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Desde enero de 2007 a diciembre de 2012, la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público, Fedetrasep, contabiliza 24,330 empleados públicos despedidos.

“Concluimos el año 2012 con resultados negativos en el respeto hacia los derechos laborales y humanos de la clase trabajadora nicaragüense”, indica el informe final de esa organización.

Según los cálculos de la organización, existe una deuda pública generada por el pago de prestaciones sociales a favor de los empleados públicos aún no pagadas, por más de 718 millones de córdobas.

Durante ese período, además señalan que 156 organizaciones sindicales “han sido eliminadas” en diferentes instituciones del Estado.

Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales de la Fedetrasep, comentó que han acompañado durante todo este tiempo a los extrabajadores despedidos.

Alcaldía a la cabeza

El informe menciona que todas las instituciones del Estado han despedido a trabajadores desde que asumió su primer mandato el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en enero de 2007.

Las 153 alcaldías del país han despedido a 4,476 trabajadores, encabezando la lista de las 52 instituciones del Estado. Le siguen el Ministerio de Educación con 3,119 y el Ministerio de Salud en el tercer puesto con 2,018 despidos.

Lissette Rojas Guerrero, una de las afectadas, ha vivido el martirio del despido desde el año pasado, cuando el 27 de julio le notificaron que por supuestas faltas éticas rescindían de sus servicios en la Alcaldía de Dolores.

“La alcaldesa Marta Vega argumentó que le falté al respeto en una sesión de trabajo, pero tengo testigos de que eso es falso”, indicó.

Rojas, quien se desempeñó durante más de cinco años como secretaria del Registro, apeló esa decisión porque su despido no fue justificado.

La joven, que formó parte del sindicato, acudió a las autoridades del Ministerio del Trabajo del departamento de Carazo, pero le dijeron que no tenían “competencia para ver el caso”.

“Ni siquiera me pagó mi última quincena y no me dio mi liquidación, me quería pagar una miseria que no acepté. En la carta de despido argumenta que perdí derecho a mis prestaciones sociales”, dijo.

La extrabajadora de la comuna acudió a una sesión del Concejo de Dolores y, aunque tuvo el respaldo de todos los concejales, la alcaldesa se negó a pagarle y restituirla en su cargo.

“Se ha burlado de mí y de mi desgracia. No tengo trabajo aún y el dinero que tenía ahorrado se me acabó”, comentó.

Después de pasar dos meses esperando que la Comisión de Carrera Municipal le admitiera un recurso que presentó, Rojas decidió presentar una demanda laboral en el Juzgado Local Único de Dolores, el pasado 2 de diciembre.

Irrespetan sindicatos

El informe de la Fedetrasep menciona que se ha despedido a 2,028 dirigentes sindicales a los que no se les respetó el fuero sindical.

“Estas organizaciones sindicales han sido eliminadas en diferentes administraciones de gobiernos municipales y ministerios públicos del Estado, por el hecho de ejercer su trabajo sindical”, indica.

Sin embargo, reconoció que se han empezado a pagar algunas liquidaciones aunque de “forma raquítica y extemporánea” porque no han cumplido todas las sentencias judiciales.

Leiva mencionó que han enviado cartas para poner al tanto de estas violaciones de derechos laborales y humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Centroamericana de Justicia y a organizaciones nacionales de derechos humanos.

También dijo que una de las principales acciones legales que tomarán este año, es “sentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Nicaragua, en una audiencia oral y pública”.

Gobierno incumple con CCJ

En agosto del año pasado, la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, declaró con lugar la demanda interpuesta por cuatro extrabajadores de la Dirección General de Ingresos, DGI, que fueron despedidos en 2007.

Este fallo reconocía que el Estado debía cumplir con las sentencias del pago de sus indemnizaciones a José Tomás Gómez, Norma Elena Mora, Santos Hermencia Díaz y Luisa Morales Gutiérrez.

La CCJ también indicó que el Poder Ejecutivo nicaragüense irrespetó el fallo de los tribunales de justicia nacionales, donde se mandó a indemnizarlos por los años de servicios prestados.

Fue hasta el 13 de noviembre, que la DGI empezó a cumplir la sentencia de la CCJ con tres extrabajadoras del Estado. Sin embargo, ellas introdujeron otra demanda porque no les incluyeron daños y perjuicios ni la mora.

El pasado 7 de diciembre, el demandante José Tomás Gómez, exasistente tributario de la DGI, fue llamado para pagarle su indemnización.

“Me llamaron de último, pero tampoco me pagaron todo lo que me deben. Ni siquiera el 50% de la deuda fue reconocida”, dijo a El Nuevo Diario.

CSI denuncia violaciones sindicales

La Confederación Sindical Internacional, CSI, en su “Informe sobre las violaciones de derechos sindicales 2012”, valoró el caso de Nicaragua y señaló que tanto el Gobierno como algunos empleadores están violando los derechos de los trabajadores y de los sindicatos.

“Los despidos por organizar sindicatos, el uso de la tercerización por parte de los empresarios y las limitaciones al derecho de negociar colectivamente, así como prácticas cercanas al trabajo forzoso, han sido las principales violaciones en este período”, resume el informe.

La CSI, es una organización de centrales sindicales que cuenta con filiales en 153 países a nivel mundial. Asimismo, ha sido reconocida como entidad de carácter consultivo general ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En su informe, menciona que el Poder Judicial y el Ministerio del Trabajo, lejos de velar por el cumplimiento de las leyes laborales, terminan por afectarlos. No obstante, reconoce que ha habido algunos avances en el sector de zonas francas y en la búsqueda de lograr un mejor marco jurídico en Nicaragua.

Se destaca que en el 2012 se logró establecer el Consejo Nacional del Trabajo y se realizaron esfuerzos por aprobar un Código Procesal Laboral, que agilice los procedimientos en esta materia. Asimismo, se buscó establecer un Tribunal Superior del Trabajo, además de la iniciativa de ley encaminada a combatir los males de la tercerización, que afecta a los obreros.

Otros gobiernos tienen culpa

El Secretario General de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, Luis Barbosa, cuestionó las cifras de despidos ofrecidas por Fedetrasep, a la vez que señaló que, de ser ciertas, se debe a los despidos practicados en otras administraciones.

“¿Dónde están en las calles esas 24,330 personas protestando? Con esa cantidad (de despidos) habrían decenas de protestas o, ¿acaso no pueden convocar?”, cuestionó.

Además, mencionó que según sus cálculos fue en los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños cuando se despidió a miles de trabajadores estatales.

Barbosa estima en 200 mil los trabajadores que fueron separados de sus cargos en esos tres períodos, y que además se promovió la tercerización.

Al respecto, mencionó que desde hace tres años vienen luchando por la aprobación de una ley que regule la tercerización y espera que este año se apruebe en la Asamblea Nacional.

“Es una necesidad urgente, porque hay miles de trabajadores a los que se les deben garantizar sus derechos y prestaciones”, mencionó.

Llamado a la estabilidad

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor René Sándigo Jirón, sugirió recientemente que para 2013 las instituciones gubernamentales y privadas busquen como reto la estabilidad económica, laboral y política.