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Que Luis Alexander Cordero Sánchez tuviera dos licencias para portar armas de fuego no es extraño, porque según las estadísticas de las delegaciones distritales de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales, DAEM,  la mayoría  de los que solicitan permiso son jóvenes.


Lo extraño es que Cordero haya pasado la prueba psicológica que todo el que aspira a una licencia para portar armas tiene que completar.

Según una persona que conoce a Cordero Sánchez, este tiene un carácter violento y cuando alguna persona no le paga los préstamos que hace, estalla.

“Si por alguna razón el cliente se retrasa o no paga el préstamo,  viene el cobro por medio de la fuerza y la amenaza, ha utilizado en tres ocasiones su pistola. Este señor se aprovecha de su condición física para crear espanto y temor, él no tiene control de su ira”, denunció una persona que conoce a Cordero y que solicitó el anonimato.

Cordero  está a la espera de juicio por supuestamente haber matado de un disparo --dentro de un discoteca en Managua--,  al estudiante de Odontología, Bayardo Antonio Pérez Alvarado, quien tenía 22 años de edad.
El Nuevo Diario visitó el hospital capitalino donde el procesado está internado, para conocer si en realidad tiene problemas con el manejo de la ira y las armas, pero no nos permitieron el acceso.   

Psicólogos con gran responsabilidad

“Tenemos la responsabilidad en nuestra manos y si tenemos alguna duda, denegamos la solicitud, con todo el dolor de nuestra alma, aunque la gente nos diga: ‘Ser vigilante es mi única fuente de trabajo y de esto depende mi familia’, pero si no está apto para portar un arma de fuego, no se entrega el certificado psicológico”, explicó César Briones, director del Departamento de Psicología de la UNAN-Managua. A este sitio acuden los que quieren una licencia para portar arma.

La prueba es personal y  tiene como objetivo detectar si el sujeto tiene debilidad en el manejo de los impulsos, si es agresivo o si posee una conducta psicótica o antisocial que lo invalide para portar un arma.

Las autoridades policiales dicen que ninguna persona puede engañarlos con la prueba, porque cada valoración tiene un código y un sello que el Ministerio de la Salud, Minsa, otorga a los psicólogos “y nosotros verificamos esos datos, además hacemos preguntas de control para constatar si la persona que solicita la licencia se realizó la prueba psicológica o si compró el certificado”, manifestó el teniente Léster López, jefe de la DAEM del Distrito IV de Policía.

En el hipotético caso de que el aspirante haya podido “engañar” al psicólogo, hay un filtro infalible: la investigación de campo que realiza la Policía.

“Nosotros verificamos si tiene antecedentes policiales, si tiene problemas de violencia intrafamiliar pero no fue denunciado, si vive en el lugar que señala su cédula de identidad, si es violento con sus vecinos, o si consume drogas. Si detectamos uno de estos elementos, denegamos el trámite”, señaló el teniente López.

El detalle

Para Briones es imposible que un aspirante a licencia para portación de armas los engañe, pero “el detalle” puede estar en la falta de ética de algunos colegas, “porque los psicólogos no estamos colegiados y puede ser que alguno de ellos falte a la ética profesional y por el simple hecho de obtener un pago,  entregue una certificación, que no es el caso en nuestra Facultad”, aclaró.

“Tal vez quede un margen de duda, porque la DAEM no tiene un lugar establecido para realizarse ese examen específico, como lo tiene centralizado la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, que les pide a los aspirantes a licencia de conducir que se hagan el  examen de la vista en la Cruz Roja, pero se está trabajando para tener un lugar específico”, agregó por su lado el teniente López.

Uno de los elementos negativos que tiene el proceso, es que la valoración psicológica se basa en lo que el especialista  ve en el paciente el día de la valoración, y por eso el certificado dice claramente que es válido por un mes y específica “que la persona no presentaba ninguna alteración y está apta para portar arma al momento de la valoración”.

Los psicólogos de la Facultad de Psicología de la Unan-Managua  entregan unas 500 o 700 certificaciones de valoraciones  psicológicas para la portación de armas, cada año, y de ese gran total, el 10% es declarado “no apto” para el porte de arma.

Los registros estadísticos policiales reflejan que la mayoría de solicitantes son jóvenes de 25 a 35  años que quieren andar armas para protección personal.

El Nuevo Diario pidió a la Policía la cantidad de solicitudes de licencias para portar armas que hay cada año a nivel nacional, pero la institución no proporcionó el dato, sin embargo extraoficialmente se conoce que solo en Managua anualmente 1,500 personas piden el permiso.

Según un estudio sobre armas de fuego en Centroamérica, hasta el 2005 en Nicaragua había 90,133 armas registradas legalmente y 83,035 personas poseían licencia para portarlas.

Los adultos (mayores de 30 años) que solicitan licencia para porte de armas, son personas que específicamente trabajan como guardas de seguridad en la protección y vigilancia de objetivos.

Requisitos

Aunque el proceso administrativo para obtener una licencia para portar arma es largo y tedioso, la Ley 510, que regula la tenencia y portación de armas, municiones y explosivos, dice que en diez días el solicitante tiene respuesta a su solicitud.

Los requisitos son los siguientes: 21 años de edad cumplidos, si es la primera vez que solicita  licencia, debe tener un aval de la DAEM.

Con el aval, el solicitante ya puede comprar el arma, luego, con la factura y la mercancía, regresa a las oficinas de la DAEM para la revisión técnica y la entrevista, donde debe especificar qué categoría quiere: si es para defensa personal o para vigilancia.

Además, el aspirante debe tener copia de su cédula de identidad, récord de policía actualizado,  constancia judicial, certificado de salud y valoración psicológica, y el de adiestramiento (cuesta entre 800 y mil 200 córdobas, dependiendo de la escuela de tiro a la que se va y las horas de teoría y práctica que reciba).

Los ilegales

La Policía Nacional no quiso revelar a cuantos jóvenes les han extendido licencia para portar armas, ni a cuántos ni por qué se las han quitado este año, pero los que no obtienen permiso se arman y caminan  por los “pasillos de la ilegalidad”.

La jueza Sexto Local Penal de Managua, María Iveth Pineda, explicó que son pocos los jóvenes acusados por tenencia ilegal de armas que han sido condenados en su judicatura, porque “en todos los casos se cita a los policías como testigos y no acuden al juicio”, por lo que al final del proceso tiene que archivar la causa.

La judicial apuntó que los jóvenes que han sido condenados, es porque admitieron el delito. La pena que se les impone es la mínima (seis meses de prisión), porque tienen como atenuante a su favor la admisión de hechos.

La mitad de los acusados son jóvenes y cargaban armas artesanales, y la otra mitad son mayores de 30 años, y portaban revólveres y pistolas de fabricación industrial.  

El fiscal auxiliar penal de Managua, Arnulfo López, caracterizó a los acusados por tenencia ilegal de armas como personas jóvenes, con antecedentes penales, miembros de pandillas y  que gustan de armas artesanales, principalmente las escopetas.

López explicó que los que tienen antecedentes penales son condenados a la pena máxima (un año de prisión) por tenencia ilegal de armas, y los que son reos primarios se hacen merecedores de una pena mínima o intermedia.

La psicología no juega ningún papel en los juicios penales por portación ilegal de armas, pero en el caso de Cordero Sánchez sí, porque se supone que estaba “capacitado” psicológicamente para andar doblemente armado.