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Segunda y última entrega

Sentada en una silla de plástico que ha acomodado en el patio desnudo que rodea su casa, Gabriela cuenta que la primera vez que fue víctima de trata se la llevaron a alta mar, a unos 35 kilómetros de la costa de Poneloya (León). Allí tomó una lancha que la llevó a su destino: un barco pesquero en donde supuestamente trabajaría de cocinera.

Tenía 19 años, recién había dado a luz a su primer hijo y necesitaba encontrar un trabajo. Su hermana mayor le había hablado de ese puesto, pero había mentido. Después de haberse desmayado en el trayecto, Gabriela alcanzó el punto en donde estaba el barco. En él conoció por primera vez al capitán de la embarcación y a su tripulación.

Todos los hombres que ella vio ese día caminaban desnudos por los pasillos de aquel barco. Y todos, absolutamente todos, estaban alegres de que les hubiesen llevado “carne fresca”. Ella lloraba porque había dejado atrás a su hijo, se sentía débil y tenía miedo de los tripulantes. Su hermana, quien era pareja del capitán, la ignoraba.

El jefe y la entonces joven entablaron conversación:

--¿Qué te dijo tu hermana cuando te ofreció el trabajo? --le preguntó el capitán.

--Me dijo que venía a sacarle la tripa a los pescados y a cocinar.

--Vos nunca has andado ofreciendo tu cuerpo, ¿verdad? No se te echa de ver --le dijo el hombre, extrañado.

--No, jamás --respondió.

--Estas mujeres vienen a vender su cuerpo, sí --le explicó.

Suerteramente, el capitán de la tripulación dio orden de que nadie tocara a aquella joven. Gracias a eso, Gabriela pudo regresar a su casa sana y salva. Le contó a su madre lo sucedido, y esta tuvo una fuerte discusión con su hermana, pero era un caso perdido. Su pariente era drogadicta y no sentía ninguna responsabilidad sobre su vida o la de su hermana.

De "trabajo en maquila" a vender el cuerpo

Años después, Gabriela conoció a una nicaragüense que le ofrecía a su hermana menor un trabajo en la Ciudad de Guatemala. Como la muchacha no tenía cédula, la hermana mayor quiso irse primero. Se suponía que trabajaría en una maquila, pero cuando llegó allá se dio cuenta de que la habían engañado, y que tendría que vender su cuerpo en un prostíbulo.

El carácter rebelde de esta mujer recia, de cara seria y de brazos definidos, fue un tremendo obstáculo para sus explotadores. La mayoría de las veces se negaba a hacer lo que le decían, tenía muchas discusiones con sus “jefes”, y pasaba hambre todos los días. Después de tres meses, Gabriela había entablado amistad con un guarda de seguridad que se había enamorado de ella. Juntos, diseñaron un plan para que ella y otra mujer escaparan.

Ambas lograron salir de aquel burdel a las 10:00 am de un día cualquiera. Emprendieron su travesía en dirección a El Salvador, pero justo cuando empezaban a sentir que la suerte estaba de su lado, se toparon con unos oficiales de migración a quienes les contaron su historia. Estos les aseguraron que si ponían la denuncia en la Central de Policía, careciendo de documentos, nadie las iba a proteger.

Para dejarlas pasar a Honduras, los oficiales les hicieron una propuesta que violaba toda norma profesional. Les ofrecieron sexo a cambio de guiarlas para que pudiesen pasar sin problemas a territorio hondureño. La desesperación de ambas mujeres era tal que terminaron accediendo. Fue así como lograron avanzar hacia el Sur.

Complicidad de funcionarios

El caso de Gabriela y de su compañera de viaje no resulta extraño para las organizaciones locales que trabajan en el tema. Aunque se supone que los oficiales de migración y la Policía Nacional se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, en muchas ocasiones resultan ser ellos los protagonistas de este tipo de señalamientos.

Un estudio realizado por el Movimiento de Mujeres de Chinandega, una sistematización de experiencias de ONG, como la Asociación Mary Barreda, Asociación Proyecto Miriam-Estelí, Asociación Amistad, y las propias declaraciones del director de la Casa de la Mujer Corinteña, denuncian la complicidad de trabajadores de instituciones gubernamentales en delitos de trata de personas.

En parte, este es un señalamiento delicado que refleja la percepción de la sociedad civil con respecto a las instituciones estatales. “Este es el país de las maravillas. ¿Cuántas chavalas pasan las fronteras con cédulas de identidad alterándoles la edad? ¿Dónde consiguen esas cédulas? Esa es parte de la corrupción que se da en este país, tampoco lo podemos negar, es real”, denuncia María Castillo, Directora del Movimiento de Mujeres de Chinandega.

