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La idea de que había que cambiar el enfoque y la estrategia jurídica de Nicaragua en su bicentenario conflicto marítimo-territorial con Colombia surgió en 1990, afirma el experto en derecho internacional Mauricio Herdocia.

Afortunadamente, hubo un consenso, de modo general, en el equipo de excancilleres y asesores de los distintos gobiernos desde esa época hasta el presente, sostuvo el jurista.

Se llegó a la conclusión de que la tesis del reclamo territorial de Nicaragua sobre San Andrés, las otras islas y los demás accidentes debía ser complementada con una idea nueva que diese “un golpe de timón” que permitiese explicar con credibilidad en un tribunal internacional –que sería la Corte Internacional de Justicia, CIJ, donde se introdujo la demanda del caso en diciembre de 2001– la aspiración a los espacios marítimos que por justicia correspondían al país.

Allí surgió la tesis del redimensionamiento, la cual incorpora los modernos conceptos del Derecho del Mar, de la Convención de Montego Bay (1982), como los de la zona económica exclusiva y la plataforma continental de 200 millas.

Medio año después del fallo histórico de la CIJ del 19 de noviembre de 2012, el excanciller Norman Caldera y Mauricio Herdocia han publicado recientemente el libro “La Otra Nicaragua en el Mar”, que es un análisis del fallo, de las estrategias de ambos países y que expone cómo procedió la CIJ para establecer el límite marítimo entre Nicaragua y Colombia. Además, tiene una traducción al español del texto del fallo.

De acuerdo al experto, la CIJ recurrió en gran medida al precedente del procedimiento de delimitación marítima aplicado en el caso Rumania vs. Ucrania Delimitación Marítima en el Mar Negro, fallado en el año 2009.

Herdocia nos da detalles de la obra en esta entrevista con El Nuevo Diario.

¿Cuál fue la génesis de la idea de hacer este libro?

Hay que recordar que este es un conflicto que ha durado varias décadas y era necesario hacer una síntesis que permitiera apreciar con madurez y ya con cierta distancia desde la publicación del fallo, los acontecimientos.

Creo que también es importante destacar el hecho de que la CIJ solo emite sus sentencias en inglés y en francés. Era necesario por consiguiente realizar una traducción y acompañarla de estas reflexiones sobre las estrategias que guían a Nicaragua en este diferendo territorial y marítimo de 200 años.

Al mismo tiempo, como tercer elemento importante, plantear algunas recomendaciones con respecto a los desafíos principales que surgen con este reconocimiento de la Corte de los espacios marítimos de Nicaragua.

¿Cuándo el equipo nicaragüense decide un cambio de tesis, es decir, pasar de un reclamo territorial como es el reclamo de las islas y accidentes, a un reclamo de los espacios marítimos?

Esto surge básicamente en 1990. En 1990 ya está el Libro Blanco de Nicaragua que había sido emitido el 4 de febrero de 1980, que fue una campanada para la conciencia nacional.

Pero el Libro Blanco estaba fundado en la declaración de nulidad e invalidez del tratado. Más de 50 años después de la firma del Tratado Bárcenas-Meneses-Esguerra (de 1928) era muy difícil, en términos jurídicos, que prosperara una tesis semejante que contemplaba los reclamos de soberanía sobre San Andrés y Providencia.

(…) Cuando en realidad Nicaragua estaba perdiendo lo que llamamos “La otra Nicaragua en el mar”, es decir, estaba perdiendo su zona económica exclusiva y su plataforma continental al estar contenida en el meridiano 82 (por una imposición a la fuerza por Colombia).

En 1990, el equipo de excancilleres y asesores llega a la conclusión de que es necesario redimensionar el diferendo y (dar) un golpe de timón en la tesis principal a fin de complementarla con una nueva doctrina relacionada con poner en su justa dimensión, y en el corazón de la estrategia de Nicaragua el meridiano 82 para destruirlo jurídicamente y liberar la proyección natural de nuestro país hacia el mar.

Pero no se abandona la nulidad del tratado del todo.

Creo que es necesario aclarar que Nicaragua sí mantuvo como política de Estado la tesis de la nulidad, porque permitía darle profundidad histórica al diferendo con Colombia y mostrar claramente como toda esa situación arrancaba de una injusticia notoria, que las islas bajo el ´utispossidetis iuris´ (en la práctica esta frase latina que dice que “lo que poseas, poseerás por derecho”, significa que la posesión data de la época colonial y hasta el momento de la independencia-nota de END) siempre fueron nicaragüenses y que Nicaragua las había entregado como resultado de una ocupación. Es importante dejar claro ante la Corte esa situación, que Colombia no solo había logrado soberanía sobre esas islas, sino que además con el tratado de 1928 le había impuesto un límite inverosímil en el meridiano 82 a 66 millas náuticas de Nicaragua.

Es una política que busca encerrar a Nicaragua con dos candados: uno al sur y otro al norte, primero en 1977 con el Tratado González-Facio con Costa Rica, y el segundo en 1986 con Honduras, que estaba dirigida a mostrar que los países centroamericanos estaban respaldando la posición colombiana, y que las aguas más allá al este del meridiano 82 eran colombianas. Entonces, teníamos que destruir ese candado con el que Bogotá pretendía avalar su tesis del meridiano 82.

