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En el camino ondulado y pedregoso que conduce a San Antonio de El Tepeyac, en las faldas del volcán Mombacho, la faena empieza a la una de la madrugada. Cuando los gallos aún duermen y prevalece la oscuridad, los habitantes de la comunidad andan ya con galones y baldes en mano, acarreando el agua para poder realizar los quehaceres en el hogar.

El acarreo inicia en Caña de Castilla, una comunidad vecina que con su pozo de agua está calmando la sed a más de 250 familias de San Antonio. Hay que caminar más de cuatro kilómetros para llevar el líquido o pagar a camionetas que por C$50, C$70 y hasta C$100, dependiendo del caso, llevan un barril con agua hasta la puerta de la casa.

Don Orlando Báez Castillo y su esposa, dos adultos de la tercera edad, viven este drama desde octubre del 2012, cuando el puesto de agua que abastecía a su comunidad sufrió daños. “Es un verdadero calvario. La gente tiene que ingeniárselas para llevar el agua a su casa o pagar como nosotros, para que la lleven hasta la vivienda. Pagamos C$50 por barril. Con esta situación económica es un gran sacrificio el que hacemos”.

Hay muchas personas que se privan de cosas elementales como las medicinas o el vestuario para poder comprar el agua. Don Orlando siente aflicción al recordar los C$150 que actualmente gasta en la compra de tres barriles de agua que le duran cuatro días, cuando años atrás gastaba C$130 mensuales en el pago del servicio de agua. El gasto extra mensual en que incurre, suma aproximadamente C$995.

Otros núcleos familiares recurren a aguas contaminadas ante la falta de dinero, señaló don Benjamín Palacios. “Allá arriba hay un riachuelo que corre durante la época de invierno y mucha gente va a bañarse y a lavar la ropa. Hace años hubo un brote de diarrea entre los niños… saben que es peligroso seguir utilizándolo, pero no tienen opción”.

Muy cerca habita Francisca Pérez con sus hijos y nietos, otra de las familias afectadas por la escasez del líquido. “Mis hijos no han encontrado trabajo, buscan rebuscarse para la comida, pero a veces no encuentran nada. Es triste decirlo pero he tenido que suplicar a los vecinos que me regalen un poquito de agua", expresó la señora.

CAPS funcionan sin gozar beneficios de ley

La situación es similar en la mayoría de las 17 comarcas del municipio de Granada. La accesibilidad al agua potable es materia pendiente de las autoridades gubernamentales, coinciden en señalar los miembros locales de la Red Nicaragüense de Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS.

En su opinión, prevalece el desinterés y el desánimo en la aplicación de la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), vigente desde junio del 2010, ya que dicho instrumento jurídico permanece guardado en las gavetas de la Alcaldía de Granada y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAA.

El artículo 30 de la mencionada ley indica que el INAA y las alcaldías son responsables de crear estructuras orgánicas administrativas para atender a los CAPS en un plazo no mayor de 90 días. Las alcaldías deberán contar con la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento, UMAS, dedicada a brindar servicios técnicos, sociales y administrativos a los CAPS para el mejoramiento y mantenimiento del servicio. Sin embargo, esto no se ha acatado.

“Si esta ley se estuviera respetando, no estaríamos en esta situación. Tendríamos beneficios como la exoneración de impuestos en la compra de equipos y una tarifa especial en concepto de energía eléctrica, por parte del INE. Recordemos que el 99% son mini acueductos por bombeo eléctrico”, explicó Francisco José Alemán, coordinador del CAPS de San Blas.

Ejemplificó que por un motor de bomba sumergible, que cuesta U$5,000, los comunitarios están pagando un 15% de impuestos, es decir, U$750, una cifra que podrían ahorrarse.

Para obtener esos beneficios, ambas instituciones públicas tendrían que haber emitido el certificado de registro, legalización y funcionamiento para cada uno de los 30 CAPS contabilizados en el municipio de Granada.

Reconocieron que el Gobierno central les está haciendo una rebaja en el pago de la energía, pero el porcentaje es tan pequeño que aun así no les ha permitido hacerle frente a la inestable situación económica.

Aumento afecta a CAPS

En las dos etapas de La Laguna, la coordinadora del CAPS, Ana Acuña, manifestó que el 80% de los fondos que logran recolectar se van en el pago de la energía, motivo por el cual no han podido alimentar un fondo para enfrentar las emergencias. El mes pasado la factura sumó C$31,700.

Acuña recordó que cuando el proyecto tenía diez meses, el motor que abastecía a la comunidad se estropeó y tuvieron que buscar un financiamiento de más de U$5,000 para reponerlo. “Pedimos apoyo a Enacal para que nos prestaran las máquinas para sacar el motor quemado, pero nos respondieron que el alquiler costaba C$15,000. No tuvimos otra opción que pagar. Si tuviéramos el certificado de registro (del CAPS), Enacal no se hubiera aprovechado porque la Ley 722 la obliga a apoyarnos”, dijo la dirigente comunitaria.

La población afectada por la escasez en La Laguna 1 y 2 suma alrededor de 2,800 personas.

José Ramón Contreras, directivo del CAPS de El Capulín, coincidió en que enfrentan serias limitaciones. “Cuando el combustible y la energía suben de precio, quienes sufren somos nosotros. Nos sentimos abandonados por las autoridades, como si no les importaran las necesidades de las comunidades”, lamentó.

 

Proyectos rurales para el 2013

La Alcaldía de Granada informó que para este año está prevista la siguiente inversión:

Ampliación y mejoramiento de agua potable en El Paso de Panaloya, El Guayabo, Los Cocos, Osagay, Camino Real y Cauloa con un alcance de 3.5 kilómetros. Reparación de la estación de bombeo y mejoramiento del servicio para 2,642 personas, con una inversión de C$2.3 millones.

Proyecto de agua potable en Santa Teresa del Rempujón, en Malacatoya, para 1,500 habitantes. La inversión es de C$1.3 millones.

Construcción de 159 letrinas para igual número de familias.

 

Municipalidad: Estamos avanzando

El responsable de la Dirección de Planificación de la Alcaldía de Granada, de donde se desprende la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento, Fernando Cajina, aseveró que desde la llegada de la nueva administración, en enero pasado, hay avances para concretar la apertura de la oficina.

“Ya tenemos un espacio físico, equipo técnico y el personal que atenderá. Cuando asumimos no teníamos nada, porque en el presupuesto que aprobaron los concejales no estaba contemplada la oficina".

Cajina reconoció que está pendiente la emisión de una ordenanza que regule el ejercicio de la UMAS. “Eso también va caminando”, dijo, aunque no precisó la fecha en que estará lista.

El funcionario adelantó que sostienen coordinación con el Fondo de Inversión Social de Emergencia, para hacer un diagnóstico sobre la situación que viven las comunidades respecto al agua potable y el funcionamiento de los CAPS. “Es un estudio del que esperamos resulten acciones para mejorar el servicio de agua”, concluyó.

 

En todo el departamento están registrados 50 Comités de Agua Potable y Saneamiento, que aglutinan a 150 mil personas en el sector rural.

 

Municipio CAPS

Granada 30

Nandaime 12

Diriomo 5

Diriá 3

 

"Los CAPS surgen de las comunidades organizadas que buscan dar solución a sus necesidades. Ante la falta de apoyo del Gobierno, recurrimos a organismos no gubernamentales, que han sido nuestro soporte, pero no debería ser así".

Ana Acuña
Coordinadora del CAPS de La Laguna