El director de la Casa de la Mujer Corinteña tiene este mismo concepto de la Policía Nacional y de los oficiales de migración. Daniel Rivera afirma que han tenido casos en los que el delito de trata de personas se ha comprobado mediante fotos y testigos, pero alega que las instituciones hacen caso omiso del asunto. “Por eso cuando hacemos los talleres siempre invitamos a la Policía y yo siempre trato de ‘tirarles’ (criticarlos)”, asegura el director.

De igual manera, la experiencia relatada por las ONG antes mencionadas, indica que se conocen casos de oficiales de alto rango involucrados en acciones de Explotación Sexual Comercial, pero que los mismos quedan en impunidad por falta de pruebas necesarias para establecer demandas formales. “Todas estas situaciones generan temor a la denuncia pública”, explican en el informe que ha sido publicado por Unicef.

"No hay quién pueda ayudarme"

Actualmente, Lucía trabaja como costurera en un lugar en donde nadie conoce de su pasado. También se dedica a dar charlas de prevención para que otras mujeres --sean adolescentes, jóvenes o adultas-- sepan qué es la trata de personas. Ella explica que aún no se ha atrevido a contar su historia a quienes generalmente la escuchan en las escuelas. No se siente lista y tampoco cree que alguien la pueda ayudar.

Gabriela se siente libre. Vive con su esposo y sus hijos, quienes no tienen idea de lo que le pasó a su madre cuando era más joven. Por el momento, ella se dedica a vender frituras por las calles que quedan cerca de la comarca donde vive. Pero la vida está dura, sobre todo porque su esposo padece de una enfermedad crónica que le impide trabajar. Cuando se le pregunta si aceptaría viajar de nuevo a otro país para buscar trabajo, ella lo piensa un poco, suspira y responde: “Sinceramente, no”.

Ambas mujeres están marcadas por un pasado tormentoso. Por la diferencia de carácter, una afronta sus traumas con mayor seguridad que la otra. Mientras tratan de recuperar su vida, es probable que otros millones de personas --mujeres, adolescentes y niños, en su mayoría-- estén viajando justo en este momento en un bus, microbús o vehículo particular para llegar a un sitio en donde serán explotados. No todos lograrán escapar.

Persisten debilidades

El proyecto que desarrollan organizaciones sin ánimos de lucro e instituciones estatales todavía tiene debilidades que se deben corregir. Philippe Barragne-Bigot, representante de Unicef en Nicaragua, afirma que se necesita mejorar la parte del monitoreo de casos a nivel regional. “Todavía existen sistemas que no tienen coherencia, con indicadores distintos. Esto no facilita una correcta divulgación de datos”, explica.

Por su parte, Rosamaría Sánchez, del Convenio Trata y Violencia para Centroamérica, concluye que necesitan dedicarse esfuerzos para que se trabaje más en el tema de atención a las víctimas de trata. “Hay una debilidad de todas las instituciones del istmo en cuanto a los sistemas de protección. Tiene que hacerse de una manera más local”, afirma.

*Los nombres de las protagonistas de este reportaje fueron cambiados para proteger su identidad.

Los hombres también son víctimas

El 2% de hombres que de acuerdo con la Policía Nacional resultan víctimas de las redes de tratantes en Nicaragua también tienen una historia. Martha Cranshaw, especialista en el tema de la migración, indica que muchos de estos casos están generalmente vinculados a la prostitución masculina.

Según explica la representante, el contexto social de Nicaragua, caracterizado por la homofobia, hace que tome mucho más tiempo saber si los casos de hombres desaparecidos que llegan a la organización tienen una preferencia sexual distinta a la normalmente aceptada. “Lleva un tiempo identificar si la persona ya estaba vinculada a la prostitución antes de irse a otro país. Debemos saber si el desaparecido está allí por decisión personal o porque ha sido captado, informa.

La familia es el principal elemento que ayuda a esclarecer este asunto. Si no se aclara que el desaparecido es homosexual en la primera reunión, generalmente se confirman las sospechas al mes de tratarse el caso. Una vez que se tiene esta información, las organizaciones pueden acudir a entidades gays que les ayudan a diseñar estrategias de búsqueda.

“Hemos aprendido que, en muchos casos, los gays y los transexuales que salen de Nicaragua lo hacen ocultándole sus preferencias a las familias. Están en búsqueda de un mundo teóricamente más abierto, donde nadie los conozca y puedan ser aceptados”, detalla Cranshaw.

El primer albergue de la Policía Nacional

Desde el primer semestre de 2011, la Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, maneja un albergue que atiende a víctimas de trata de personas. La comisionada Esther García explica que, en lo que va de este año, se han atendido a 19.

García explica que en el albergue se brinda atención psicológica y legal a las víctimas. “Hay una jefa de sección, una psicóloga y una trabajadora social que se encargan de llevar los casos”, asegura.

La comisionada expresa que el rango de edades de las víctimas que han pasado por allí es variado. Ha habido desde niños y adolescentes, hasta adultos de 57 años. Las mismas provienen de Managua, Bluefields, Chinandega, Somoto, Cua, Wapí, Ticuantepe o Rivas.