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  • Tomado de Confidencial

El 20 de diciembre del año pasado, cuatro pescadores se encontraron, mientras navegaban, una bolsa amarilla cuando les faltaba una hora y 30 minutos para llegar a Puerto Cabezas, provenientes de los Cayos Miskitos.

Un mes trabajando de sol a sol terminó con una bolsa llena de dólares. Elvis Alfred Wellington, de 30 años, padre de un niño y habitante del barrio Spanish Town, se quedó con US$20,000, que servirían, dijo, para edificar en concreto la casa de mitad madera y cemento de su madre.

Un "regalo" del mar

La señora, muy feliz, escondió el dinero en la funda de su almohada, mientras el pescador gastaba a manos sueltas el pago por el duro oficio de sacar la langosta del mar, que significa C$11 por libra sacada de las aguas del Caribe nicaragüense y que, tras el trabajo en los cayos, le había permitido sumar entonces C$4,000.

“Yo le dije al Policía: ‘Si vos mirás reales, ¿no los agarrarías?”. Yo los agarré porque los traje a mi casa, y ellos me preguntaron cuántos kilos hallé, y yo les dije que solo reales encontré”, recuerda Wellington --de camiseta crema y de short-- que les dijo a las autoridades.

Sin embargo, el dinero está en disputa con la Policía, que se niega a regresarlo, pese a que el Ministerio Público mandó a archivar el caso porque el joven no está vinculado a ninguna red de narcotraficantes.

La historia de este pescador es ilustrativa del fenómeno del tráfico de drogas que en esta región inmensa --entre norte y sur suman casi el 50% del territorio nacional-- seduce a los más pobres.

Según datos de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza es generalizada: 12 de los 25 municipios más pobres de Nicaragua se encuentran en las regiones Norte y Sur del Caribe.

Yáder Pineda, uno de los abogados del pescador, dice que en ese diciembre surgieron muchas pequeñas fortunas en el pueblo.

Habían ocurrido algunos quiebres de droga, mucho dinero había sido abandonado en el mar, y la población solía andar en sus bolsas miles de dólares. Pineda dice que conoce a un señor que tenía US$2,000, y que cuando fue a comprar una fritanga, el dinero le fue decomisado por las autoridades.

El dinero proveniente de estas actividades provoca que los comerciantes se muevan de una comunidad a otra para vender sus productos a precios de locura: camisas baratas que son pagadas por los comunitarios en US$100 o motos que llegan a comprarse en US$10,000, en una suerte de fiebre de consumo propiciado por lo ilícito.

Se pierden rostros honestos

Los litorales norte y sur de la Región Autónoma del Atlántico Sur son parte de un corredor de la droga que, en los próximos años, podría verse aún más amenazado, porque la cocaína que circula en el istmo podría mandarse en gran parte a Belice, lo que convierte a estas comunidades nicaragüenses en un paso obligado, dice el Ejército.

El profesor Avelino Cox, sociólogo y morador de Puerto Cabezas, aún recuerda cuando, despuntando los años 90, los comunitarios eran inocentes.

Hoy el escenario es completamente distinto. La vida comunitaria, cultivada de generación en generación se ha trastocado.

Mucha gente --dice el pastor Marcelo Borge, de la Iglesia Morava-- ha perdido su rostro honesto. Una metáfora que describe los bienes obtenidos por la gente que abandonó su vida normal para meterse al narcotráfico, que es visto en las comunidades pobres como “una bendición de Dios”.

El religioso cuenta que en algunas comunidades lejanas y fronterizas con Honduras, la influencia es notable de lo que él llama “el mal de nuestro tiempo”. Narra el caso de tres traficantes hondureños que en aquel país se disputaban el territorio y tenían su ejército privado.

A cada integrante de este cuerpo armado, que les daba seguridad a sus transacciones, le pagaban C$20,000, mucho más de lo que gana un soldado a cuenta del Estado, según el reverendo.

El progreso, entonces, iba de la mano de los narcos, y uno de ellos intentó hacer una carretera que llegaría hasta el Triángulo Minero.

Varios nombres suenan en Puerto Cabezas cuando se habla de penetración del narcotráfico. Borge menciona los casos de Sandy Bay (Bahía Arenosa) y de Walpasiksa (Piedra Negra).

