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Quienes ven la reforma legal en China como un vaso medio lleno señalan alentadores signos de progreso, incluso en algunos de los elementos más severos y más fácilmente quebrantados del código criminal de la nación. Las enmiendas adoptadas el año pasado buscan evitar la coerción de confesiones falsas, y expertos legales – y, de manera más intrigante, funcionarios judiciales – ahora discuten abiertamente la necesidad de reducir las sentencias arbitrarias. Mientras tanto, la aplicación de la pena de muerte ha declinado drásticamente durante la última década, con una disminución en las ejecuciones de aproximadamente 12,000 en 2002 a 3,000 el año pasado.

Sistema severo

Cuando se trata de agitadores políticos, sin embargo, el sistema legal de China es tan severo como siempre. En los últimos días se ha visto una serie de incidentes que involucran el hostigamiento y detención de activistas de derechos humanos y defensores del régimen de derecho. El 16 de julio, Xu Zhiyong, un célebre profesor de derecho que había sido mantenido bajo arresto domiciliario desde abril, fue detenido formalmente, según se informa, bajo cargos de “reunir a una multitud para alterar el orden en un lugar público”.

Xu ha tenido anteriores roces con las autoridades, aunque ha trabajado exitosamente dentro del sistema cuando demanda que los funcionarios sigan la ley más cuidadosamente y que se mejoren los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Su propio abogado, Liu Weiguo, también fue puesto bajo custodia mientras trataba de visitar a su cliente. Quizá la principal infracción de Xu sea haber argumentado a favor de una mayor revelación de los activos personales de los funcionarios. Que esto haga eco de la propia retórica reciente del gobierno no ha sido suficiente para mantenerlo a salvo.

Las medidas enérgicas, que se extendieron al cierre de otro grupo de Pekín que defiende el régimen de derecho, provocaron críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el extranjero, un llamado del gobierno estadounidense para la liberación de Xu y una carta abierta firmada por cientos de académicos, periodistas y empresarios chinos. Más allá de pedir la liberación de Xu y el levantamiento de prohibiciones sobre la discusión en Internet y los medios de su caso, la carta dice que el gobierno debe “usar el caso de Xu Zhiyong como un espejo” para reflexionar profundamente en sus políticas y “crear un ambiente tolerante y favorable para el desarrollo sano de la sociedad civil”.

Estos acontecimientos ocurren incluso mientras el gobierno continúa con su retórica sobre la importancia de la reforma legal. Impulsados por una serie de casos ampliamente publicitados en los cuales se encontró de manera concluyente que las sentencias criminales fueron un error, los funcionarios se han vuelto cada vez más abiertos en cuanto al problema de las sentencias arbitrarias.

Confesiones a fuerza

Gran parte de la discusión se centra en las confesiones criminales obtenidas por la fuerza por la policía, ya sea a través de la tortura y el abuso o a través de su autoridad ilimitada para presionar a los sospechosos. Marca una desviación de la práctica anterior, cuando se sostenía que la policía y el sistema legal eran infalibles.

En mayo, Shen Deyong, un destacado funcionario del Tribunal Popular Supremo, instó a los cuadros legales a “estar alertas” ante el problema. Muchos, se quejó, “siguen influenciados por la presunción de la culpabilidad de un sospechoso”.

Según Ira Belkin, quien dirige el Instituto Legal Estados Unidos-Asia en la Universidad de Nueva York, la aparente contracción entre las medidas más severas contra los activistas y las genuinas acciones hacia la reforma es, de hecho, “extrañamente congruente”.

La clave

La clave, dice, es la atención del Partido Comunista en la estabilidad social; no solo el riesgo de intranquilidad social, sino de cualquier desafío a su autoridad. La estabilidad depende de la confianza pública en el sistema legal, que probablemente mejorará cuando acaben las sentencias arbitrarias. Al mismo tiempo, dice Belkin, cuando las autoridades identifican a las personas como provocadoras de problemas, “no muestran misericordia para disuadirlas a ellas y a otros”.

Sin embargo, el propio Belkin cree que la mayor tolerancia a los críticos pacíficos del gobierno contribuiría más a la estabilidad social que el enfoque intransigente común hacia los disidentes establecido por el Presidente Mao Zedong en los años 50 y 60.

Por ahora, al menos, el gobierno parece poco dispuesto a poner a prueba esa idea.