de buscar modelos más humanos para que los reclusos puedan pagar las condenas dignamente.
Ambos dirigentes civiles dicen que la solución no consiste en construir cárceles al estilo “gringo”, como la recién edificada en Tegucigalpa. “El gobierno dice que no hay dinero para construir nuevas cárceles como la de la capital, que costó más de 84 millones de lempiras. Pero ese modelo gringo lo repudiamos porque es anti-humano. En Tegucigalpa los reos pasan aislados 22 horas al día, y salen apenas dos horas al sol encerrados todavía en jaulas”.
Almendares propone al gobierno buscar fondos para reparar los 24 penales que ya funcionan en Honduras, y capacitar a los encargados del sistema penitenciario para evitar tragedias como la de Comayagua, y que los reos sufran trastornos psicológicos al pagar condenas.
Mientras las autoridades buscan responsables de la peor tragedia carcelaria que se ha registrado en Centroamérica en los últimos años, los familiares esperan al menos poder contar con los cadáveres de sus deudos para enterrarlos decentemente. El viernes fueron enterradas las primeras dos víctimas, por lo que el número sin identificar sigue siendo apabullante.
Los primeros 115 cadáveres quemados llegaron a Tegucigalpa la tarde del miércoles. Los presos sobrevivientes con quemaduras graves son atendidos en hospitales capitalinos. De acuerdo con versiones de familiares, hay varios con heridas de bala en el cuerpo.
“Antonio” sigue en las afueras del penal reducido a cenizas. A un lado, calcinados, yacen los cuerpos de quienes fueron sus compañeros de celda. “Antonio” repite como letanía que está vivo de milagro. Esta vez, la muerte para él pasó de largo.

 

 

Preocupación Centroamericana
La tragedia en Comayagua ha despertado la preocupación en las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos por el hacinamiento en los sistemas penitenciarios centroamericanos.
“Los penales muestran serios problemas entre el espacio físico y la población carcelaria. Según las estadísticas del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), las tasas de encarcelamiento de Honduras fueron 164 por 100 mil habitantes en 2008, y la sobrepoblación penal fue casi un 40%”, afirma Álvaro Cálix, investigador del Informe Estado de la Región.
La mayoría de países centroamericanos no han invertido significativamente en el sistema penitenciario. No hay construcciones o ampliaciones importantes desde hace 40 o 50 años, según Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.
El caso del Centro Penal de Tipitapa, La Modelo, es un ejemplo del olvido al que han estado sumidos los sistemas penitenciaros por parte de los gobiernos.  
Según datos la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH, La Modelo alberga a 3,200 privados de libertad, cuando su infraestructura está diseñada para soportar a un mil 800 personas.
Esta sobrepoblación acarrea incapacidad para satisfacer las necesidades de los reos, como asistir a un médico cuando no es necesario, principal problema en Tipitapa, afirma Denis Darce Solís de la CPDH. Asimismo, los reos están expuestos a los retrasos de las evaluaciones periódicas que requieren los jueces ejecutores de sentencia, alargando más la estadía en prisión.
El informe del Centro de Estudios de Guatemala, CEG, demuestra que El Salvador invierte US$0.35 diarios en un preso. La miseria invertida por el gobierno de El Salvador es superada por Nicaragua que invierte apenas US$0.50.
Según el informe, “los modernos tratados internacionales y el cada vez más amplio marco de derechos humanos no se corresponden, ni con las obsoletas leyes penitenciarias (en los países donde existen), ni con la arcaica infraestructura de los centros penales centroamericanos, construidos a comienzos del siglo pasado, ni con los lentos y corruptos procedimientos judiciales que rigen la región.”

 


(Reporteros de Radio Globo contribuyeron a este artículo)