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Cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza por tener que pagar por la asistencia sanitaria, según la Organización Mundial de la Salud, OMS.

En muchos países, el acceso a la sanidad no es en absoluto un derecho y sus ciudadanos, para acudir al médico o comprar medicamentos, deben afrontar un altísimo coste. El acceso universal a la sanidad sigue siendo uno de los grandes retos.

El posible coste a corto plazo impidió que se estableciera como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que insta a los países a avanzar hacia una cobertura sanitaria universal, aboga por sistemas de financiación a través de impuestos, y establece que si hay que efectuar algún pago en el momento del uso, este debe ser reducido y no debe suponer una barrera para la atención.

La decisión llega en un momento clave, pero complejo. La ONU presiona para que los gobiernos garanticen una asistencia equitativa y accesible económicamente para todos los ciudadanos --no tiene capacidad de imponer sus conclusiones-- con una declaración que recuerda al espíritu de la reforma sanitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que dará acceso a un seguro de salud a 30 millones de personas que ahora no lo tienen.

Pero mientras los países más pobres y menos avanzados en este campo están dando pequeños pasos para dirigirse hacia este punto, los que más cerca estaban del objetivo caminan en sentido contrario.

El caso más claro es España, que ya ha dejado fuera de la red sanitaria normalizada --solo tienen acceso a urgencias, asistencia al embarazo y parto-- a los inmigrantes en situación irregular y, aunque sea un grupo minoritario, también a aquellos ciudadanos con ingresos superiores a 100,000 euros al año.

Ocurre algo similar en la vecina Portugal, donde el copago no ha parado de subir. La consulta con el médico está en cinco euros (US$6.58); la del especialista, en 10(US$ 13.16) y la urgencia puede llegar a 50 (US$ 65.83). Y esto a pesar de que 1,5 millones de portugueses no tienen médico de familia.

Ante la ahogada situación financiera, muchos países con alta cobertura están optando por recortar en la sanidad.

Los gobiernos de la UE han reducido el gasto en ese capítulo un 0,6% de media, según la OCDE. En países como Grecia, Estonia o Irlanda, esa caída supera el 6%, y también allí han implantado otras medidas (como los copagos) que obstaculizan el acceso a los cuidados médicos para los ciudadanos más vulnerables, alertan los expertos.

El Salvador trabaja sistema igualitario

La resolución de la ONU no deja de ser una llamada de atención a los países que dan pasos atrás, y una bocanada de ánimo para aquellos Estados --como India, Sierra Leona o El Salvador, por ejemplo, que tratan de reducir los copagos-- que están construyendo sistemas sanitarios más igualitarios.

“A los países pobres también les afecta la crisis. Sin embargo, allí se ven discursos más progresistas sobre el acceso universal a la salud”, dice Liliana Marcos, portavoz de la red internacional de organizaciones de Acción por la Salud Global. Filipinas, por ejemplo, está trabajando en un sistema de seguros públicos de salud para toda la población.

No son gratuitos, pero sí están subvencionados o cubiertos por el Estado cuando las personas no pueden afrontar su coste.

En Sierra Leona ya se han eliminado los pagos directos de la asistencia para las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco años, un pequeño primer paso.

En Ghana, explica Hor Sidua, experto de la organización ghanesa Campaña para el Acceso Universal a la Salud, se han probado distintas fórmulas. La última, además de por impuestos, a través de seguros públicos. Sin embargo, el coste que estos suponen todavía es un obstáculo para gran parte de la población.

El mejor sistema de financiación, apunta la ONU, es a través de impuestos o modelos de aseguramiento que contribuyan a una bolsa común, con el fin de mancomunar los riesgos y evitar que las personas se empobrezcan por no poder afrontar el gasto sanitario en caso de enfermedad.

En El Salvador ya están viendo resultados de la reforma sanitaria que ha eliminado los copagos médicos, que lastraban el acceso a la sanidad de una gran parte de la población. Desde entonces, la demanda de servicios ha aumentado un 25%, de media --un 40% en algunas poblaciones--. El parto en centros hospitalarios, por ejemplo, se ha incrementado hasta un 90%, lo que está evitando muchas muertes de mujeres y niños.

