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Desde que se convirtió en presidenta de Argentina en 2007, Cristina Fernández de Kirchner ha asumido el control de los fondos de pensiones del país, su principal aerolínea y su mayor compañía petrolera. Recientemente, consiguió la aprobación del Congreso para leyes que dan al poder ejecutivo control de facto sobre el sistema judicial.

Hay un objetivo que la ha eludido, sin embargo: desmantelar al Grupo Clarín, un gran conglomerado de medios que se ha convertido en su pesadilla.

En 2009, el Congreso aprobó una polémica ley de medios que obligaría a la compañía a liquidar la mayoría de sus activos. Clarín consiguió un amparo, deteniendo la aplicación de la ley por tres años, mientras buscaba la anulación judicial de cuatro cláusulas que afirma son inconstitucionales.

En diciembre, un tribunal federal falló en contra de Clarín, pero en abril un tribunal de apelaciones desechó de manera anónima esa decisión y dictaminó que la ley de medios era arbitraria y desproporcionada. El gobierno dijo que apelaría a la Suprema Corte.

Gobierno arremete

El gobierno afirma que Clarín disfruta de un poder monopólico. Sin embargo, los críticos de Fernández dicen que ella quiere silenciar las críticas al gobierno. Un sondeo reciente en un canal de televisión de Grupo Clarín que implicaba al difunto esposo y predecesor de Fernández, Néstor Kirchner, en un plan de lavado de dinero parece haber intensificado la ira de la mandataria.

Bloqueado en los tribunales, el gobierno ha recurrido a otras armas. El 9 de mayo, el partido de Fernández propuso un proyecto de ley para ampliar la participación del gobierno en Papel Prensa, el único fabricante de papel periódico del país, de 28 a 52 por ciento, confiscando el control de otros dos grandes accionistas, Clarín y La Nación.

Como Argentina sufre de controles de importación y cambiarios, obtener una fuente alternativa de papel periódico sería difícil. La mayoría de Fernández en el Congreso hace probable la aprobación del anteproyecto de ley.

Una prohibición gubernamental sobre la publicidad de los supermercados en la prensa perjudica especialmente a Clarín, el diario del grupo, y La Nación, otro diario independiente.

En noviembre, el gobierno cambió la ley de mercados de capital para dar al regulador controlado por el estado, la Comisión Nacional de Valores, el poder para intervenir en compañías enlistadas en el mercado accionario si los intereses de los accionistas minoritarios son descuidados.

Ricardo Kirshbaum, editor de Clarín, dice que teme que esta ley pronto sea usada para asumir el control de la compañía.

Militares fracasaron

Convenientemente, el gobierno heredó una participación del 9 por ciento en Grupo Clarín cuando nacionalizó el sistema de pensiones. El mes pasado, cuatro representantes del gobierno se aparecieron en la reunión anual de accionistas. Al entrar al auditorio, Guillermo Moreno, el secretario de Comercio que es el ejecutor económico de Fernández, dijo audiblemente a otro funcionario: “Mira todo lo que vamos a tener”.

Clarín dice que recientemente ha recibido 13 indagatorias “extrañas” de la comisión de valores. El 15 de mayo, el ministro del Interior negó que el gobierno pretendiera intervenir en el periódico, llamando a los rumores “una gran mentira”.

“Para ellos esto es la guerra”, dice Celia Szusterman, una científica política argentina basada en Londres. “Cuando una estrategia no funciona, uno se adapta. Destruye a sus enemigos de cualquier manera posible”.

El último esfuerzo concertado para silenciar a los medios de Argentina fue hecho por la brutal dictadura militar del país entre 1976 y 1983. Sus armas eran más burdas. Aun así, ese no es el tipo de compañía que a Fernández normalmente le gusta tener.

Socios incómodos

Convenientemente, el Gobierno heredó una participación del 9 por ciento en Grupo Clarín cuando nacionalizó el sistema de pensiones.