Sandy Bay, desde 1994, era considerado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, como un sitio de trasiego de cargamentos que venían desde San Andrés, bajo control colombiano.

En 2005, a un comunitario la Policía le encontró US$635,000 que tenía en su casa, y que era mucho dinero para una comunidad donde el 60% de sus habitantes viven de la pesca.

Piedra Negra fue famosa, en cambio, por una emboscada en la que murieron dos soldados. La versión oficial dice que 18 comunitarios se unieron a narcos del cártel de Cali para salvaguardar un cargamento de tres toneladas de cocaína que se hallaba en la comunidad después que cayó una avioneta.

Los contrastes en Sandy Bay

Después de dos horas en panga, con la espalda destrozada, se avista Lidaukra, la primera comunidad de Sandy Bay, localizada a 30 millas náuticas desde Bilwi, principal ciudad de Puerto Cabezas, RAAN.

Será cuestión de cinco minutos para que la lancha con un motor de 200 caballos de fuerza, algo inusual entre el resto de pescadores, nos lleve finalmente a Ninayari (Nombre Largo), la entrada oficial a las 10 comunidades donde viven al menos 15,000 personas.

El sitio es de una belleza encantadora. Digna de una postal. La gente es hospitalaria, según el intérprete, pero la comunidad resiente haber sido engañada por un oficial de la Policía, que llegó semanas antes disfrazado de vendedor de trufas, y que luego participó activamente en un operativo contra cuatro dirigentes a los que la Policía acusa de narcos, entre ellos Downly Mendoza, el supuesto cabecilla.

“Era un agente de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos)”, asegura uno de los comunitarios, el más dispuesto a hablar en esta tarde calurosa, en la que los líderes prohíben las entrevistas y las fotografías.

La tensión entre periodistas y líderes comunitarios aumenta en la escuela, de donde saldremos a la pequeña casa que una familia miskita nos ofreció de hospedaje.

El director del colegio se niega a ofrecer datos sobre la situación educativa de las comunidades de Sandy Bay. No solo eso. Llega acompañado por los líderes comunitarios. Todos rodean a los periodistas en un pequeño rancho, donde corre algo de aire en esta tarde calurosa.

Algunos alzan la voz y reiteran al intérprete que no habrá entrevistas. Un hombre de camisa blanca y dientes de plata, identificado como el líder, dice que mañana deberemos irnos de Ninayari. El resto lo apoya, pese al intento del intérprete de convencerlos.

La razón de su seguridad es que dicen que el periodismo no es confiable. “En vos podemos confiar, pero en ellos no. Ya estamos aburridos de otras publicaciones que nos han puesto como un paraíso del narcotráfico. La otra vez nos dijeron que éramos un barrio de Miami”, lamenta otro.

La verdad es que en Sandy Bay si algo reina es el contraste. En el pueblo se ven muchas casas de tambo, y entre esa pobreza sobresalen algunas casas de concreto, de dos pisos y hasta de tres, que las autoridades aseguran provienen del negocio de la droga.

Esa gente construye terrazas en su casa para tener una buena vista al mar en construcciones que impresionan, incluso en Puerto Cabezas, donde los materiales de construcción son más baratos.

También abundan las motos, en un poblado donde todos andan a pie. La mayoría de las que vemos son marca Honda Tornado, que en el mercado pueden valer US$5,000, una suma difícil de pagar para un pescador.

Un joven, de playera y short, se pasea exhibiendo una gruesa cadena de plata. Tiene 15 años, y la moto es un regalo de su padre. En la noche, las luces de las motocicletas alumbrarán la oscuridad generalizada.

Alberto Brooks, concejal y originario de aquí, cree que hay mucha desinformación, y explica que la gente que tiene casas grandes es porque acopia langostas y comercializa sus productos a buen precio en el exterior. Son 35, a lo sumo 40 familias. Llegan a ganar, según él, entre C$75,000 y C$150,000 cada quincena.

Gonzalo Paiz, el superintendente de los moravos, insiste en que por cinco narcotraficantes no deben sufrir los comunitarios que se ganan lo que tienen con el sudor de la frente.

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