David Evans, Director del departamento de financiación de sistemas de salud de la OMS, dice que la Organización no va a fijar mínimos sobre qué se considera atención universal.

“Muchos países pobres empiezan por la salud materno-infantil, es una opción. Otros, ayudados por la cooperación exterior, empiezan por el SIDA, la tuberculosis y la malaria”, dice Evans.

Casi el único requisito --o mejor, recomendación-- que pone la OMS es que se trate de sistemas de prepago, en los que los ciudadanos van abonando cada mes directamente o a través de impuestos para que luego, cuando llegue la enfermedad, “su economía no se derrumbe”, indica.

Acceso sin discriminación

Para la ONU, --igual que para la OMS--, la cobertura universal implica “que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna a los servicios básicos preventivos, curativos y de rehabilitación de la salud, así como a los medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad, sin quedar expuestos a dificultades financieras por ello”, pero nadie se atreve a dar una lista de qué se considera básico.

Afrontar los gastos de la asistencia sanitaria puede llevar a las familias a problemas graves. “Pueden verse obligadas a vender sus tierras, gastar sus ahorros... Además, muchas veces las mujeres acaban abandonando su trabajo remunerado para cuidar al familiar enfermo. Los gastos pueden ser devastadores y crear un círculo de pobreza intergeneracional”, apunta Liliana Marcos.

Es difícil medir lo que una decisión como la de la ONU puede suponer para los países pobres. Porque precisamente los más necesitados, carecen de mecanismos de medición del impacto de los problemas de salud en su desarrollo.

Lo que está claro es que se trata de un círculo vicioso: a menos recursos, más problemas sanitarios (faltan infraestructuras, agua potable, sanitarios, más contaminación, medicamentos); y a peor salud, hay menos dinero porque se trabaja menos y peor, indica Clive Needle, Presidente de Euro Health Net, una red que agrupa a expertos de las agencias de promoción de salud de los 27 países de la Unión.

Esta organización pone como ejemplo lo que sucede en lugares ricos. Como en la UE antes de la crisis. En este grupo de estados, en el que se encuentran los que, teóricamente están más cerca del acceso universal, “las desigualdades en sanidad suponen el 2,8% de los ingresos personales, lo que se traduce en el 1,4% del PIB”.

Esto supone 26,000 millones de euros, (US$34 mil 21 millones) a los que hay que sumar otros 25,000 millones por discapacidad y 3,000 en desempleo.

Lo que es universal es que los grupos vulnerables sufren de manera desproporcionada la morbilidad y mortalidad. “Por eso, un acceso equitativo a los cuidados sanitarios es esencial para minimizar esa desventaja”, dice este experto.

“La pobreza es la mayor causa de enfermedad, pero la enfermedad sin cobertura sanitaria pública es la mayor causa de que los pobres pasen a situaciones de miseria total. Por ello, la protección social a la salud es clave para reducir la pobreza”, dice José Manuel Freire, profesor de Sistemas de salud internacionales de la Escuela Nacional de Sanidad.

Este experto resalta la importancia de que países como EU., apoyen la estrategia de protección social en salud como parte de los derechos humanos.

Freire resalta el avance que está emprendiendo Estados Unidos, que trata de universalizar la cobertura de todos sus ciudadanos y de eliminar las discriminaciones con algunos pacientes que ponían en práctica las compañías de seguros.

La OMS es la sempiterna optimista. “En un momento en el que el dinero escasea, mi consejo para los países es el siguiente: antes de buscar de dónde recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay que buscar opciones que mejoren la eficiencia…”, ha escrito Margaret Chan, Directora General de la organización.

3,000 millones deben pagar

Más de 3,000 millones de personas en el mundo se ven obligadas a pagar directamente de su bolsillo cualquier gasto relacionado con la salud, lo que a menudo les lleva a renunciar a la atención básica debido a su incapacidad de pago.

Protección a salud es clave

“La protección social a la salud es clave para reducir la pobreza”, dice José Manuel Freire, profesor de Sistemas de salud internacionales.