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  • The Economist

La oleada de manifestaciones callejeras que se extendió en Brasil a principios de junio, tras lo que había comenzado como una pequeña protesta sobre las tarifas de autobús de Sao Paulo, parece haber menguado. La marca más alta de las aguas se alcanzó el 20 de junio, cuando más de un millón de personas se lanzaron a protestar contra los malos servicios públicos, la corrupción, el costo de la vida, el gasto extravagante en la Copa Mundial y muchas cosas más. Manifestaciones más pequeñas continúan , y la policía usó gas lacrimógeno contra 50,000 personas que protestaban afuera de un estadio de fútbol el 26 de junio, pero ahora la atención se enfoca más en la respuesta de los políticos ante el enorme y repentino torrente de frustración pública.

Después de reunirse con los líderes de las protestas, alcaldes municipales y gobernadores estatales, la Presidenta Dilma Rousseff ofreció un “pacto nacional”. Sus cinco puntos fueron una asamblea constituyente para considerar la reforma política, hacer de la corrupción un delito grave en vez de menor, una promesa de invertir 23,000 millones de dólares en transporte municipal, más gasto en salud y educación y, contradiciendo eso un poco, una reiteración de la importancia de la responsabilidad fiscal.

Aunque algunos de sus detalles fueron razonables, el plan de Rousseff se vio apresurado y parece poco probable que ofrezca una calma duradera. Su pieza central, la propuesta para una asamblea constituyente, era inconstitucional, y al parecer fue lanzada sin consulta previa; ni siquiera con el vicepresidente Michel Temer, que es un abogado constitucionalista. Fue retirada rápidamente. En su lugar, funcionarios estaban hablando de celebrar un referendo en agosto sobre propuestas para una reforma política, las cuales el Congreso luego promulgaría.

La reforma de la política ha sido discutida por años y se necesita urgentemente, pero los alrededor de 30 partidos políticos de Brasil, pocos de los cuales tienen alguna ideología más allá de la búsqueda del patrocinio y el amiguismo, tienen pocas ganas de cambiar. El Partido de los Trabajadores de Rousseff quiere un financiamiento público de las campañas y una lista cerrada de candidatos elegidos por los líderes partidistas. Otros quieren cambiar a un sistema de circunscripciones electorales. Uno de los cambios más importantes sería abolir la representación excesiva de los estados pequeños, pero no es probable que el Partido de los Trabajadores ni sus aliados de sitios remotos favorezcan eso.

"No hay solución fácil"

Rousseff prometió incentivos para que los médicos se trasladen a áreas pobres y prometió ampliar un programa que cancela las deudas fiscales de los hospitales que atienden a más pacientes. Prometió incrementar el número de graduados de medicina y, mientras tanto, importar a médicos extranjeros para satisfacer la demanda. Algunas de sus otras protestas son nuevas versiones y llevará tiempo ponerlas en práctica.

“El hecho es que no hay solución fácil”, dice Christopher Garman del Eurasia Group, una firma de análisis de riesgo. “Este es un proceso de años y décadas”.

Lamentablemente, la presidenta no muestra signos de reducir lo inflado del gobierno, lo cual le permitiría pagar mejores servicios.

Percibiendo la ira del público, líderes del Congreso prometieron no entrar en receso hasta que los planes de Rousseff hayan sido discutidos. El 25 de junio, el Congreso votó abrumadoramente para rechazar una enmienda constitucional que habría limitado los poderes de los fiscales para investigar a los políticos, lo cual había sido un motivo de la indignación de los manifestantes. También aprobó un proyecto de ley, el cual había rechazado apenas un año antes, para dedicar tres cuartas partes de las regalías de nuevos campos petroleros a la educación y la cuarta parte restante a la atención médica.

Ira se enfocó en la Copa

Rousseff expresó simpatía por los manifestantes, pero denunció la violencia sin motivo de una minoría que empañó algunas de las manifestaciones, en gran medida pacíficas. Nueve personas murieron durante una operación policial en una favela de Río de Janeiro después de una marcha de protesta el 24 de junio.

Mucha de la ira se enfocó en la Copa Confederaciones, un torneo de calentamiento para la Copa Mundial de Fútbol del año próximo. La Copa Mundial costará a Brasil 28,100 millones de reales, según el gobierno. La factura sólo de los estadios, originalmente estimada en 1,100 millones de dólares, ya ha superado los 3,000 millones de dólares. Rousseff afirman que los préstamos en que ha incurrido el gobierno para los estadios se pagarán totalmente y no provienen del presupuesto común. Más bien, dice, son créditos subsidiados del Banco Nacional de Desarrollo a las compañías constructoras; las cuales resultan ser grandes financistas de los partidos políticos.

Los brasileños, que adoran el fútbol, no están en contra de la Copa, sino enojados porque el prometido “legado” de la competencia está en duda. Los aeropuertos siguen inmersos en el siglo pasado, y al menos cinco de las 12 ciudades anfitrionas han admitido que no construirán los prometidos carriles para autobuses, trenes subterráneos y monorrieles antes de la patada inicial.

“Reduzcan las tarifas de autobuses y envíen la factura a la FIFA”, decía uno de muchos letreros que hacían referencia al organismo que rige al fútbol mundial. Corinthians, un equipo de Sao Paulo, culpó a la FIFA por duplicar el costo de su nuevo estadio con sus demandas extravagantes.

Sigue sin estar claro quién se beneficiará con la agitación. Cuando Datafolha, una encuestadora, pidió a los manifestantes en Sao Paulo que mencionaran a su candidato presidencial preferido, favorecieron a dos personas fuera de la corriente política principal: Joaquim Barbosa, un juez de la Suprema Corte que hace campaña contra la corrupción, encabezó el sondeo con 30 por ciento, y Marina Silva, una ex candidata presidencial verde, quedó en segundo con 22 por ciento. Sin embargo, Barbosa no ha mostrado indicios de querer postularse para la elección del año próximo y Silva, que obtuvo 19 por ciento de los votos en 2010, está pasando apuros para reunir a un partido político antipartidista coherente.

Una persona a la que hay que observar, de nuevo, es Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente de Brasil de 2003 a 2010 y mentor de Rousseff. Él ha dicho que se postularía de nuevo si los votantes pidieran su regreso, lo cual pudiera suceder si Rousseff no puede sofocar la agitación.

Lula se ha mantenido poco característicamente silencioso hasta ahora, aun cuando ayudó a su protegida detrás de bastidores. Se deleitaría con el papel de salvador nacional, pero muchos de los motivos de los manifestantes son problemas que, como presidente, él hizo poco por resolver.

 

Observando a Lula Da Silva

Una persona a la que hay que observar, de nuevo, es Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente de 2003 a 2010 y mentor de Rousseff. Dijo que se postularía si pidieran su regreso, lo cual pudiera suceder si Rousseff no puede sofocar la agitación.