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En plena conmemoración del primer aniversario de la puesta en vigencia de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Simona Mejía Jarquín, de 33 años, experimentó en carne propia que no todo lo que brilla es oro.

Jarquín, madre de dos hijos, de 11 y de 5 años, procreados con su expareja José Flores Arias, pasó por el indeseable camino de la revictimización --según su testimonio-- para lograr el fallo de culpabilidad en los tribunales de Tipitapa contra el hombre, que se niega a cumplir con la pensión de alimentos.

El proceso penal inició hace tres meses, después que Flores se negó a cumplir con una sentencia de un juez de lo Civil, que le ordenaba pagar 2 mil córdobas mensuales para la manutención de sus dos menores hijos.

Finalmente, la lectura de la sentencia se produjo la tarde del martes, tras la detención de Flores, después que la judicial lo esperó pacientemente por tres horas, mientras Mejía se retorcía de hambre en la sala de audiencias.

Mujer denuncia ultraje

Antes, según la mujer de origen campesino, la jueza suplente del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa, María de los Ángeles García Roque, le enrostró por qué a la niña de seis años no la mandaba a la escuela y por qué no trabajaba ella para sacar adelante a sus hijos.

“¿Es que vos no podés trabajar para que saqués a tus hijos adelante y no estar aquí buscando cómo echar preso a este hombre?”, asegura Jarquín que le habría reprochado la jueza García Roque, quien posteriormente rechazó la denuncia.

“Esa señora --Simona Mejía-- miente, porque yo nunca le dije eso”, afirmó García Roque. La jueza, para demostrar que lo dicho por denunciante no es cierto, puso como testigo al personal que la asistió en la audiencia donde se produjo el supuesto regaño, aunque según explicó Mejía, el incidente aconteció durante el receso del mediodía.

Oswaldo Lanuza, secretario judicial que asistió a la jueza García en el juicio, confirmó que a la hora del almuerzo, en la sala de audiencias solo quedaron la judicial, una hermana del imputado, el acusado y la víctima.

Doble error

Aunque la jueza García afirmó que los testigos aportados por la parte acusadora fueron “contradictorios y mentirosos”, generándole duda sobre la culpabilidad del acusado, la judicial no siguió lo establecido en el Código Penal y la Constitución, donde establecen que en caso de haber duda sobre la culpabilidad de un acusado, la sentencia debe ser aplicada a su favor, es decir que la judicial debió haber absuelto a Arias.

Sin embargo, la jueza García lo declaró culpable del delito de omisión deliberada de prestación de alimentos a Flores Marín, pero lo dejó libre, permitiéndole irse a su casa hasta la audiencia de la sentencia condenatoria, cuando lo pertinente en este caso era ordenar su arresto inmediato, señaló la fiscal auxiliar Massiel Briceño.

Finalmente, a pesar de que la pena por omisión deliberada de prestación de alimentos va de seis meses a dos años de arresto, la jueza le aplicó seis meses de prisión al imputado, obviando los 18 que solicitó el Ministerio Público le fueran impuestos.

Polémica sigue

El caso de la señora Jarquín contra Flores, su expareja, es uno de los sencillos y clásicos ejemplos de contradicciones en que incurren algunos judiciales en la aplicación de las normas establecidas.

Así, al llegar a su primer aniversario la Ley 779, la polémica sigue en torno a su aplicación, porque mientras grupos feministas respaldan su plena vigencia, hay quienes abogan por su derogación o que se reforme.

Para la presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, diputada Irma Dávila, la Ley 779 no tiene roces con la Constitución, y ve poco probable que se reforme en la Asamblea Nacional, pero dijo que si las usuarias –mujeres-- de la ley consideran necesario hacerle cambios, en la Asamblea hay anuencia para hacerlo.

Opinión distinta tiene la legisladora liberal Lisseth Montenegro, quien es del criterio que la Ley 779 debe ser mejorada “porque no cumple con el principio de igualdad que exige la Constitución, para todos los ciudadanos”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, señaló que la mayoría de la población está de acuerdo con la Ley 779, agregando que quienes se oponen son una minoría y que lo hacen por desconocimiento.

Debora Grandison, Procuradora Especial de la Mujer, dijo que lo más difícil en el primer año de la Ley 779 ha sido la oposición de sectores de la sociedad “con cultura patriarcal” y de la iglesia de distintas denominaciones.

Falta de efectividad

Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señaló que la aplicación de la Ley 779 no ha tenido la efectividad esperada y en el primer año de puesta en práctica los femicidios no se han detenido. Hasta el momento se contabilizan 90, según el monitoreo de medios de comunicación de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Destacó que el hecho de la aprobación representó un avance en materia legal de la legislación nicaragüense frente al problema de la violencia intrafamiliar, sin embargo el “otro lado de la moneda” fue llevarla a la práctica. En su esencia la 779 tiene un carácter de prevención, más que punitivo, sin embargo la campaña de prevención estatal de concienciación y de conocimiento de la nueva medida, no se impulsó por el Estado.

“La ley entró en vigencia sin las condiciones apropiadas, sin el personal ni los fondos necesarios, lo cual tiene que ver con la voluntad política gubernamental y la falta de interés para su efectividad real”, expresó el doctor Ampié, comentando que a pesar de esto las instituciones han hecho mucho con los pocos recursos, pero eso no es suficiente.

Enelbia María Ballesteros, psicóloga del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, MEC, reconoció el aspecto positivo de la Ley 779, en alguna medida la reducción de la revictimización, pues se está aplicando el Modelo de Atención Integral, con la intervención de varias instituciones a la hora de la entrevista, eliminando la necesidad de que la persona afectada reviva el dolor de su drama, así también se están aplicando medidas cautelares y precautelares.

Igualmente, hay coordinación con las instituciones de la ruta de la justicia con organizaciones que abordan el tema de la mujer y desde las Comisarías de la Mujer y la Niñez envían a las víctimas para ser tratadas psicológicamente, o a los albergues.

“Para muchos grupos la ley es mala, hasta satánica y antihogar, pero no es así. Solo se perjudica al agresor, y el que no aplica violencia en su hogar no tiene nada qué temer. La ley implica un cambio de actitud por parte de los agresores”, dijo Ballesteros.

Señaló que lamentablemente en algunas Comisarías de la Mujer se siguen sugiriendo las mediaciones, prohibidas por la Ley 779, “pero nosotros hemos puesto en claro que una víctima no está en condiciones de mediar, pues existe una relación abusiva de poder del varón sobre la mujer. El artículo 46 debe cumplirse. El problema es que hay muchos funcionarios que no están sensibilizados ante el problema”.

Violencia contra las mujeres en 2013

90 femicidios, de junio 2012 a junio 2013

939 causas por delitos sexuales, de enero a marzo 2013

* Fuentes: Red de Mujeres contra la Violencia y Comisarías de la Mujer y la Niñez.