Por eso hicimos una concentración de la estrategia político-jurídica de Nicaragua alrededor del meridiano 82 con los conceptos del moderno derecho del mar, sumado al tema de la integración centroamericana; comenzamos a hablar del tema de los mares centroamericanos y eso llevó a un histórico fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, que afirmó que el tratado de límites Ramírez-López de 1986 entre Honduras y Colombia, afectaba la integración centroamericana. Eso fue una pieza importante en el juicio del caso Nicaragua vs. Honduras (el fallo final fue en octubre de 2007 – nota de END), fue el primer derrumbamiento del eslabón que había venido construyendo Colombia para tratar de respaldar esa proyección en el meridiano 82.

Cuando la CIJ falló sobre las objeciones preliminares de Colombia a la jurisdicción de la Corte, en diciembre de 2007, ratificó la validez del Tratado Bárcenas-Meneses-Esguerra de 1928. ¿Esto no desanimó o creó dudas en el equipo nacional?

No, nunca. Nosotros (estábamos conscientes) de que la tesis de la nulidad del tratado iba a ser muy difícil de hacerla prevalecer ante la Corte. No solo habían transcurrido más de 50 años, pero además, Nicaragua había suscrito en ese lapso de tiempo varios tratados.

Fue allí que en la estrategia de Nicaragua se adoptó una profunda relación con los medios de comunicación. La Cancillería de los años 90 y los años 2000 mantuvo plenamente informados a los medios de comunicación en privado sobre cuáles eran los escenarios previsibles para Nicaragua. Y uno de esos escenarios obviamente incluía que las islas y cayos quedaran en manos de Colombia y que Nicaragua recuperara sus espacios marítimos. Y esto honra al periodismo nacional: que jamás salió una filtración (potencialmente dañina a la causa del país), de esas reuniones con directores o con periodistas.

La tesis del redimensionamiento conllevaba ilustrar a la comunidad nicaragüense sobre los escenarios reales que podían suscitarse después de un fallo.

¿Podríamos decir que sin el avance moderno del derecho del mar, de la adopción de la Convención de 1982 de Montego Bay (Jamaica), no habríamos podido recuperar nuestros espacios marítimos?

Hay que hacer una precisión importante. Las normas relacionadas con el derecho del mar han venido evolucionandotanto por medio de tratados como por vía del derecho internacional consuetudinario. Esto quiere decir que cuando dos países son parte de la Convención del Derecho del Mar de la ONU, se aplica la convención, pero cuando no es así, como con el caso Nicaragua vs. Colombia, se aplican las normas del derecho internacional consuetudinario y la jurisprudencia que ha venido ejerciendo la CIJ a lo largo de los años.

Por eso, en el caso del diferendo con Colombia se aplica el derecho internacional consuetudinario, no el convencional. Eso lleva a que la CIJ aplique su jurisprudencia en materia de delimitación, básicamente (recurre) al caso de Ucrania y Rumania en el Mar Negro, donde la Corte define de manera magistral los famosos tres pasos de delimitación.

En primer lugar, la CIJ hace una proyección de las líneas medias entre los puntos correspondientes. Es decir, aplicar en una primera aproximación una equidistancia. Pero luego viene un paso último que se llama el test de desproporcionalidad. Es decir, que si haciendo un tratado de líneas medias resultaba una situación inequitativa, entonces la Corte prefería hacer el ajuste correspondiente.

Y ese fue el gran error de Colombia.

¿Cuál?

Colombia se quedó planteando líneas medias y nunca llegó a considerar que la desproporción en la longitud de las costas planteaba que Nicaragua iba a recuperar sus espacios marítimos. La proporción era de 8.2 contra 1 a favor de Nicaragua, es decir, que por cada parte que se le dará a Colombia, iba a dársele a Nicaragua 8.2.

Al final estaba clarísima la desproporción de la longitud de las costas pertinentes; en el caso de Colombia eran los accidentes insulares, y no daban espacio a que Colombia pudiera obstaculizar, cercenar la proyección natural de la tierra al mar, como dice la propia CIJ en el caso del Mar del Norte de 1979.

Ya la Corte había dicho en 2007 que el meridiano 82 no era frontera. Estaba entonces clarísimo que si no había frontera, Nicaragua tenía derecho al menos a sus 200 millas de plataforma continental o hasta donde esta se extendiese.

No hay una sorpresa, es lo que dice el libro. Lo que Colombia ha tratado de presentar como una sentencia inequitativa para obtener mayores ganancias de Nicaragua y obligarla a hacer concesiones que la Corte no otorgó.

Por eso es que hemos definido con firmeza (Norman Caldera y yo) de que las negociaciones con Colombia del presidente Daniel Ortega deben ser con espíritu latinoamericano, atendiendo la situación de los indígenas raizales (de San Andrés) pero dentro del fallo de la Corte, nada fuera del fallo y todo dentro de la soberanía de Nicaragua.

 

"Y ese fue el gran error de Colombia. Colombia se quedó planteando líneas medias y nunca llegó a considerar que la desproporción en la longitud de las costas planteaba que Nicaragua iba  a recuperar sus espacios marítimos".

 

"Las negociaciones con Colombia del presidente Daniel Ortega deben ser con espíritu latinoamericano, atendiendo la situación de los indígenas raizales (de San Andrés) pero dentro del fallo de la Corte, nada fuera del fallo y todo dentro de la soberanía de Nicaragua".

Doctor Mauricio Herdocia, Experto en derecho internacional