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Los ecuatorianos “viven en la pobreza en medio de riquezas incomparables”, se dice que señaló Alexander von Humboldt sobre sus aventuras del siglo XIX.

Recién iniciado su tercer mandato, el Presidente Rafael Correa pretende al menos liberar la riqueza subterránea de oro, plata, cobre y otros metales de Ecuador. Las políticas populistas seguidas durante sus primeros seis años en el poder molestaron a las compañías mineras y a los ecologistas por igual, pero una nueva ley minera, aprobada el 13 de junio, sugiere un rumbo más pragmático.

Una amplia reforma a la minería en 2009 abrumó a las compañías con trámites burocráticos y las sofocó con impuestos. El gobierno promovió su régimen minero como el más lucrativo para el estado en el mundo, así que los inversionistas tomaron nota y se fueron a otras partes.

Pasada la elección presidencial de febrero, sin embargo, Correa ha cambiado de dirección. La nueva ley impone un tope de 8 por ciento a las regalías previamente ilimitadas y hace más eficiente el proceso para conseguir los permisos requeridos. Las compañías no pagarán impuestos elevados hasta que hayan recuperado sus inversiones.

La campaña para atraer a inversionistas extranjeros está atrasada. En 2012, Ecuador recibió menos inversión directa extranjera por persona que cualquier otro país en Latinoamérica, según Naciones Unidas. En abril, Correa anunció que quería que Ecuador se uniera a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ya firmado por Colombia y Perú combinado con un tratado de garantía de inversiones. El gobierno también ha indicado que planea regresar al mercado de deuda internacional, cinco años después de que incumplió el pago de 3,200 millones de dólares de bonos soberanos.

Este nuevo pragmatismo molesta a algunos en el Gabinete. Izquierdistas como Fander Falconi, el ministro de Planeación, preferiría ver a Ecuador uniéndose al Mercosur, una unión aduanera de países más estatistas. A los ecologistas y los grupos indígenas les preocupa que el régimen minero más liberal conduzca a un desarrollo excesivo y a contaminación. La nueva ley prohíbe el uso del mercurio, por ejemplo, pero no del cianuro.

La ley minera debería ayudar a iniciar operaciones pequeñas y medianas, pero los grandes depósitos podrían seguir siendo elusivos. Kinross de Canadá, una de las mayores compañías extractoras de oro del mundo, abandonó las negociaciones con el gobierno el 10 de junio, prefiriendo cancelar 720 millones de dólares en inversión anterior.

“Se van porque las utilidades que esperan no son suficientes para sus accionistas”, dijo Pedro Merizalde, el recién designado ministro para Recursos Naturales.

A menos que Correa pueda convencer a los inversionistas de que su nuevo pragmatismo es genuino, parte de la riqueza mineral de Ecuador permanecerá atrapada bajo tierra.

Concesiones más pragmáticas

Las políticas populistas seguidas durante sus primeros seis años en el poder molestaron a las compañías mineras y a los ecologistas por igual, pero una nueva ley minera, aprobada el 13 de junio, sugiere un rumbo más pragmático.